Caso Quemados nació en Chile.
Se conoce como Caso Quemados al crimen ocurrido el día 2 de julio de 1986 en Santiago, cuyo contexto fue la lucha callejera contra la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile.
Un grupo de militares comandado por el oficial Pedro Fernández Dittus, que patrullaba las calles durante una jornada de protesta Nacional, interceptó, golpeó, roció de combustible y quemó a dos jóvenes: Carmen Gloria Quintana y el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri. Este último trabajaba para una agencia internacional y seguía al grupo para registrarlo. Tras la agresión, las víctimas fueron acarreadas y abandonadas en un sitio eriazo de la comuna de Quilicura, periferia de la ciudad. Rojas posteriormente fallecería. Por la crueldad y absurdas sentencias judiciales asociadas, el hecho activó protestas contra la dictadura militar a nivel nacional e internacional (principalmente en Estados Unidos, lugar de residencia de Rojas).
La oposición a Pinochet tenía gran esperanza de que 1986 sería "El año de la victoria" y programó una serie de jornadas de protesta que debían coronarse con un gran paro nacional los días 2 y 3 de julio. En casi toda población los grupos políticos opositores se prepararon. La respuesta del gobierno fue enviar militares a patrullar las calles para mantener el control [cita requerida].
En el barrio de Los Nogales, comuna de Estación Central de Santiago, un pequeño grupo de personas se encontraba montando barricadas en un sector estratégico, durante la mañana del día 2 de julio. El fotógrafo Rojas de Negri, quien prestaba servicios para una agencia internacional que cubría la noticia del paro, acompañó al grupo. La brigada portaba 5 neumáticos usados y un bidón de gasolina. A las 8 de la mañana fueron interceptados en la esquina de Avenida General Velásquez con calle Germán Yungue por una patrulla militar comandada por el teniente Pedro Fernández Dittus e integrada por 3 civiles, 5 suboficiales y 17 soldados. La mayoría de los jóvenes lograron escapar, excepto Quintana y Rojas de Negri[cita requerida].
Los militares rociaron a los detenidos con gasolina y les prendieron fuego. Estando ambos jóvenes en llamas e inconscientes, fueron envueltos con mantas por miembros de la patrulla, y cargados en un vehículo militar hasta un camino aislado, distante unos 20 kilómetros de la capital. Una vez allí los arrojaron a una zanja de regadío, asumiendo que morirían. Más tarde fueron hallados por trabajadores agrícolas y llevados a la Posta Central, para su atención.
Rojas de Negri falleció cuatro días más tarde debido a la gravedad de sus heridas. Quintana en cambio fue trasladada al Hospital del Trabajador el 6 de julio. Pese a las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió en un 62% de su cuerpo, con muchos dientes rotos (transitando entre vida y muerte durante semanas), finalmente sobrevivió. A continuación fue sometida a un largo tratamiento médico en Chile y Canadá, pero aun conserva un rostro parcialmente desfigurado a consecuencia de sus quemaduras y cicatrices.
Si bien la prensa oficialista y las presiones del gobierno primero intentaron negar los hechos y luego intentaron mantener la vigencia de la versión militar, los reclamos desde gobiernos y organismos de derechos humanos llevará a judicializar el asunto, se designó al juez Alberto Echavarría Lorca para investigar los hechos quien el día 23 dictaminó:
Por esta razón, la resolución del juez fue dejar en libertad a los militares implicados. Según el informe de Amnistía Internacional de ese año, los testigos y los abogados de las víctimas recibieron amenazas de muerte (tres testigos debieron abandonar el país).
Ante las críticas y presiones, un tribunal militar el 3 de enero de 1991 sólo encontró al oficial Fernández Dittus culpable de negligencia, por negarle asistencia médica a Rojas, pero le exoneró de cualquier responsabilidad en la incineración de Quintana.
Sólo será en 1993, cuando la Corte Suprema condene a Fernández Dittus a 600 días en prisión por su responsabilidad en la muerte por quemaduras de Rojas de Negri y las quemaduras serias recibidas por Quintana. En octubre de 2000 un tribunal ordenó que el Estado chileno le pagara 251,7 millones de pesos a Carmen Gloria Quintana (sobre U$500,000) en compensación.
En julio de 2015 el ministro Mario Carroza dictó siete órdenes de detención en contra de funcionarios militares involucrados en el caso. La aparición de Fernando Guzmán, como un testigo clave, quien fue uno de los conscriptos de la patrulla militar, brindó los antecedentes claves para avanzar en la resolución del caso. Dicho conscripto reconoció que, en ese momento, fue presionado a dar una declaración falsa a la justicia militar.
En marzo de 2019, el ministro Carroza condenó a once militares en retiro por los delitos de homicidio calificado, respecto de Rodrigo Rojas de Negri, y homicidio calificado en grado de frustrado, respecto de Carmen Gloria Quintana. La sentencia condenó como autores a Julio Ernesto Castañer González, Iván Humberto Figueroa Canobra y Nelson Fidel Medina Gálvez, a diez años y un día de presidio. Mientras que Luis Alberto Zúñiga González, Jorge Osvaldo Astorga Espinoza, Francisco Fernando Vásquez Vergara, Leonardo Antonio Riquelme Alarcón, Walter Ronny Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco, Pedro Patricio Franco Rivas y Sergio Hernández Ávila fueron condenados como cómplices a la pena de tres años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.
En marzo de 2022, la Corte de Apelaciones de Santiago modificó la sentencia para aumentar las penas dictadas contra los condenados. En relación a los autores de los delitos, las condenas fueron modificadas a veinte años de presidio. En tanto, la Corte rechazó la excepción de cosa juzgada que había absuelto a Pedro Fernández Dittus en primera instancia, quien también fue condenado como autor. La sentencia también absolvió a Luis Zúñiga González, Jorge Astorga Espinoza y Sergio Hernández Ávila.
33°27′53.5″S 70°41′19.5″O / -33.464861, -70.688750
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