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Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas



El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), antes conocido como Policía Técnica Judicial (PTJ) y en sus orígenes como Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ), es el principal organismo de investigaciones penales de Venezuela. Se encarga del esclarecimiento científico de los delitos con miras a la posterior aplicación de la justicia por los órganos competentes.

Los funcionarios de dicho cuerpo especial, son formados en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).[1]​ Su actual director es el Comisario General Douglas Rico.[2]

La historia de este organismo se remonta a mediados del siglo XX. El 20 de febrero de 1958 el presidente de la Junta Cívico-Militar de Gobierno, Contralmirante Wolfgang Larrazábal, decidió la creación de un cuerpo policial dedicado a la investigación de los diversos crímenes mediante el decreto N° 48 de la Junta, además de establecer su función como auxiliar del Poder Judicial, con el nombre de Policía Técnica Judicial. La Ley de Policía Judicial del 8 de julio de 1975 estableció su estructura y organización institucional, pero fue posteriormente sustituida por la Ley de Policía de Investigaciones Penales del 11 de septiembre de 1998.

Eventualmente se promulgó de la constitución de 1999, que estableció en su Artículo 332 la necesidad de crear un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. Tal denominación pasó a sustituir a la de Policía Técnica Judicial. En 2001 comenzó una reforma a la estructura y organización del organismo, el cual se delimitó finalmente en 2003.

En el capítulo tercero de la Ley Orgánica del Servicio de la Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina Forense[3]​ se establece una serie de principios generales, los cuales deben orientar a los funcionarios en el desarrollo de las investigaciones, a saber: celeridad, eficiencia, cooperación con otros organismos de seguridad del Estado, igualdad, imparcialidad, proporcional, legalidad, participación ciudadana, apego a los derechos humanos y al debido proceso.

Las Brigada de Acciones Especiales (BAE) es un cuerpo táctico de intervención adscrito a la Dirección de Estrategias Especiales en situaciones de alta complejidad e intensidad vinculadas a las función de investigación penal de la Institución. Tiene por objetivo brindar soporte efectivo y especializado en intervenciones vinculadas a estructuras criminales sofisticadas. Entre sus funciones, destacan:[4]

Bajo la Ley en vigencia[3]​ ambos cuerpos pasarían a denominarse Unidad Especial de Apoyo a la Investigación cuyas competencias establece el artículo 59 como apoyo de funcionarios del CICPC en:

En el proceso de investigación de los hechos punibles por medio de los estudios criminalísticos intervienen cuatro direcciones del cuerpo, cada una con funciones específicas:

La Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación en su artículo 32 establece que la carrera policial de investigación estará estructurada en tres niveles jerárquicos que son:[5]

3.er Nivel, Estratégico: Tendrán responsabilidades de alta dirección, planificación, y evaluación estratégica, estará integrado por:

2.º. Nivel, Táctico: Con responsabilidades de dirección media, diseño de operaciones, supervisión y evaluación a nivel táctico estará integrado por:

1.er. Nivel, Operativo: Tiene responsabilidades en la ejecución de actividades de investigación básica, estará integrado en orden ascendente por:



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