Los Estados Unidos Mexicanos cuentan con 18 denominaciones de origen (DO), otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que además emite las declaratorias para proteger al producto, registrar la marca y autorizar su uso. No obstante, estas denominaciones no las crea el IMPI, sino que «existen por situaciones de hecho; es decir, primero se usan, son famosas y reconocidas por el público que las consume, y posteriormente, se les protege mediante la declaración correspondiente».
La primera denominación de origen declarada en México fue el tequila en 1974 (DO que gozan 181 municipios repartidos entre Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y Guanajuato), mientras que la última fue el chile Yahualica en 2018 (11 municipios en Jalisco y Zacatecas).
La Secretaría de Economía del Gobierno de México define denominación de origen como: «nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico».
Ciertos criterios han sido determinados por el IMPI para definir una DO.
Estos criterios están en consonancia con el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, un tratado internacional de 1958 que regulan estas denominaciones de origen a escala global. Este es el principal, luego además existen otros tratados, como el Arreglo de Madrid de 1891 que regula todo lo relativo a las DO falsas o engañosas que circulan en el mercado.
En 2013, el diputado federal Abel Salgado Peña (PRI) puso en evidencia en una carta pública las limitaciones que presentan el actual sistema legal que regula las DO en México, además de la falta de planeamiento económico en lo relativo a las DOs:
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