La Colonia Penal de Tarrafal, también llamado Campo de Tarrafal o Campo de Concentración de Tarrafal, fue un campo de concentración de prisioneros políticos situado en la aldea de Chão Bom en el término municipal de Tarrafal, en la Isla de Santiago (Cabo Verde). El campo de prisioneros fue establecido por el gobierno portugués del Estado Novo acorde al Decreto-Ley n.º 26 539, de 23 de abril de 1936.
El 18 de octubre de 1936 partieron de Lisboa los primeros 152 detenidos, entre los cuales se encontraban los participantes en la Gran Marina (37) del 18 de enero de 1934 y los marineros que tuvieron participación en la Revuelta de los Marineros ocurrida a bordo de navíos de guerra en el río Tajo el 8 de septiembre de 1936. La colonia penitenciaria comenzó a funcionar el 29 de octubre de 1936, con la llegada de los primeros prisioneros.
El Estado Novo, bajo la excusa de la reorganización de los establecimientos penitenciarios, al crear este campo pretende conseguir dos objetivos vinculados: llevar fuera de la metrópoli a los presos más problemáticos, y por medio de este centro de prisión, enviar un mensaje de represión, de que ésta sería llevada al extremo.
Esta visión se encuentra claramente definida en los primeros párrafos del Decreto-Ley n.º 26 539, al afirmar que se establece para presos políticos y sociales, sobre los cuales recaerá el destierro, a aquellos que internados en otros establecimientos penitenciarios se mostrasen reacios a la disciplina y también a aquellos considerados reclusos perniciosos. Esta ley también era de aplicación a los condenados a prisión mayor por crímenes perpetrados con fines políticos, a los presos preventivos y también a los condenados por delito de rebelión.
Fallecieron 32 prisioneros políticos en Tarrafal; sus cuerpos solo pudieron volver a Portugal después de la Revolución del 25 de Abril:
El Decreto Ley N ° 40675, de 7 de julio de 1956, creó la Colonia Penal de Bié (Angola) y extinguió la Colonia Penal de Cabo Verde (Tarrafal).
Sin embargo, mediante el Decreto Ley N ° 39997, de 29 de diciembre de 1954, firmado por el Ministro de Ultramar Sarmento Rodrigues, la reorganización de los servicios penitenciarios aprobada por el Decreto Ley N ° 26643, de 28 de mayo de 1936.
El Decreto No. 43600, del 14 de abril de 1961, firmado por el Ministro de Ultramar Vasco Lopes Alves, implementó el Decreto Ley No. 39997, del 29 de diciembre de 1954:
«As penas maiores e as medidas de segurança serão cumpridas nos estabelecimentos especialmente construídos para tal efeito, em conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 26643.» Las principales sanciones y medidas de seguridad se llevarán a cabo en establecimientos especialmente construidos para este fin, de conformidad con las disposiciones de Decreto Ley N° 26643.
«Os estabelecimentos prisionais privativos dos indígeneas destinam-se à detenção e ao cumprimento da pena de trabalhos púlicos ou de trabalho correcional.» Los establecimientos penitenciarios privados de los indios están destinados detención y cumplir sentencias por obras públicas o trabajo correccional.
En junio de 1961, el establecimiento de la prisión en la isla de Santo Antão no fue construido.
Mediante la Ordenanza núm. 18539, de 17 de junio de 1961, firmada por el Ministro de Ultramar Adriano Moreira en virtud de los artículos 4 y 5 del Decreto Nº 43600, de 14 de abril de 1961, se estableció un campo de trabajo en Chão Bom (Ilha de Santiago, Cabo Verde) que es, según las disposiciones del capítulo II del Decreto Ley N° 39997, del 29 de diciembre de 1954, una colonia penal. Curiosamente, la ordenanza no menciona dónde se encuentra Chão Bom.
El campo de trabajo Chão Bom se puso en funcionamiento donde el Campo do Tarrafal había trabajado anteriormente y estaba destinado a recibir prisioneros de las colonias portuguesas.
El Museo de la Resistencia se integra en el proyecto para preservar y musealizar el antiguo campo de concentración de Tarrafal, con el objetivo a largo plazo de la declaración como Patrimonio de la Humanidad. El Museo de la Resistencia se inauguró en 2000 como una forma de dar dignidad al espacio y los recuerdos de las víctimas. La responsabilidad de su gestión y conservación ha sido asignada al Instituto de Investigación del Patrimonio Cultural (IIPC).
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