El Acta de Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional, conocido coloquialmente como el Decreto Carmona o "el Carmonazo", fue un documento redactado el 12 de abril de 2002, el día después del intento de golpe de Estado en Venezuela de 2002, que tuvo intenciones de derrocar al presidente venezolano Hugo Chávez.
Esta normativa estableció un gobierno de transición, la disolución de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo y también la suspensión de la fiscal general, contralor general, los gobernadores y alcaldes electos en el gobierno de Chávez.
Según los promotores del golpe [cita requerida] la base para la formación de un gobierno de transición está delineada, según ellos en la Constitución de Venezuela. El acta menciona principalmente el artículo 350 de la Constitución, que dice que el pueblo de Venezuela desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores democráticos, los principios y las garantías o menoscabe los derechos humanos. Sin embargo el Tribunal Supremo aclaró que este artículo se refiere específicamente a situaciones de golpes de estado.[cita requerida]
También alega supuestas violaciones por el gobierno de Chávez de los artículos 43, 57, 58, 68, 136, 141, 145, 204, 211, 254, 270, 273, 279, 294, 295 y 328 de la Constitución, y hace referencia a la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos y la renuncia de Chávez el día anterior.
Entre las violaciones cometidas por el gobierno de Chávez se mencionan:
Por otro lado el decreto en su último artículo enuncia: "Artículo 10°: Se mantiene en plena vigencia el ordenamiento jurídico en cuanto no colida con el presente decreto ni con las disposiciones generales que dicte el nuevo gobierno de transición democrática", lo que significaba que las disposiciones de ese gobierno de facto tenían carácter supra-legal, evidenciando la conformación de una dictadura de carácter plutocrático, debido al componente social que aprobó el decreto.[cita requerida]
El decreto fue el catalizador que permitió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana justificar el abandono del recién formado gobierno, volviendo a Chávez al poder el 13 de abril.
Después de que Chávez fue reinstalado como presidente, la controversia con respecto a los que firmaron el Acta permaneció. "Señoras y señores, a los fines de seguir adelante con este movimiento de toda la sociedad democrática nacional, a la salida de este recinto se les convoca a firmar el decreto que se acaba de leer como adhesión a este proceso."
Según El Nacional, hubo casi 400 firmas, entre ellas la firma de María Corina Machado, cofundadora de Súmate; ella niega firmar el decreto mismo, sino más bien un rollo firma.[cita requerida] Otro firmante notable es el exgobernador de Zulia y excandidato presidencial, Manuel Rosales, quien dice que su participación fue un error honesto en lugar de un golpe de Estado pre-planeado como el de Chávez.
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