La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) fue una comisión peruana encargada principalmente de elaborar un informe sobre la Época del terrorismo en Perú (1980-2000) vivida en el Perú durante el periodo entre los años 1980 y 2000. Fue creada en junio de 2001 por el presidente del gobierno de transición, Valentín Paniagua, convocando a diferentes miembros de la sociedad civil. Fue presidida por Salomón Lerner Febres, entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además de la investigación de la violencia terrorista de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), intentó profundizar en las causas de esa violencia y en la dura represión militar contra estos movimientos terroristas, que cobró principalmente víctimas civiles en este fuego cruzado. Para ello, recogió el testimonio de 16,985 personas y organizó 21 audiencias con las víctimas de la violencia, a las que asistieron más de 9500 personas. El Informe Final se hizo público el 28 de agosto de 2003, ante el presidente peruano Alejandro Toledo Manrique.
En diciembre de 2000, el Gobierno de Transición estableció un grupo de trabajo interinstitucional, integrado por representantes de los Ministerios de Justicia, Defensa, Interior y de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano; la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Evangélico y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Este grupo tuvo como objetivo explorar un mecanismo de investigación de los hechos producidos durante el terrorismo, una proposición de tareas para el sistema judicial y una política de reparaciones.
El 4 de junio de 2001, mediante el Decreto Supremo N° 065-2001-PCM, se creó la Comisión de la Verdad, encargada de esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación a los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos.
En la norma se le dio los siguientes objetivos:
El 6 de junio se nombró a los miembros de la comisión: Salomón Lerner Febres (presidente) Beatriz Alva Hart, Enrique Bernales, Carlos Iván Degregori, Gastón Garatea Yori, Alberto Morote Sánchez y Carlos Tapia García.
En agosto de 2001 se modificó el nombre a Comisión de la Verdad y Reconciliación.
En septiembre de 2001 se incluyó a 5 nuevos miembros para la comisión: Monseñor José Antúnez de Mayolo Larragán, Sofía Macher Batanero, Luis Arias Graziani, Rolando Ames Cobián y Humberto Lay Sun.
El informe final se presentó el 28 de agosto de 2003 en una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno. Este consta de nueve tomos donde se detallan los hechos sucedidos durante los veinte años que cubre el informe. Consta de tres partes principales: La primera donde se relata el proceso, los hechos y las víctimas. La segunda, que relata los factores que permitieron que se desarrolle el conflicto. Y la tercera que explica las secuelas del conflicto y se postulan las recomendaciones para que estos eventos no se repitan. A pesar de los esfuerzos de la CVR, la sociedad civil ha sido muy indiferente a esta iniciativa.
El terrorismo producido entre 1980 y el 2000 de mayor duración, impacto y el de mayor costo, tanto humano como económico, en la historia del Perú. El costo estimado en vidas humanas es aproximadamente 69 280 personas, entre muertos y desaparecidos. La causa del conflicto fue la decisión del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar una guerra popular contra el Estado peruano. Esta guerra se produjo en el momento en que la sociedad peruana iniciaba una transición democrática, luego de doce años de una dictadura militar, que era respaldada por la mayoría de la población y los principales partidos políticos.
El PCP-SL causó el 54% de las víctimas fatales reportadas a la CVR. Su estrategia de combate implicó el uso sistemático y masivo de métodos de extrema violencia y terror. El Estado peruano no tuvo capacidad para contener el avance de la subversión y los gobiernos civiles dejaron que el conflicto se militarice al dejar la conducción de la lucha contrasubversiva en manos de las Fuerzas Armadas. La CVR concluyó que la lucha contrasubversiva se realizó sin tomar las precauciones necesarias para evitar el atropello de los derechos fundamentales de la población civil. Las autoridades desatendieron las denuncias de violación de los Derechos Humanos y se llegó a facilitar la impunidad de los responsables. Las Fuerzas Armadas son responsables del 37% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR.
Otro factor a considerar es la aparición del fenómeno del narcotráfico durante el mismo periodo. La magnitud de éste y la respuesta de las Fuerzas Armadas provocó que la zona del Alto Huallaga fuese uno de los mayores escenarios del conflicto interno.
La distribución geográfica del conflicto, el cual se concentró en las zonas más pobres del Perú, provocó una sensación de exclusión e indiferencia. Las principales ciudades, en especial las de la costa, no estuvieron en el centro del conflicto. Fueron las zonas rurales y las más pobres las que tuvieron el mayor costo en vidas humanas. Esto no significa que la pobreza sea la causa del conflicto sino que son los sectores más pobres los más vulnerables a la violencia armada.
La violencia tampoco se distribuyó equitativamente a lo largo de los años. Existen dos picos que marcan diferentes etapas del conflicto armado. El primero, 1984 corresponde con el momento de mayor intensidad y de mayor número de muertos. Este representa el inicio del conflicto y se centra esencialmente en el departamento de Ayacucho. El segundo, 1989, corresponde con un recrudecimiento de la violencia, luego de un periodo entre 1986 y 1987 de mediana calma, a partir del cual se mantiene una violencia casi constante hasta 1992, año de la captura de Abimael Guzmán Reynoso. Durante esta fase, a pesar de que la violencia no llegó a los mismos niveles de 1984, si se expandió a la mayor parte del país.
La estimación estadística de la pérdida de vidas humanas fue cuestionada en el año 2009 por el entonces vicepresidente, Luis Giampietri.
La organización subversiva y terrorista autodenominada Partido Comunista del Perú fue la iniciadora y principal causante de la violencia durante el periodo de 1980 y 2000. Fue responsable del 54% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR. Se estima que la cifra total de víctimas fatales ocasionadas por Sendero asciende a 31,331 personas, lo que representa aproximadamente el 46% de víctimas fatales de este conflicto.
Sendero Luminoso surgió como una facción de la tradición maoísta en el Perú producto de las sucesivas rupturas ideológicas del movimiento comunista internacional. Un hito fundamental fue el debate acerca del uso de la violencia como medio para la revolución entre el movimiento chino y el movimiento soviético. En el Perú este debate se expresó con la división del Partido Comunista Peruano entre Unidad (pro-soviético) y Bandera Roja (pro-chino). Abimael Guzmán tomó partido, en ese entonces por Bandera Roja.
La ideología de Sendero tomaba supuestamente como base la ideología de los pro-chinos, o sea el Maoísmo. Otro aspecto importante de la ideología senderista era que mantenían la verticalidad como principio. Es decir, su estructura organizacional estaba conformada por pequeños núcleos cohesionados ideológicamente, los cuales eran fuertemente dependientes del Partido (Sendero Luminoso).
El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (o MRTA) también fue responsable de la violencia sufrida en el Perú durante las últimas décadas del siglo XX. Esta organización subversiva desató una guerra revolucionaria en 1984, momento en el cual el Perú se encontraba consolidando un proceso democrático que era apoyado por la mayoría de la población. El MRTA es responsable del 1.8% de las muertes producidas durante ese periodo. El MRTA organizó el Ejército Popular Tupacamarista el cual estaba conformado por columnas de guerrilleros uniformados y con armamento de guerra. A pesar de proclamar que respetarían las Convenciones de Ginebra [cita requerida] en sus acciones armadas, el MRTA cometió graves violaciones a los derechos humanos, como asesinatos y secuestros.
Los gobiernos de la década de 1980 fracasaron al organizar una estrategia contrasubversiva eficaz, que pudiera derrotar a las organizaciones terroristas y que respetara los derechos humanos. Se cometieron errores de diagnóstico y de estrategia. Recién a comienzos de la década de 1990 se logró establecer una estrategia que privilegiara la colaboración con la población civil y el uso de la inteligencia, lo que llevó a la derrota de las organizaciones subversivas. Se estima que los agentes del estado fueron los causantes de la muerte de más de 20 mil víctimas; no obstante, el número total de entre militantes de Sendero y MRTA era aproximadamente de 700 personas.
Fueron los primeros blancos de ataques de sendero luminoso, ya que en algunas comunidades de los andes eran los únicos representantes del Estado. Al eliminarlos SL buscaba crear un nuevo poder. El Estado respondió organizando patrullas contrasubversivas, comandos especializados en destruir al enemigo antes que en proteger a la población. Durante este proceso la Policía Nacional se sometió al mando de las Fuerzas Armadas. De esta manera se convirtieron en una fuerza auxiliar. A partir de finales de la década de 1980, privilegiaron las tareas de investigación. Esto contribuyó de manera significativa al fin de la guerra interna, al permitir la captura de la cúpula de Sendero Luminoso.
Se concluyó que durante los años de guerra murieron alrededor de 70 mil personas, de las cuales más de 20 mil resultaron ser víctimas de las fuerzas armadas. Los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori tenían responsabilidad en la represión, aunque la mayoría de las violaciones de derechos humanos, y las más atroces, se produjeron durante los gobiernos de Fernando Belaunde Terry y de Alan García Pérez, sobre el periodo presidido por Alberto Fujimori, la CVR, dice:
A diferencia de lo ocurrido con grupos similares creados en otros países, en el Perú la Comisión de la Verdad y Reconciliación no recibió una aceptación unánime de la sociedad, existiendo más bien escepticismo y hasta rechazo en importantes sectores de la misma. Diversos partidos políticos como el grupo fujimorista, el Partido Aprista Peruano, Acción Popular y el PPC han formulado críticas a la labor de la CVR. Asimismo, algunas personalidades han formulado también reservas frente a aspectos puntuales del trabajo de la Comisión. Así por ejemplo:
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