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Cabinet noir



El cabinet noir (francés para "cámara negra") fue el término utilizado en Francia a la oficina del servicio de inteligencia, encargada de la censura postal y de la criptografía. En ella, las cartas de personas sospechosas eran abiertas y leídas por funcionarios públicos antes de ser reenviadas a su destino; sin embargo, esta maniobra debía ser realizada de manera sofisticada, dado que no era deseable que quienes fueran objeto de esta práctica lo supieran y "que la cámara negra no interrumpiera el buen funcionamiento del servicio postal."[1]​ Esta práctica estuvo en boga desde la fundación de los servicio postales y fue usada frecuentemente por los ministros de Luis XIII y Luis XIV; pero no fue hasta el reinado de Luis XV cuando se creó una oficina separada para este propósito. Esta oficina fue llamada cabinet du secret des postes o popularmente cabinet noir. Durante la Revolución Francesa fue criticada, pero fue usada tanto por los líderes revolucionarios como por Napoleón Bonaparte.

También fue empleada en las Provincias Unidas de los Países Bajos.[2]

La censura postal se hizo común durante la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, los gobiernos sostenían que el estado de guerra total requería tal censura para preservar la moral de la población civil de noticias dolorosas procedentes del frente de batalla. Cualquiera haya sido la justificación, significó que ninguna carta enviada de un soldado a su familia escapaba de ser leída previamente por un oficial del gobierno, destruyendo cualquier noción de privacidad o de secreto de la correspondencia. Durante el período de entreguerras se mantuvo esta censura, pero no a una escala tan masiva.

La apertura de correo internacional de salida o de entrada a los Estados Unidos por los agentes de aduana estadounidenses,[3]​ realizada bajo el marco de la Ley de Comercio de 2002, tiene lugar bajo la excepción de búsqueda en las fronteras de la Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.[4]​ Se ha criticado esta práctica (incluyendo argumentos que aumentan los gastos de funcionamiento del servicio postal y, por tanto, tiene un impacto en las tasas postales);[5]​ sin embargo, esta crítica puede ser matizada por el hecho de que la ley prohíbe a los agentes buscar contrabando al leer correo que incidentalmente lo contengan en un paquete o sobre. Tampoco está permitido dejar que otras personas lean la correspondencia.[3]​ La Ley de Autorización de Inteligencia de 2004 también ha sido calificada como inconstitucional al permitir la apertura de correo doméstico.[3]



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