Las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) son los organismos públicos chilenos encargados de proveer de defensa judicial gratuita a quienes no pueden pagar por ella, en cumplimiento del mandato de la Constitución Política de Chile que garantiza un acceso igualitario a la justicia a todos los ciudadanos (artículo 19 Nº 3 de dicho texto). Administrativamente dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien provee los fondos para su funcionamiento.
El público es atendido por postulantes, que son asistidos, supervisados y evaluados por abogados de planta. Los postulantes son estudiantes egresados o licenciados de la carrera de Derecho de alguna universidad reconocida por el Estado a la fecha de iniciar su práctica. Esta práctica profesional gratuita y obligatoria, por un período de seis meses continuos, es un requisito esencial para poder obtener el título de abogado, otorgado por la Corte Suprema de Justicia de Chile.
Su historia se remonta a los antiguos consultorios jurídicos mantenidos por el Colegio de Abogados de Chile, los que fueron refundidos en este organismo en 1980, por la Ley Nº 17.995, y de los cuales son sucesores.
Existen cuatro corporaciones autónomas:
El Presidente de cada CAJ es el seremi de Justicia de Iquique, Valparaíso, Santiago o Concepción, respectivamente. El Presidente, con el acuerdo de los miembros del Consejo Directivo de la Corporación, puede nombrar o remover al Director General de la misma, quien es el jefe del servicio.
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