Constitución de Honduras de 1982

Constitución de Honduras de 1982 nació en Honduras.

En 1981 el Jefe de estado de la República de Honduras, general de brigada Policarpo Paz García decidió entregar el gobierno a los civiles, es cuando se redacta una Nueva Constitución por una Asamblea Nacional Constituyente y emitida mediante decreto No. 131 misma que fue ratificada y publicada en el Diario oficial La Gaceta (Honduras) No. 23,612 de fecha 20 de enero de 1982, entrando en vigencia en el acto de estampar las firmas y la cual hasta hoy, es la carta magna de ese país centroamericano.

Decreto número 131.

Nosotros, Diputados electos por la voluntad soberana del pueblo hondureño, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y el ejemplo de nuestros próceres, con nuestra fe puesta en la restauración de la unión centroamericana e interpretando fielmente las aspiraciones del pueblo que nos confirió su mandato, decretamos y sancionamos la presente Constitución para que fortalezca y perpetúe un estado de derecho que asegure una sociedad política, económica y socialmente justa que afirme la nacionalidad y propicié las condiciones para la plena realización del hombre, como persona humana, dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa y el bien común.^[1]​

La forma de gobierno de Honduras, continúa siendo republicano, mejorando sus condiciones sociales como un "Estado de Derecho": Redefinición funcional con el Nuevo Tribunal Supremo Electoral de Honduras en sustitución del anterior Tribunal Nacional de Elecciones (TNE). Las declaraciones y garantías a fin de proteger la persona humana por medio del respeto de los derechos humanos. Una división y redefinición entre la competencia militar y civil. La seguridad ciudadana y la necesidad de tratamiento de reclusión menores de edad. Sobre el papel y unificación de criterios en la educación superior. Las competencias limitaciones de los miembros de los poderes del Estado. Eliminación de la inmunidad de los Diputados y altos funcionarios por elección y participación de la sociedad civil en el nombramiento y de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. La sustitución de la Contraloría General de la República de la Dirección de Probidad Administrativa con la Creación del Tribunal Superior de Cuentas. La reestructuración de la función, organización y rol ante el poder civil y las Fuerzas Armadas de Honduras y Seguridad Pública, la estructura y funcionalidad de este en la Administración Pública. La nacionalidad en la aplicación del Jus Soli y Jus Sanguini. La nueva figura del Vicepresidente del Poder Ejecutivo. El nuevo rol del Registro Nacional de las Personas, la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la competencia de las Instituciones por medio de la Corte Suprema de Justicia y la reforma y ratificación del artículo 5 sobre la figura del referéndum y plebiscito. Aprobación de las reformas sobre la forma de aprobarse un tratado que afecta una disposición constitucional, los recursos de Habeas Corpus, etc. Facultad, atribuciones y organización de la Corte Suprema de Justicia, que deberán ratificarse en la presente legislatura.

En el año 2009^[4]​ siendo presidente constitucional de la República de Honduras, el señor expresidente José Manuel Zelaya Rosales intento celebrar un referéndum con participación ciudadana denominada como Cuarta Urna, cuyo fin sería el de reunir a una Asamblea Nacional y dictar una nueva constitución o reformar artículos pétreos, con respecto a la reelección del presidente, y otros asuntos de interés de la ciudadanía^[5]​

En el mes de abril de 2015 el presidente Juan Orlando Hernández, mientras se encontraba en gira por Estados Unidos de América anunció la modificación del artículo 239 de la Constitución de Honduras de 1982 en cuanto a la reelección del ciudadano que ostentó el cargo administrativo en el Poder Ejecutivo de Honduras,^[6]​ en tal sentido los expresidentes Rafael Leonardo Callejas, Carlos Flores Facussé, Ricardo Maduro, José Manuel Zelaya y el presidente interno Roberto Micheletti podrán ser candidatos presidenciales. No obstante, algunos políticos de la oposición, ven reflejados un "autogolpe de Estado" y un escandaloso abuso de autoridad. Esto generó una fuerte crítica a nivel nacional e internacional, ya que 6 años atrás lo que se consideró como un acto de traición a la patria, ahora se llevaría a cabo con normalidad absoluta.

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