La Comisión para la Paz fue un organismo de investigación en materia de derechos humanos que funcionó en Uruguay a principios del milenio.
Uruguay vivió una cruenta dictadura cívico-militar entre 1973 y 1985. El final de la misma estuvo marcado por el pacto del Club Naval en 1984 y la traumática aprobación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en 1986, que muchos consideraron inconstitucional, no obstante lo cual fue ratificada por un referéndum en 1989. Entre 1985 y 1999, el sistema político tuvo un manejo discutible de la problemática de la violación a los derechos humanos durante el periodo de facto, y siempre quedaron muchas personas dolidas con lo que consideraron un injusto final de la dictadura.
Fue creada por resolución de la Presidencia de la República N° 858/000 del 9 de agosto de 2000.
Con la creación de la Comisión para la Paz, el presidente Jorge Batlle pretendió una solución definitiva al problema de los detenidos-desaparecidos durante el gobierno cívico-militar que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985. Estuvo integrada por:
Los cometidos de la Comisión para la Paz eran:
Esta Comisión elaboró un informe sobre 260 denuncias de uruguayos detenidos-desaparecidos en Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil. Dicho informe fue presentado el 10 de abril de 2003 y confirmó la gran mayoría de las denuncias recibidas sobre situaciones ocurridas en Uruguay y buena parte de las denuncias referidas a situaciones ocurridas en el exterior.
Por decreto del 16 de abril de 2003, el Poder Ejecutivo aceptó en todos sus términos las conclusiones del Informe Final de la Comisión para la Paz, asumiendo que las mismas constituían la versión oficial sobre la situación de los detenidos-desaparecidos durante el gobierno cívico-militar.
Por resolución presidencial del 8 de mayo de 2003 se resolvió autorizar a la Comisión para la Paz a entregar a la justicia la ficha individual correspondiente a Elena Quinteros incluida en el Anexo N° 2 del informe final. Por resolución presidencial del 9 de noviembre de 2004 se ratificó la autorización otorgada a la Comisión para la Paz por la resolución del 8 de mayo de 2003.
Luego de producido el informe final, continuó funcionando en el ámbito de la Presidencia de la República, una Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Durante la presidencia de Tabaré Vázquez, por resolución presidencial del 17 de diciembre de 2007 se designó, dentro de dicha Secretaria, un coordinador y tres asesores, uno en representación de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y dos en representación de la Universidad de la República.
Esta Comisión fue muy discutida; hubo varios actores que la consideraron "un nuevo intento por impedir las investigaciones a fondo en materia de derechos humanos". Sin embargo, esta Comisión marcó un hito en la historia política del país posdictadura ya que implicó un cambio de actitud -en comparación con los tres gobiernos precedentes- en el tratamiento del complejo tema de los detenidos-desaparecidos en Uruguay.
En el año 2001, grupos de familiares de detenidos-desaparecidos criticaron a la Comisión por no haber avalado datos y testimonios que se referían a la existencia de al menos un segundo vuelo de la muerte que trasladó prisioneros desde Buenos Aires hacia Montevideo con el fin de ejecutarlos y desaparecerlos. Esta versión, que no fue incluida en el informe final de la Comisión, se confirmó cierta en el año 2007.
A partir del hallazgo de los restos de Julio Castro, se intensificaron los cuestionamientos respecto al informe final de la "Comisión para la Paz", ya que este especificaba que Castro había muerto en 1977 a consecuencia de las torturas a las que fue sometido, para ser luego enterrado y posteriormente exhumado, sus restos incinerados y arrojados en 1984 al Río de la Plata en el marco de la "Operación Zanahoria". No obstante, en octubre de 2011, esta versión se confirmó falsa, cuando se comprobó que los restos hallados en el Batallón de Infantería Paracaidista Nº14, correspondían a Julio Castro. Los mismos fueron encontrados en un predio lindero al establecimiento militar el 21 de octubre de 2011, determinándose posteriormente a nivel judicial que la causa más probable de muerte es el disparo de arma de fuego a nivel craneal. Esta constatación cubrió de una sombra de duda el resto de las conclusiones de la Comisión para la Paz.
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