La Casa de Su Majestad el Rey es el organismo español que, bajo la dependencia directa del rey, «tiene como misión servirle de apoyo en cuantas actividades se deriven de sus funciones como jefe de Estado». También atiende a la organización y funcionamiento del régimen interior de la residencia privada de la familia real española en el Palacio de la Zarzuela.
La Casa de Su Majestad el Rey tiene su antecedente histórico en la Real Casa y Patrimonio de la Corona de España, que estuvo vigente hasta la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931.
En virtud del Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey, y de las Órdenes del Jefe de la Casa de 17 de abril de 1996 y de 21 de diciembre de 2006 dictadas al amparo del artículo 14 del citado Real Decreto, la estructura actual de la misma es la siguiente:
Según el artículo 65.2 de la Constitución Española: «El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa».
Los Presupuestos Generales del Estado contemplan una partida específica para hacer frente a los gastos de la Casa de S.M. el Rey, ya que según lo expuesto en el artículo 65.1 de la Constitución:
De esta forma el presupuesto no necesita ser justificado y, por disposición constitucional, es de libre disposición del monarca, quien también nombrará al personal militar y civil a su cargo.
En septiembre de 2007 el rey Juan Carlos nombró un interventor para que se encargara de la gestión económica de la Casa del Rey.
El 28 de diciembre de 2011 se dio a conocer por primera vez desde la aprobación de la Constitución de 1978 el presupuesto detallado de la Casa del Rey. En aquel ejercicio, el importe ascendió a 8.434.280 euros, un 5,20% menos que lo presupuestado para 2010. En 1979 el presupuesto de la Casa sumaba 155 millones de pesetas, de los cuales el rey tenía asignados 10 millones como sueldo.
La cantidad global asignada para los siguientes ejercicios fue disminuyendo: 8.264.268 euros (2012), 7.933.710 euros (2013) y 7.775.040 euros (2014).
En 2013 la Casa del Rey solicitó al Gobierno su inclusión en la ley que se estaba tramitando con el objetivo de mejorar la transparencia de las instituciones y el acceso a la información, convirtiéndose así en la primera casa real europea obligada por ley a detallar sus gastos. En cumplimiento de lo dictado por esta norma, la Casa del Rey publicó a finales de 2014 todos los contratos y convenios vigentes entonces.
El 18 de septiembre de 2014 la Casa del Rey firmó un convenio con la Administración General del Estado por el que el organismo acordó de forma voluntaria que sus cuentas anuales fueran auditadas por la Intervención General de la Administración del Estado, control que se sumó a la figura del interventor creada en 2007.
En 2015 el presupuesto asignado a la Casa del Rey mantuvo la misma cantidad que se le había asignado para el ejercicio anterior (7.775.040 euros). Ese año fue el primero con Felipe VI como rey, quien bajó su sueldo un 20% (de los 292.752 euros brutos que cobraba Juan Carlos I a 234.204 euros).
Sin embargo, en la cantidad asignada a la Casa del Rey, el Presupuesto General del Estado no incluye las partidas procedentes de los ministerios de Defensa (que corre con los gastos de la Guardia Real), Interior (que se ocupa de la seguridad), Exteriores (que paga los viajes oficiales), Hacienda (que sufraga los gastos del Parque Móvil del Estado), Presidencia (que paga los funcionarios del palacio de la Zarzuela), y del Patrimonio Nacional (el gasto relacionado con el cuidado y mantenimiento de los bienes de titularidad del Estado español a disposición del Rey de España y el resto de la Familia Real, para su uso como residencia o para actos de Estado y ceremonias oficiales). La cantidad total de las partidas no es conocido, aunque el diario Público estimó en 59,28 millones de euros las partidas presupuestarias de la Casa del Rey asignadas a otros ministerios en 2011 (sin incluir los gastos relacionados con la seguridad y los vehículos, asumidos por los ministerios del Interior, Defensa y Hacienda). Sin embargo, para calcular dicha cifra, el periódico incluyó la totalidad del presupuesto destinado al mantenimiento y rehabilitación de los edificios y jardines administrados por Patrimonio Nacional, que abarcan un gran número de palacios, conventos, iglesias y monasterios sin uso por parte de la familia real.
El presupuesto de la jefatura de Estado del Reino Unido fue de unos 45 millones de euros (38,2 millones de libras esterlinas) en 2010, incluyendo gastos de policía, seguridad y fuerzas armadas, de transporte y de mantenimiento de las propiedades reales. En Francia, el presupuesto de la jefatura del Estado era de 112 millones en 2010 (1,72 euros por persona), aunque esa cantidad agrupaba todas las partidas que antes estaban repartidas por distintos ministerios (Exteriores, Interior, Defensa y Presidencia) y su presidente desarrolla también funciones ejecutivas que no desempeña el jefe de Estado español. Según el periódico ABC, en 2010 el mantenimiento de la jefatura del Estado suponía 3,8 euros por persona en Italia, 1,64 euros a los portugueses, 0,52 euros a los ciudadanos griegos y 0,35 euros a los alemanes; mientras que a los españoles les costaba 0,19 euros por persona, si solo se tenía en cuenta la asignación, que en aquel año ascendió a 8,896 millones de euros.
Según publicó el periódico El País, en 2015 la jefatura del Estado de los Países Bajos contaba con un presupuesto de 38 millones de euros, de los cuales el rey recibía 825.000 euros como salario y 4,4 millones para personal y gastos de material. En Bélgica el presupuesto alcanzaba los 11,5 millones de euros, sin incluir seguridad y desplazamientos. En ese país, además, la asignación de la familia real no tributa. En Dinamarca la jefatura del Estado disponía de un presupuesto de 13,2 millones de euros con un límite de gasto para los reyes de 1,34 millones. En Noruega los reyes tenían una asignación de 24 millones de euros y los príncipes alrededor de un millón libres de impuestos para gastos oficiales y privados y mantenimiento de sus propiedades, recibiendo una cantidad aparte para gastos de personal. En Estados Unidos el presidente cobraba un salario de 400.000 dólares (322.121 euros) más dietas, en Francia el jefe del estado recibía 178.000 euros brutos, en Alemania el presidente percibía (en 2013) un total de 292.000 euros y en Italia el presidente recibía 239.000 euros brutos.
La Familia Real ha sido criticada por acudir a la medicina privada y no a la Sanidad pública.
Sobre los presupuestos, la cuantía de los gastos que origina la Casa de S.M. el Rey ha sido criticada desde distintos sectores de la izquierda, habiéndose denunciado su presunta opacidad y elevado importe, en parte porque desde 1979 hasta 2011 no se publicaron los presupuestos de forma oficial.
En 2007, Esquerra Republicana de Catalunya presentó 100 preguntas relacionadas con la Casa Real, que fueron rechazadas por el Congreso. Después de hacerse público el Caso Nóos en noviembre de 2011, donde el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, es acusado por corrupción política, y después de que la Casa Real publicara por primera vez sus presupuestos en diciembre de 2011, en enero de 2012 Esquerra Republicana de Catalunya volvió a presentar 100 preguntas al Congreso, donde está vez fueron aceptadas 64 y se vetaron 36.
A pesar de comenzar a publicarse los presupuestos a partir de 2011, se ha criticado que no se incluyen los gastos de seguridad, de los viajes al exterior, del parque móvil y de personal funcionario, entre otros.Con todo, la Casa del Rey solicitó al gobierno ser incluida en la ley de transparencia «con la mayor apertura posible y sin ninguna restricción»; en dicha ley tiene un estatus equivalente al resto de instituciones del Estado, como el Congreso, el Senado, el Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo.
Correspondiéndole las funciones citadas anteriormente, este cargo tiene su antecedente histórico en el de mayordomo mayor del rey de España (desaparecido en 1931) y tiene rango de ministro.
El 24 de junio de 2014 esta secretaría desaparece al acceder al trono el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón.
Este cargo, creado con ocasión de la abdicación del Rey Juan Carlos I, desaparece tras el anuncio de su decisión de retirarse de la vida pública.
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