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Agencia de defensa privada



Una agencia privada de defensa, del inglés private defense agency o PDA, está conceptualizada como una agencia que proporciona servicios de defensa voluntariamente a través del mercado libre. Dentro de un sistema privado estaría encargada de resolver las controversias contractuales y daños y perjuicios extracontractuales, así como del asalto, el robo o la contaminación a personas y sus propiedades. Una agencia privada de defensa no es un contratista privado del Estado y no está subvencionado de manera alguna a través de tributos. Además, no dependen de la conscripción y otros medios de apoyo intrusivo u obligatorio.

Las propuestas de agencias privadas de defensa y organismos similares han sido realizadas por el anarcocapitalismo. Dentro de la economía, el debate sobre el concepto ha sido en gran parte limitado a la escuela austríaca.

Estas agencias trabajan en concierto con otros organismos, como compañías de seguros y agencias de arbitraje, y tendrán un conjunto diferente de motivos que los convencionales organismos de defensa estatal, como un servicio privado en libre competencia e integrado a todo un sistema privado y voluntario de justicia y seguridad (véase: ley policéntrica). Su supervivencia depende de la calidad del servicio que conduzca a una amplia base de clientes, en vez de la capacidad para obtener fondos a través de la fuerza de la ley. Se presupone que la libre competencia entre agencias reducirá los costos del servicio.

Estas agencias de defensa son particulares o privadas ya que son propiedad de quienes voluntariamente las crean y están al servicio de quienes voluntariamente las solicitan; sus fines pueden ser netamente la defensa mutua o pueden tener finalidad explícita de lucro; no tienen como finalidad la agresión sino tan solo fines defensivos, por lo que no son compañías de ejércitos (como sí ocurre con contratistas privados del Estado), ya que al no ser necesario el Estado, queda abolida una de sus principales funciones que es la guerra.

Los anarquistas ven el Estado como ilegítimo y, por tanto, consideran la posibilidad de defensa como algo que las personas deben tener la capacidad de proporcionar o decidir por sí mismas. Es decir la producción de seguridad es una atribución que monopólica y abusivamente se ha dado a sí mismo el Estado, a través del concepto de seguridad nacional.

Como una empresa privada que ofrece individualmente determinada defensa, la agencia de defensa ofrece un modelo anarquista de mercado de cómo una defensa totalmente privada podría aplicarse en la práctica; sus primeros proponentes fueron los anarquistas Benjamin Tucker[1]​ y Gustave de Molinari.[2]Murray Rothbard en "Por una nueva libertad" y David Friedman en la "Maquinaria de la libertad" amplían sustancialmente la idea.

De todas formas, muchos anarquistas creen que tales agencias no son necesarias para la defensa privada -o son menos necesarias-, en una sociedad sin Estado, ya que la escala de defensa es proporcional a un mercado libre, cuanto más libre este, menor es la escala de aquel. Dado que el mayor número de propietarios hace la rendición más costosa para un agresor, ya que las personas y el cuidado de su propia empresa suponen poca amenaza a las regiones vecinas, la vulnerabilidad a los ataques se considera menos probable.

La defensa nacional es la función de la que los estatistas están habitualmente menos dispuestos a ceder, por lo que el establecimiento de agencias privadas voluntarias como sustitutos del Estado o de otros mecanismos regionales de defensa reúne una fuerte resistencia. Los anarquistas de mercado consideran la privatización (voluntaria y sin participación del Estado) y la descentralización de la defensa (así como de la ley) como un elemento fundamental para el establecimiento de sociedades apátridas, ya que esencialmente eliminaría la credibilidad del Estado y, por tanto, el apoyo popular al mismo.



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