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Comisión Nacional de Desaparición de Personas



La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue una comisión creada por el presidente de la Argentina Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 con el objetivo de investigar las reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período del terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980, llevadas a cabo por la dictadura militar denominada Proceso de Reorganización Nacional. No fue instituida para juzgar, sino para indagar sobre la suerte corrida por los desaparecidos. La comisión recibió varios miles de declaraciones y testimonios, y verificó la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención en todo el país.

El 10 de diciembre de 1983 asumió a la presidencia de Argentina el político radical Raúl Alfonsín, luego de siete años de interrupción democrática por parte del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Dicha dictadura, con el pretexto de combatir a los grupos guerrilleros (que, si bien habían intensificado los atentados en las ciudades, se encontraban políticamente desahuciados tras el distanciamiento y la muerte de Juan Domingo Perón) llevó adelante un plan sistemático de desaparición de personas consideradas «subversivas», rótulo utilizado de manera muy amplia y ambigua. Por lo general, grupos comando secuestraban a estas personas, las confinaban en centros clandestinos de detención, donde las torturaban, eventualmente asesinaban y hacían desaparecer los cadáveres. Las autoridades negaban luego conocer su paradero.[1]

A fin de investigar estos crímenes, Raúl Alfonsín ―a solo cinco días de su asunción― decretó el juzgamiento de las Juntas Militares y a las organizaciones guerrilleras. Para complementar esta investigación, envió varios proyectos a fin de reformar la Justicia Militar[2]​ y creó la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas). La comisión debía investigar y organizar las pruebas que presentaría el Estado en el juicio.[3]

La comisión fue conformada con personalidades reconocidas y respetadas del país, de distintos ámbitos del conocimiento. Además de los secretarios mencionados en la ficha del artículo, fueron sus miembros:

Durante 280 días, la comisión recorrió todo el país en busca de testimonios de sobrevivientes, de familiares, de represores y de los edificios utilizados como centros de detención (o de sus ruinas). Realizaron un inventario de todas las desapariciones denunciadas y de todos los centros clandestinos, contrastando los relatos con la arquitectura de los edificios, tarea realizada muchas veces con la presencia de los mismos sobrevivientes. Con esta información confeccionaron mapas, clasificaron los relatos e hicieron un análisis a fin de reconstruir el modo de operar del terrorismo de Estado. Los procedimientos utilizados para recabar información consistieron en lo siguiente:

Entregó sus conclusiones el 20 de septiembre de 1984 en un informe entre cuyos hitos se encuentra haber demostrado por primera vez el carácter sistemático y masivo de la represión militar. Las pruebas incluyeron la verificación de 340 centros clandestinos de detención, acumularon más de 7000 archivos en 50 mil páginas, una lista parcial de 8960 personas desaparecidas y fueron la base del Juicio a las Juntas de 1985.[5]

El resultado de toda esa investigación fue entregado el jueves 20 de septiembre de 1984 al presidente Alfonsín, luego de un discurso de Ernesto Sabato. El voluminoso informe final, de varias carpetas, registraba la existencia de 8961 desaparecidos y de 380 centros clandestinos de detención. La detallada descripción realizada permitió probar la existencia de un plan sistemático perpetrado desde el gobierno mismo, siendo efectivamente clave para el Juicio a las Juntas. Este informe final fue publicado en forma de libro bajo el nombre de Nunca más. Ese título fue elegido a partir de la propuesta de Marshall Meyer porque era el lema utilizado originalmente por los sobrevivientes del Gueto de Varsovia para repudiar las atrocidades nazis.[6]

Carlos Jáuregui, fundador de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), en un artículo publicado en 1996 en la revista NX, dice que, uno de los miembros de la Conadep, el rabino Marshall Meyer le dijo «que la Comisión había detectado en su nómina de diez mil personas denunciadas como desaparecidas, a cuatrocientos homosexuales. No habían desaparecido por esa condición, pero el tratamiento recibido, afirmaba el rabino, había sido especialmente sádico y violento, como el de los detenidos judíos.».[7][8][9]

Los periodistas Matías Máximo y Cristian Prieto cuestionaron el Nunca más de la Conadep, por no decir ni una sola vez las palabras «travesti», «homosexual», «gay» ni «lesbiana».[9]

La Conadep ha sido criticada por esa revictimización de las personas desaparecidas con identidades LGBT y la invisibilización de su memoria, mientras que desde diversos sectores se ha reclamado levantar las consignas como "30.400 desaparecidxs presentes", "el Nunca Más de los 400",[10][9]​ o «La memoria no es un privilegio heterosexual».[11]

Máximo y Prieto cuentan también que, en La Plata, las travestis muchas veces pidieron ayuda a organismos de derechos humanos por las detenciones y malos tratos que sufrían cotidianamente en las comisarías. Puntualmente cuentan un caso de una militante histórica de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que pidió que no se publicara su nombre, que en una ocasión vio que una travesti se iba del lugar donde se juntaban, y que al preguntarles a sus compañeros qué había pasado, le contestaron que había venido a pedir el asesoría jurídica y que ellos le respondieron que «se ocupaban de los presos políticos y no de ellas, que nada tenían que ver con su actividad política relacionado al pedido de justicia por los desaparecidos».[9]

La militante reflexionó también en dicha nota que la discriminación sufrida por las personas trans en La Plata, le hacía recordar a lo que sucedía en 1972 con los abogados de presos políticos en la cárcel de Devoto, que no atendían a «las maricas» debido a que no las consideraban «presos políticos».[9]

Para el análisis de la investigación de la CONADEP, véase Emilio Crenzel: «La historia política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones en la Argentina», Buenos Aires, Siglo XXI, 2008; y Emilio Crenzel: "The National Commission on the Disappearance of Persons: Contributions to Transitional Justice" en The International Journal of Transitional Justice, Vol. 2, 2, pp. 173-191, julio de 2008, Oxford University Press.



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