Los derechos estudiantes son los derechos como: los civiles, los constitucionales, los controlar y los derechos de los niños, los cuales regulan las libertades y derechos de los estudiantes, permitiéndole hacer el uso de los beneficios de la inversión educativa que cada uno de estos participantes hace. Los derechos que cada 3 horas posee les brinda libertades para que ellos puedan gozar de derechos como: el derecho de expresión y de asociación, derecho de igualdad y autonomía, derecho a la seguridad y la privacidad, derecho a tener un trato digno y respetuoso entre el profesor y el alumno. Los estudiantes son individuos que asisten a centros educativos, universidades, y a otras instituciones educativas. El tema de los derechos estudiantiles no posee una posición relevante en los temas que se discuten alrededor del mundo. No obstante, Romania, posiciona este tema como algo fundamental para el país, ya que cuenta con una declaración de los derechos estudiantiles que puede ser consultado y entendido fácilmente por cualquier estudiante. La mayoría de los países, como Estados Unidos y Canadá, cuentan con una serie de documentos legales y precedentes judiciales en donde se toca el tema de los derechos estudiantiles, pero no tienen una declaración de derechos estudiantiles que los participantes puedan consultar de manera accesible. Ha habido algunas críticas sobre los derechos estudiantiles de los alumnos en Norte América, puesto que se dice que el progreso es mucho más lento que el progreso en Europa, debido a la falta de información accesible y porque el movimiento de gobierno estudiantil, fue sustituido por el movimiento sindical estudiantil. Se dice que la seguridad de los gobiernos estudiantiles implica que no haya corruptos.
Canadá, al igual que Estados Unidos, tiene una serie de leyes y precedentes judiciales que regulan la educación y otorgan derechos de los estudiantes. La Enciclopedia canadiense, brinda con mayor detalle los problemas que se presentan en la vida cotidiana de los habitantes y dentro del gobierno canadiense. En la Enciclopedia se constituye que "Básicamente existen dos tipos de derechos se destinan a los alumnos: el primero, los derechos individuales, los cuales están conformados por los derechos que los estudiantes tienen el privilegio de disfrutar y los derechos procesales, los cuales cuentan con los métodos para que los estudiantes reclaman sus derechos. Este artículo se preocupa por dar a conocer los derechos estudiantes tanto para los estudiantes que estudian en escuelas privadas como en escuelas públicas, puesto que si cualquier estudiante desea reclamar sus derechos estudiantiles, tendrán que utilizar la misma ley para ambos casos, ya sea estudiantes de escuelas privadas o públicas.
Canadá no cuenta con una Declaración de Derechos estudiantiles o documento equivalente. Si se decide crear una declaración de derechos para los estudiantes, es más probable que dicho documento sea llamado Carta de Derechos de los Estudiantes y de las Libertades. La Carta Canadiense de Derechos y Libertades es equivalente a la Carta de Derechos de los Estados Unidos.Los alumnos tienen derechos así como obligaciones las cuales tienen que respetar tanto nosotros sus derechos como ellos sus obligaciones al nosotros respetar algunos de esos derechos ellos respetan algunas de sus obligaciones ya que saben que al no respetar sus obligaciones se les aplicará una sanción
Que hacer si las autoridades secundarias se niegan a la enseñanza de derechos humanos o educación sexual?
En el caso AlBaho Case, un tribunal penal francés encontró a tres profesores de la École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris (ICPSE), culpables de espionaje del correo electrónico en un estudiante graduado. El fallo dictaminó un importante precedente para castigar la falta de privacidad del correos electrónicos, pero también fue un fallo histórico en los derechos de los estudiantes, ya que este fue el primer incidente en el que se encontró culpable a un profesor por haber cometido el crimen de espionaje. El caso fue muy revelador porque los culpables declararon que la institución en donde trabajaban respaldaban estos tipos de actos de espionaje. Dicho caso, tomó gran relevancia porque impuso el derecho a la privacidad de cada estudiante.
Los Estados Unidos aún no poseen de ninguna declaración de derechos para los estudiantes que se encuentran estudiando desde el kínder hasta la preparatoria o para los estudiantes que se encuentran estudiando una carrera o un posgrado. Mientras que los estudiantes cuentan con derechos debido a que se han establecido en la constitución, no existe ningún otro documento que se enfoque en redactar los derechos que cada estudiante posee, ni tampoco en donde se establezca la manera y el proceso que el estudiante debe de tomar para hacer contar sus derechos. Por esta razón, los estudiantes en los Estados Unidos deben basarse en los precedentes judiciales para saber lo que esperarán cuando se encuentren estudiando a nivel profesional. Debido a que estos derechos no se encuentran tan accesibles a los estudiantes, ellos deben de confiar en las instituciones para que éstas les ofrezca la información necesaria para estar consientes de sus derechos y cómo resguardarlos. Frecuentemente, las instituciones cuentan con documentos en donde se establecen los derechos y responsabilidades tanto de los estudiantes como de los empleados y cada vez más, las instituciones (principalmente instituciones de educación superior) han decidido en crear un proyecto de ley estableciendo los derechos que el estudiante posee dependiendo de la institución a la que pertenezca, si se encuentra en la aulas, en los dormitorios, en los centros de apoyo, etc. Como se ha venido explicando, aún no existe un documento que obligue a las instituciones educativas a establecer un escrito en donde se instituyan los derechos y obligaciones que cada alumno tiene al momento de pertenecer a una institución educativa.
En 1969 , los tribunales federales de Estados Unidos, en el distrito escolar de Tinker v. Des Moines Independent Community School District, dictaminó que, los estudiantes en ningún momento perderán sus derechos constitucionales aunque se encuentren en las aulas de la escuela.
En el caso Morse v. Frederick el estudiante de 18 años, llamado Joseph Frederick, acusó a su escuela por haber violado su libertad de expresión al haberlo suspendido de la escuela. La institución dictaminó esta sentencia debido a que el estudiante había colgado una pancarta en donde decía "Bong Hits 4 Jesus."
Dentro de la Constitución de Estados Unidos se ha dictaminado las garantías y libertades que los estudiantes poseen, sin embargo, en algunas constituciones estatales se puede ver que existen más derechos para los estudiantes de escuelas públicas que los reconocidos por la Constitución de Estados Unidos. Por ejemplo, las Leyes Generales de Massachusetts en el capítulo 71 , sec. 82 decreta una mayor libertad para los estudiantes en el aspecto de la libre expresión.
En Massachusetts, por ejemplo, los estudiantes que cursan desde el kínder hasta la preparatoria, tienen derecho a la libertad de expresión a través del lenguaje, los símbolos, la escritura, la edición y de tener grupos de reunión en la escuela. La legislación de las escuelas públicas secundarias han creado un dictamen en donde se instauran los "derechos de los estudiantes a la libertad de expresión; sus limitaciones; y definiciones. " De igual forma este escrito dice que los estudiantes tienen "el derecho de expresarse en total libertad dentro de las aulas, siempre y cuando esta libertad de expresión no causar ninguna interrupción o desorden dentro de la escuela. La libertad de expresión debe incluir, sin limitación, los derechos y responsabilidades de los estudiantes, como en manera colectiva como de manera individual, (a) el alumno podrá expresar sus opiniones de manera oral o escrita, (b) el estudiante podrá escribir, publicar y difundir sus puntos de vista, (c) el alumno podrá reunirse pacíficamente en la propiedad escolar con el propósito de expresar sus opiniones. Cualquier asamblea planeado por los estudiantes durante las horas de clase, tendrán que ser aprobadas con anticipación por el director de la escuela.
Los Estados Unidos aún no cuentan con un proyecto de ley nacional de los Derechos estudiantiles , y mientras los estudiantes ya cuentan con un amplio rango de derechos constitucionales y civiles , incluyendo los derechos del consumidor y del contrato, ni los estudiantes ni las instituciones saben cómo formar una ley en donde se encuentren redactados los derechos que cada estudiante posee.
Es importante mencionar que las instituciones cuentan con la libertad de utilizar las leyes como más les convenga. Cuando las instituciones deciden dictaminar los derechos para los estudiantes, se tiende a que éstas solo satisfagan lo que se ha propuesto por el estado o la suprema corte, dicho en otras palabras, los derechos instaurado cubren intrínsecamente las necesidades básicas. Mayoría de las escuelas tienden a tener algunas normas que protejan la libertad de expresión, la igualdad y el debido proceso para los asuntos judiciales, etc. puesto que estos derechos ya se han establecido por la suprema corte de justicia. Mientras que las instituciones pueden proporcionar a los estudiantes con más derechos, hay poco incentivo para hacerlo.
Es probable que los estudiantes estén conscientes de que cuentan con derechos, sin embargo hasta que una ley concreta se establezca en todas las escuelas, causará que las instituciones tengan diferentes percepciones de los derechos estudiantiles. Como se ha venido mencionando aún no hay una declaración de derechos estudiantiles formales, es pero eso que organizaciones estudiantiles están trabajando para crear una declaración nacional de derechos estudiantiles en donde se propondrá la manera en la cual las instituciones tendrán que implementar y cumplir los derechos que se les ha dado a los estudiantes. Las organizaciones estudiantiles están revisando los precedentes judiciales para identificar los derechos que han sido parte fundamental en la vida de los estudiantes y así utilizarlos como base para el desarrollo de este proyecto de ley. Hasta que se apruebe un documento de este tipo , los estudiantes tendrán que presentar demandas citando los precedentes judiciales de otros estados. Los tribunales toman en consideración los precedentes impuestos por los estudiantes y a menudo los utilizan como base para sus decisiones. Este proceso es, sin embargo, costoso y consume mucho tiempo , y solo está disponible para aquellos que tienen los recursos para proseguir con el caso.
La mayoría de las instituciones educativas no están obligadas a proporcionar a los estudiantes una declaración o una ley en donde se encuentren sus derechos. Esto causa una gran incertidumbre e ignorancia entre los estudiantes, ya que hasta que ellos se dedican a investigar sus derechos, ellos sabrán con certitud los derechos que ellos tienen. Por tal motivo, estudiantes en todos los estados de los Estado Unidos, están trabajando a través de sus gobiernos y sindicatos estudiantiles para que se redacte y se apruebe estos proyectos de ley en los senados institucionales académicos. Ya que el costo para recibir una educación superior va en aumento, los estudiantes están más al pendiente de la calidad de educación, puesto que así podrán saber que están recibiendo una buena educación por el precio que están pagando.
Los estudiantes cuentan con ciertos derechos ya establecidos como la Ley para tener una educación superior y la Ley de Oportunidades para contar con una educación, también existen leyes que regulan una igualdad, un trato digno a los estudiantes con discapacidades, etc. En algunos estados los tribunales han determinado ya que se aplican a los estudiantes y han creado precedentes a los derechos de los estudiantes en sus estados. Los estudiantes de otros estados pueden utilizar estos precedentes y hacer los mismos argumentos en sus propios estados. Los jueces pueden y deben tomar esto en cuenta.
Las instituciones cuentan con el derecho de seguir y promulgar sus propias reglas. of Health Sciences /Chicago Med. School, 1988). Si bien este caso toma parte en una escuela privada, ejemplo: el caso Healy v Larsson (1974), se declaró que lo que se aplica a las intuiciones particulares también se aplica a las instituciones públicas.
Las instituciones cuentan con el derecho de seguir y promulgar sus propias reglas. Documentos institucionales pueden verse vinculados con contratos que se fundamentan en la implicación- los hechos. Ejemplo Goodman VS.Presient and Trustees of Bowdin College (2001) se estableció que los documentos institucionales no podrán ser alterados aunque se presente algún cargo en contra.
Los estudiantes están protegidos de la información que se anuncia en los boletines o circulares.
Los estudiantes están protegidos de la información que se publica en los reglamentos.
Los estudiantes están protegidos a no acatar la información publicada en los catálogos de cursos.
Los estudiantes cuentan con el derecho de no acatar la información establecida en los códigos estudiantiles.
Los estudiantes cuentan con el derecho de no acatar la información publicada en los manuales.
El caso Healy VS.Larsson (1974) dictaminó que cuando un estudiante haya completado los requisitos prescritos por un asesor académico tiene el derecho de obtener un diploma académico en donde se verifique el cumplimiento de sus estudios.
En el caso Mississippi Medical Center v Hughes (2000) determinó que los estudiantes tienen un derecho implícito a un contrato continuo durante su período de inscripción. Asegura que los estudiantes tienen el derecho a graduarse, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se comunicaron inicialmente. Cambios no establecidos son inaceptables. Degree requirement changes are unacceptable. En el caso Bruner v Petersen (1997) se estableció que las protecciones contractuales no aplican si el estudiante no ha cumplido con los requisitos, y será es removido del programa. El estudiante tiene la obligación de cumplir con los requisitos adicionales que lo acercarán al éxito. Esto también puede ayudar a evitar problemas de discriminación.
El caso de Bodry V Finch University of Health Science Chicago Medical school. (1988) determinó que los estudiantes tienen el derecho de recibir un aviso de cambios en los requisitos en la carrera.
Contratos verbales también son obligatorios. La Corte de Apelaciones de Carolina del Norte declaró en el caso de Long v Universidad de Carolina del Norte en Wilmington (1995), debe de acatar los acuerdos verbales se ya que se hacen de forma oficial con el fin de que sea obligatoria(Bowden, 2007).De igual forma en el caso Dezick v Umpqua Community College (1979) demostró que un estudiante fue compensado debido a que las clases se le prometieron no fueron cumplidas.
Los contratos verbales deben ser obligatorios. Estos deben de ser hechos de forma oficial, y obligatorios. En el caso Dezick VS.Umpqua Community College (1979) se presentó el caso de un estudiante que fue recompensado debido a que la clase que se había inscrito el profesor no se presentó para darla. También en el caso Healy VS.Larsson (1974) se exhibió la cuestión de un alumno, el cual había cumplido con todo los requerimientos necesarios que le había instaurado un consejero académico, sin embargo la carrera que le había prometido el consejero no era real. Un consejero académico debe contar con la información correcta para brindar un buen servicio a los estudiantes.
El caso Mississippi Medical Center VS.Hughes(2000) determinó que el estudiante tiene el derecho a un contrato continuo que dure toda su carrera universitaria y estableciendo que el estudiante tiene el derecho de graduarse de la universidad siempre y cuando haya terminado las unidades y clases necesarias, las cuales fueron previamente establecidas. Cambios en los requerimientos de las carreras son inaceptables. Con el caso Bruner VS.Petersen (1997) se concluyó que el contrato no se aplicará en el caso de que un estudiante no cumpla con los requerimientos para graduarse, si sucediera esto el estudiante podrá ser readmitido al programa de estudios. Para volver entrar al programa, el estudiante tendrá que cumplir requerimientos adicionales para así tener éxito en su vida universitaria.
Se demostró en el caso Brody VS.Finch University of Health Sciences Chicago Medical School (1998) que el estudiante tiene el derecho de ser notificando cuando exista un cambio en los requisitos de su carrera (Kaplan & Lee, 2011). Si un estudiante, se absenta por un semestre o no se ha inscrito a una universidad durante mucho tiempo, ellos tienen el derecho de saber si se han cambiado los requerimientos de la carrera universitaria deseada.
La toma de decisiones no debe ser arbitraria o inconstante / aleatoria y, por lo tanto, no interfiera con la justicia. Si bien este caso toma parte en una escuela privada, ejemplo: el caso Healy v Larsson (1974), se declaró que lo que se aplica a las intuiciones particulares también se aplica a las instituciones públicas.
En el 2008 la Ley de Oportunidad para una Educación Superior ( con sus siglas en inglés HOEA,2008) estableció que todas las escuelas universitarias proporciones a los estudiantes con información válida para que ellos puedan hacer decisiones más objetivas. Esta información debe de ser presentada en la página de internet del Departamento de Educación (con sus siglas en inglés DOE). Aquí los estudiantes podrán saber, los costos por semestre, los costos totales de la carrera, estadísticas con las siguientes categorías: sexo, habilidades, etnias, los pasos para transferirse de universidades, los resultados de los exámenes del ACT/ SAT, los carreras ofrecidas en la universidad, inscripciones, reconocimientos. También las instituciones deben de proporcionar la información que los estudiantes necesitan para transferirse de un colegio a una universidad.
En 1990 la ley llamada American With Disabilities Act (ADA) y la Sección 504 de la propuesta Rehabilitation Act prohíben la discriminación durante las inscripciones académicas. Individuos que han sido pronosticados con una discapacidad tienen el derecho de ser tratados con respeto, igualdad y con comodidades razonables. La Corte Suprema ha declarado que todos los estudiantes deben de ser tratados con respeto e igualdad durante su procedimiento de inscripción.
En la Enmienda de la Ley una Educación Superior, en el título IX, protege a todos los sexos sin importar, el estatus familiar o conyugal o si se encuentra embarazada. Este ley también protege a las personas transexuales, intersexuales o transgéneros.
En la Acta de Americans With Disabilities (ADA, 1990 and y la sección 504 de la Acta de Rehabilitación establecieron la protección de discriminación de habilidades en admisiones. Individuos que cuentan con una deshabilitad cuentan con el mismo derecho de un trato de igualdad en los aspectos académicos como el laboral.
Individuos no podrán ser discriminados por el color de su piel ni en las escuelas primarias, secundarias ni preparatorias, ni en las universidades.
La protección de no ser discriminados en admisión instituyó que los estudiantes deben de recibir todas las acomodaciones necesarias para tener un procedimiento digno y no tener una prueba de admisiones injusta, también se debe de contar con acomodaciones para personas con deshabilitadas. Pruebas alternativas deben de ser ofrecidas.En donde no haya pruebas alternativas, las instituciones no son responsables de las ajustes.
Pruebas que cuenten con una irregularidad de selección debido al género del estudiante no se tomará en consideración.
El "Students Equality" estableció que los individuos no deben de ser tratados diferente por otros individuos o por los trabajadores de una institución. Los reglamentos aseguran que las faltas de discriminación son ilegales. En el caso United States VS.Fordice (1992), prohibió el uso de los resultados del examen ACT en Mississipi, debido a que existía un gran rango de diferencia entre los resultados de los exámenes de estudiantes con raza blanca que con los estudiantes de raza negra, dichos resultados no fueron verificados correctamente.
Si en el pasado se ha encontrado con casos de discriminación en instituciones escolares, es necesario que autoridades de la institución busquen alternativas para reparar y eliminar la discriminación.
Todos los estudiantes tienen el derecho de ser tratado con igualdad y respeto, no se aceptará ninguna clase de discriminación entre poblaciones minoristas de estudiantes.
No se aceptarán ninguna clase de segregación en admisiones que incluyan entrevistas prejuiciosas cuando existan estándares objetivos para todos los ingresados.
Los estudiantes están protegidos del uso de un nivel más bajo de examen de admisión.
Estudiantes están protegidos del uso de resultados bajos en el examen de admisión.
Estudiantes están protegidos del uso de cuotas de admisión que dependan de la demografía. Esto podría ser un caso de obligación, puesto que en el caso Goodman VS.President and Trustees of Bowdoin College (2001), se ha impuesto que los documentos institucionales son contractuales sin importar su negación.
Las instituciones deben de tener cuidado con las readmisiones cuando el estudiante no ha cumplido con los requerimientos necesarios del programa. Las readmisiones hacen cuestionarse por qué el estudiante fue removido del programa en primer lugar y cuáles serán las condiciones para que el interesado sea readmitido. En ninguno de los casos se podrán presentar demostraciones de discriminación. Si el estudiante toma la decisión de abandonar la institución voluntariamente, la universidad tendrá el derecho de establecer una razón para no readmitir al estudiante a la escuela.
Los estudiantes deben de obedecer el reglamento impuesto en el salón de clase. Esto podría ser un caso de obligación, puesto que en el caso Goodman VS.President and Trustees of Bowdoin College (2001) ha impuesto que los documentos institucionales son contractuales sin importar su negación.
Estudiantes tienen el derecho de recibir toda la información que forma parte del contenido del curso. Las instituciones tienen el derecho de hacer que los profesores cubran el material deseado por la escuela. Y los estudiantes y los trabajadores de la escuela deben de seguir lo establecido en el syllabus del curso.
Los estudiantes pueden esperar que la enseñanza estará al nivel anunciado por la universidad. En el caso Andre vs. Peace University (1994) awarded cedió la indemnización debido a la mala representación negligente e incumplimiento del contrato.
maestros deben prestar atención razonable a todas las asignaturas indicadas.
Los estudiantes tienen el derecho de tener todo el contenido anunciado por las instituciones con una claridad profunda.
En el caso Scallet Vs. Rosenblum (1996) se dictaminó que habrá un estricto control sobre el plan de estudios para garantizar la uniformidad a través de las clases.
Los estudiantes deben ser clasificadas de manera justa y de acuerdo con los criterios establecidos por los programas de curso. Además están protegidos de nuevos criterios de clasificación. Las instituciones tienen la responsabilidad de preservar los criterios de calificación, que los modos de calificar sean justos y válidos para todos los estudiantes. Los maestros tienen el derecho, en virtud de la primera enmienda, de comunicar sus opiniones con respecto a las calificaciones del estudiante, pero las instituciones deben cumplir con los derechos implicados de calificar de manera justa. Los departamentos pueden cambiar las calificaciones emitidas por los profesores que no están en línea con las políticas que califican o son injustas o poco razonables.
Los estudiantes tienen el derecho de aprender. Los maestros no tienen rienda suelta en el aula. Las acciones deben de estar dentro de los requisitos departamentales, los cuales aseguran que los estudiantes tenga una atmósfera apropiada para aprender. En el caso Sweezy v New Hampshire ( 1957 ) se dictaminó que los maestros tienen derecho a enseñar. Ellos no tienen la libertad de cátedra en la ley. Las reglas de la libertad académica son impuestas por la institución.
Los estudiantes pueden esperar la protección del mal uso del tiempo; los maestros no pueden perder el tiempo del estudiante o utilizar la clase como un público sumiso ni dar lecciones que no están relacionadas con el curso. En el caso Riggin v Bd. of Trustees of Ball St. Universtiy, se declaró que los instructores no pueden "perder el tiempo de los estudiantes que han llegado allí y pagan dinero para un propósito diferente."
Los estudiantes pueden esperar una enseñanza eficaz incluso si se requiere la participación departamental en la enseñanza y el desarrollo del currículo.
Los maestros tienen el derecho a la expresión regulada pero no pueden usar sus privilegios de la primera enmienda con fines correctivos ni discriminatorios o de una manera que los estudiantes aprendan por ridiculizar, el proselitismo, el acoso o el uso de la clasificación injusta de prácticas.
El Americans with Disabilities Act y la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 prohíben la discriminación en las aulas. El Act This establece que la discriminación debe de ser eliminada y que se tiene que mantener el derecho a la igualdad tanto en aspectos educativos como en el laboral.
Los estudiantes con discapacidad tienen derecho a la tener comodidades en el salón de clases igual que el resto de sus compañeros y así realizar sus objetivos de terminar una carrera.
La igualdad entre estudiantes implica que los individuos no pueden ser tratados de manera diferente por las personas ni por ninguna institución. Por lo tanto, las políticas que discriminan sistemáticamente, son ilegales de acuerdo con la constitución. En el caso United States VS.Fordice (1992), prohibió el uso de los resultados del examen ACT en Mississipi, debido a que existía un gran rango de diferencia entre los resultados de los exámenes de estudiantes con raza blanca que con los estudiantes de raza negra, dichos resultados no fueron verificados correctamente.
Las instituciones tienen la obligación de ofrecer igualdad de oportunidades en atletismo, grupos y clubes. Esto incluye la igualdad de la concordancia de intereses y habilidades para ambos sexos, el suministro de equipo y horarios para actividades tales como juegos y prácticas, viajes con el equipo y la facilidad de estadía para los estudiantes. Incluye también una igualdad de uso de las instalaciones tales como: los vestidores, servicio médico, servicios de tutela, coaching y la publicidad. Para asegurar que existan las mismas oportunidades para las mujeres, las instituciones tienen la responsabilidad de cumplir con el Título IX en una de tres maneras. Deben proporcionar oportunidades atléticas antes de la inscripción, demuestren que se están expandiendo continuamente oportunidades para el sexo menos representado o acomoden los intereses y habilidades del sexo menos representado.
La Ley de Oportunidades para una Educación Superior de 2008 también requiere la revelación de información de los atletas, el número de equipos y las estadísticas del equipo, incluyendo el número de jugadores, los gastos de operación por equipo, contratación , los salarios de los entrenadores, la ayuda a los equipos y deportistas y los ingresos del equipo ( HEOA, 2008 ). Esta información es necesaria para garantizar que se cumplan las normas de igualdad.
En el caso Good Vs. Associated Students University of Washington (1975) se decretó que los estudiantes tienen el derecho a recibir visitas en sus dormitorios.
Los estudiantes tienen derecho a una vivienda de la misma calidad y el costo y políticas de igualdad de vivienda.
Hasta la década de los noventa la segregación de género era permitido siempre y cuando la institución racional determinara motivos justos. Este precedente se invirtió oficialmente, después de que la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos contra el caso de Commonwealth de Virginia ( 1992 ), encontró que una mujer por error admitido a la universidad militar de los hombres tenía derecho a permanecer inscrita.
Los estudiantes con discapacidad también tienen derecho a la igualdad de los dormitorios que sean de calidad y con las comodidades necesarias. La Ley de Rehabilitación en la Sección 50 de 1973 y el caso Kaplan & Lee, 2011 finiquitan que las acomodaciones en las viviendas son gratuitas parar todos los estudiantes, incluso si el estudiante tiene los medios financieros para pagar por ellos.
Los estudiantes tienen derecho a la igualdad de trato en materia de vivienda, independientemente la edad que tengan, a menos que haya un objetivo estrechamente definido que requiere tratamiento y la política de neutralización se aplique.En el caso Prostrollo Vs. Universidad de Dakota del Sur ( 1974 ), concluyó las instituciones pueden requerir que todos los estudiantes de nuevo ingreso y de segundo año vivan en los dormitorios del campus Y no discrimine entre grupos de edad.
En el caso Piazzola Vs. Watkins ( 1971 ), se indicó que los estudiantes no pueden renunciar a la inspección de dormitorio. Existe una posibilidad de que los dormitorios sean inspeccionados de manera aleatoria.
El personal de la universidad podrán entrar a las habitaciones en caso de emergencias o si tienen pruebas de actividades ilegales o una amenaza para el entorno educativo. Estos dos términos deben estar claramente estipulada con anticipación. De lo contrario, las instituciones deberán tener, un permiso legal para entrar.Cuando los dormitorios son registrados de manera legal, las autoridades cuentan con permisos legales, los estudiantes no están protegidos contra los daños de propiedad, contraídos en el proceso de búsqueda o acción tomada cuando la evidencia está a la vista.
Las pruebas encontradas en los dormitorios de estudiantes por empleados no se puede utilizados en un tribunal. Las instituciones no pueden permitir a la policía para llevar a cabo una búsqueda sin una orden de saqueo. Los estudiantes no pueden ser castigados por negarse una inspección por parte de las autoridades del campus o de la policía. Cuando los estudiantes permiten que las autoridades de la institución inspeccione, las evidencias encontradas en las habitaciones pueden ser utilizadas en contra de los estudiantes.
El caso Griswald Vs. Connecticut ( 1965 ) se señaló que en la tercera, cuarta y décima quinta enmienda se constituyen un derecho inalienable a la privacidad. Los estudiantes cuentan con los mismos derechos a la privacidad extendidos a la comunidad en general.
La Ley de los Derechos de la Familia y Privacidad de 1971 [122] y la Ley de Oportunidades para una Educación Superior de 2008 ambas protegen la información de los estudiantes. Los estudiantes tienen el derecho de acceder a sus registros, negar el mantenimiento de registros y un control limitado sobre la entrega de documentos a terceros.
FRPA y la HOEA requieren que los estudiantes firmen un comunicado antes de que se proporcionen sus registros estudiantiles para terceros (por ejemplo: a los padres y empleados). Esta legislación no permite que las escuelas divulgan la información sin el consentimiento del estudiante. La información del estudiante podrá ser utilizada con el propósito de una auditoría institucional, una evaluación o estudio, para la ayuda estudiantil , la acreditación institucional, el cumplimiento de cuestiones legales o funcionarios del sistema de justicia juvenil o con el fin de cumplir con leyes que exigen la identificación de los delincuentes sexuales en la escuela. Las instituciones también pueden revelar información a los tutores del estudiante, si el estudiante es declarado dependiente para propósitos de la declaración de impuestos (FERPA).
Bajo FERPA, las escuelas pueden publicar la información del directorio, incluyendo el nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, premios, fechas de asistencia o el número de identificación del estudiante, a menos de que los estudiantes piden a la escuela que esa información no sea relevada. La institución debe informar a los estudiantes que tienen estos derechos.
Las personas pueden utilizar seudónimos en línea y no están obligados a identificarse (Kaplan & Lee, 2011).
En el 2008 la Ley de Oportunidad para una Educación Superior ( con sus siglas en inglés HOEA,2008) estableció que todas las escuelas universitarias proporciones a los estudiantes con información válida para que ellos puedan hacer decisiones más objetivas. Esta información debe de ser presentada en la página de internet del Departamento de Educación (con sus siglas en inglés DOE). Aquí los estudiantes podrán saber, los costos por semestre, los costos totales de la carrera, estadísticas con las siguientes categorías: sexo, habilidades, etnias, los pasos para transferirse de universidades, los resultados de los exámenes del ACT/ SAT, los carreras ofrecidas en la universidad, inscripciones, reconocimientos. También las instituciones deben de proporcionar la información que los estudiantes necesitan para transferirse de un colegio a una universidad.
El HOEA estableció que las instituciones de educación superior, deben revelar información sobre ayuda financiera, que esencialmente de publicidad al programa de ayuda financiera, la información de los préstamos con garantía federal o subsidios y préstamos privados. Las escuelas están obligadas a procesar cualquier préstamo elegido por los estudiantes.
De acuerdo con el HOEA de 2008, indica que las revelaciones de información de ayuda financiera deben incluir la ayuda financiera promedio otorgada por persona, el costo de la matrícula, cuotas, alojamiento, comida, libros, suministros y transporte.
De acuerdo con el HOEA de 2008, se concluyó que es necesaria la revelación de información de ayuda financiera.
Las indicaciones de los préstamos incluir los detalles del prestamista, la cantidad total del préstamo, los honorarios, tasas de interés, datos de interés, límites de endeudamiento, el saldo acumulado, el pago estimado, la frecuencia, la fecha de inicio, mínimo y el máximo de los pagos, el perdón, la consolidación y sanciones.
También se requiere que las instituciones utilicen la terminología financiera estándar y una difusión de información normalizada sobre ayuda financiera, formas, procedimientos, seguridad de datos y bases de datos en búsqueda de ayuda económica para asegurar que los estudiantes puedan comprender fácilmente sus derechos y obligaciones contractuales. Los formularios deben ser claros y concisos, de fácil lectura y con acceso para estudiantes discapacitados.
La HOEA ( 2008 ) requiere información detallada de préstamos estudiantiles federales a terceros, en la cual se pueda encontrar tasas fijas y variables, ajustes los límites de préstamos, los requisitos, los préstamos máximos, tasas de interés, los montos, el devengo de intereses, necesidades totales de amortización estimado, máximo mensual de pago y opciones de aplazamiento.
En el caso Van Stry Vs. State ( 1984 ) se dictaminó que las tasas de inscripción de los estudiantes no podrán ser usadas por la institución para apoyar a organizaciones fuera de la universidad. Los docentes tienen el derecho de negarse a pagar cuotas sindicales cuando se asignan a fines políticos discutibles. Esto implica que los estudiantes tienen el derecho a saber cuáles son las actividades que se están asignados.
La Ley de Oportunidades de Educación Superior de 2008 exige la revelación de información de los atletas incluyendo la matrícula de los atletas, el número de equipos y estadísticas del equipo , incluyendo el número de jugadores, los gastos de operación del equipo, la contratación, los salarios de los entrenadores y los ingresos del equipo (HEOA, 2008). Esta información es necesaria para garantizar que se cumplan las normas de igualdad. Esto asegura que las instituciones están cumpliendo el Título IX de la Ley de Educación Superior de 1972, las cuales son enmiendas que limita la discriminación sexual y exige a las entidades a ofrecer igualdad en los deportes y clubs estudiantiles.
Encontraron en el caso Rosenberger v. Rector and Visitors of the University of Virginia (1995) cuotas de estudiantes debían ser asignados de manera neutral. Ellos no pueden estar basadas en puntos de vista religiosos, políticos ni personales ((Henderickson; Good v. Associated Students University of Washington). También se instauró que los estudiantes no pueden recibir un castigo. Esto sugiere que los estudiantes tienen derecho a la justificación política para saber si se está utilizando el punto de vista neutral.
Los estudiantes pueden esperar la protección del mal uso del tiempo; los maestros no pueden perder el tiempo del estudiante o utilizar la clase como un público sumiso ni dar lecciones que no están relacionadas con el curso. En el caso Riggin v Bd. of Trustees of Ball St. Universtiy, se declaró que los instructores no pueden "perder el tiempo de los estudiantes que han llegado allí y pagan dinero para un propósito diferente."
Los estudiantes deben ser clasificadas de manera justa y de acuerdo con los criterios establecidos por los programas de curso. Además están protegidos de nuevos criterios de clasificación. Las instituciones tienen la responsabilidad de preservar los criterios de calificación, que los modos de calificar sean justos y válidos para todos los estudiantes.
El 1990 Americans with Disabilities Act y la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 protegen a los estudiantes contra la discriminación basada en su capacidad
En el caso Froster Vs. Board of Trustees of Butler County Community College (1991) encontraron que los estudiantes no tienen derecho cuando la solicitud de admisión ha sido rechazada puesto que aún no son estudiantes.
Se requiere el debido proceso cuando las acciones tienen el potencial de una pérdida económica o pérdida de ingreso, etc. Esto incluye la revocación o el despido. Los estudiantes tienen un interés en permanecer en la institución y que la eliminación indebida forma de protección.
Los estudiantes también tienen derecho a la libertad de protegerse de la difamación de carácter o una amenaza a su reputación. Los tribunales federales de distrito han concluido en que se requiere el debido proceso en los casos de acusaciones de plagio, el engaño y la falsificación de los datos de la investigación.
In disciplinary measures students are entitled to the provision of a definite charge.
Los estudiantes tienen derecho a un pronto aviso de los cargos por ejemplo:.10 días antes de la audiencia.
En los casos de expulsión, el estudiante tiene derecho a juicio con un juez.
Los estudiantes pueden inspeccionar los documentos considerados por los funcionarios institucionales en las audiencias disciplinarias.
Los estudiantes pueden ser testigos y contar su historia durante las audiencias disciplinarias.
Los estudiantes pueden esperar sentencias en audiencias disciplinarias que se basan únicamente en la evidencia presentada en la audiencia
Los estudiantes pueden esperar recibir un informe escrito de los resultados de las audiencias disciplinarias que muestren las decisiones y las evidencias. Students are also entitled to a hearing before a person or committee not involved in the dispute.
En el caso de Board of Curators of the University of Missouri et al. v. Horowitz (1978) se encontró que debe de existir justicia en las decisiones a) no puede ser arbitraria o inconstante , b ) debe proporcionar la igualdad de trato en relación con el sexo , la religión o la apariencia personal, etc. y c ) debe ser determinada en una cuidadosa y deliberada manera.
Las audiencias deben llevarse a cabo antes de la suspensión o un acto de disciplina, al menos que exista una amenaza de peligro, daño a la propiedad o la interrupción académica.
En el caso Texas Lightsey v King ( 1983 ) [143] se determinó que el debido proceso exige que los resultados de la investigación se tomarán en serio. Un estudiante no puede, por ejemplo, ser expulsado por hacer trampa después de que una audiencia lo haya encontrado no culpable.
La American Bar Association ( ABA) encontró que una audiencia justa e imparcial también impide el uso de políticas de tolerancia, las cuales ignoran las circunstancias que rodean una acción. Una persona que comete un delito, puesto que cree que está en peligro, no se hace responsable de la misma manera como un individuo que lleva a cabo el mismo delito por el interés propio.
Los estudiantes acusados de actos criminales, incluyendo posesión de drogas, plagio, hacer trampa y falsificación de los datos de la investigación o de fraude , pueden tener mayores derechos debido al proceso.
Los estudiantes acusados de actos criminales pueden interrogar a los testigos counsel.
Los estudiantes acusados de actos criminales pueden tener un juicio público para asegurarse de que se lleva a cabo de manera justa. counsel.
En las audiencias no penales en el ámbito educativo, las escuelas pueden usar pruebas estándar, pero en materia penal , deben tener pruebas claras y convincentes. .
Los estudiantes acusados de actos criminales deben tener acceso a un proceso de apelación más alto.
Se propone que la Ley de Igualdad de Estudiantes y Administración de la legislación en la Asamblea General de Carolina del Norte ( Proyecto de Ley 843) permita a cualquier estudiante o organización estudiantil que está acusado de una violación de conducta en una universidad estatal de Carolina del Norte, el derecho a ser representado por un abogado en cualquier etapa del proceso disciplinario en relación con la imputación de una falta.
Los estudiantes están protegidos de búsquedas injustificadas. La cuarta y decimocuarta enmiendas protegen al estudiante de una búsqueda sin orden judicial. Las personas cuentan con el derecho a estar "seguro en sus persona, domicilio, papeles y efectos." Búsqueda e incautación derechos no se aplican a los automóviles.
Las personas están protegidas de ser detenido por la policía del campus sin una orden de arresto legal.
Los estudiantes están protegidos del arresto por la policía del campus como los individuos están protegidos fuera del entorno educativo.
En el caso Piazzola v Watkins ( 1971 ), se dictaminó que los estudiantes no están obligados a renunciar al derecho de búsqueda e inspección del dormitorio. La inspección de los dormitorios de manera aleatoria son impredecibles.
El personal de la universidad podrán entrar a las habitaciones en caso de emergencias o si tienen pruebas de actividades ilegales o una amenaza para el entorno educativo. Estos dos términos deben estar claramente estipulada con anticipación. De lo contrario, las instituciones deberán tener, un permiso legal para entrar. Cuando los dormitorios son registrados de manera legal, las autoridades cuentan con permisos legales , los estudiantes no están protegidos contra los daños de propiedad, contraídos en el proceso de búsqueda o acción tomada cuando la evidencia está a la vista.
Las pruebas encontradas en los dormitorios de estudiantes por empleados no se puede utilizados en un tribunal. Las instituciones no pueden permitir a la policía para llevar a cabo una búsqueda sin una orden de saqueo. Los estudiantes no pueden ser castigados por negarse una inspección por parte de las autoridades del campus o de la policía. Cuando los estudiantes permiten que las autoridades de la institución inspeccione, las evidencias encontradas en las habitaciones pueden ser utilizadas en contra de los estudiantes.
Varios tribunales estatales también han encontrado que las instituciones tienen la responsabilidad de prevenir o hacer un esfuerzo para limitar lesiones en el campus
En el caso Knoll Vs. Board of Regents of the University of Nebraska(1999) se concluyó que las instituciones son responsables de garantizar la seguridad de las instalaciones que están ya sea bajo la jurisdicción institucional o de supervisión. Las instituciones son, por lo tanto, responsable de los dormitorios y fraternidades pertenecientes institucionalmente ya sea en el campus o fuera del campus. Al asumir un papel regulador la institución, también asume esta responsabilidad. Otro tribunal estatal encontró que cuando los estudiantes no están autorizados legalmente de estar en propiedad institucional o en edificios institucionales después de horas permitidas. Cuando las instituciones voluntariamente asumen total responsabilidad.
Los estudiantes deben estar a salvo de la delincuencia visible sobre todo en vista de las autoridades del campus. Instituciones están obligadas a tomar las precauciones de seguridad necesarias, incluyendo el monitoreo de personal no autorizadas en los dormitorios, monitoreo del personal no autorizado cuando representen una amenaza para la seguridad. Por último la institución debe de garantizar la seguridad suprema en sus instalaciones
Los estudiantes merecen la protección de otros estudiantes. Las instituciones deben de mantener una supervisión en: Clubes, hermandades , fraternidades y equipos. Esto, por ejemplo , incluye la protección contra las novatadas de las fraternidad aunque las fraternidades no sean propiedad institucional. La institución también tiene la responsabilidad de informarse sobre los riesgos de seguridad existentes en los programas regulados institucionalmente ( Blanco, 2007).
Los estudiantes tienen el derecho a las libertades constitucionales y protecciones en instituciones de educación superior. Antes de la década de 1960 las instituciones de educación superior no tenían que respetar los derechos constitucionales de los estudiantes, pero podrían actuar como un padre en el interés del estudiante (Nancy Thomas, 1991 ) . En 1960 el caso Shelton v Turner se dictaminó "la protección vigilante de las libertades constitucionales en la comunidad de las escuelas americanas" y en 1961, en el caso Dixon Vs. Alabama, se encontró que los estudiantes no estaban obligados a renunciar, como condición para ser admitidos, a sus derechos y protecciones constitucionales.
Los estudiantes pueden sus derechos de la Primera Enmienda en las instituciones de educación superior. En el caso Papish Vs. Board of Curators of the Univ. of Missouri (1973) y Joyner Vs. Whiting ( 1973 ) decidieron que los estudiantes pueden expresarse libremente, siempre y cuando no interfiera con los derechos de otros o de la operación de la escuela. Debido a que las escuelas son lugares de educación que pueden regular la intervención de tiempo, modo y lugar, deben de ser zonas de libre expresión para los estudiantes. as long as they are not used to limit expression.
La primera enmienda protege, la libre expresión. En el caso Texas Vs. Johnson (1989) encontró que "si hay un principio fundamental que subyace a la primera enmienda, que es que el gobierno no puede prohibir la expresión de una idea simplemente porque la sociedad la encontrara ofensiva o desagradable. La primera enmienda no reconoce excepciones de intolerancia, el racismo ni la intolerancia religiosa o las ideas o asuntos que algunos pueden considerar trivial, vulgar o profano."
Trajes, brazaletes, editoriales de periódicos y manifestaciones han sido encontrados como formas legales de libertad de expresión.
La primera enmienda cubre las comunicaciones por Internet. En los foros designados por la institución, los estudiantes pueden expresarse sin regulación. Online Policy Group v. Diebold, Inc., 2004 Regulation may take place to prevent illegal activities.
En la Enmienda de la Ley una Educación Superior, en el título IX protege a todos los sexos sin importar, el estatus familiar o conyugal o si se encuentra embarazada. Este ley también protege a las personas transexuales, intersexuales o transgéneros.
La instituciones tienen la obligación de proporcionar las mismas oportunidades para todos los estudiantes en las áreas de atletismo, bandas y clubes. Esto incluye una igualdad en las acomodidades en los intereses y habilidades de todos los estudiantes, incluyendo la facilidad de tener un casillero, servicio médico, coaching y ayuda por parte de los profesores. Para segurar que las mujeres contarán con las mismas oportunidades, las instituciones son responsables de ofrecerles oportunidades atléticas al momento de inscribirse a la universidad, y darles la oportunidad de desmostrar sus talentos y habilidades en cualquier actividad escholar.
En la Acta de Americans With Disabilities (ADA) y la sección 504 de la Acta de Rehabilitación, prohibits ability discrimination in higher education. cuentan con el mismo derecho de un trato de igualdad en los aspectos académicos como el laboral.
Individuos no podrán ser discriminados por el color de su piel ni en las escuelas primarias, secundarias ni preparatorias, ni en las universidades.
Los individuos tienen el derecho a ser tratados con respeto e igualdad no importando la nacionalidad del estudiante, mientras sean ciudadanos o residentes de Estados Unidos. La Reforma migratoria de 1986 prohibió la discriminación sobre la base de la ciudadanía de la persona. Instituciones deben de acpetar en sus instalaciones a estudiantes que no sean ni residentes ni ciudadanos del país. .
Discriminación debido a la edad está prohibido por la Acte de Discriminación de edad de 1975. This act builds on the 1967 Age Discrimination in Employment Act. Esta acta brinda la protección y el derecho a tener el mismo trato para los estudiantes y no dependa de la edad que tienen.
En el caso Gay Activists Alliance v. Board of Regents of University of Oklahoma (1981) se dictaminó que los grupos estudiantiles deben de proporcionar una atmósfera de equidad para todos los estudiantes.
En el caso Healey Vs. James (1972) encontraron que los estudiantes tienen el derecho a la libre determinación. "Los estudiantes bajo la Enmienda 26 , son elegibles a votar cuando cumplan los 18 años de edad. Sus intereses y preocupaciones son a menudo muy diferentes a los de la facultad. A menudo tienen valores, las ideas e ideologías que son contrarias a las que tiene la universidad Bradshaw v. Rawlings (1979),
Los estudiantes están protegidos contra la discriminación por razón de sexo en cualquier programa o actividad que reciba fondos federales, excepto en aspectos militares, fraternidades o hermandades. Existen protecciones para el empleo público como el empleo privado.Todas las oportunidades de empleo deben estar basados en el mérito.
Todos los sexos tienen el derecho a un mismo salario. Esto incluiría el empleo de estudiantes. Esto puede sugerir que las personas transexuales también tienen derecho a la igualdad de paga en el lugar de trabajo.
Las mujeres no tienen que permiso de embarazo antes del nacimiento. Existe el derecho a la licencia por parte de un médico para seguir trabajando.
El acoso sexual está prohibido tanto en entornos educativos como en el lugar de trabajo se aplica también a los dos opuesto o del mismo sexo el acoso entre empleados.
El Departamento de Educación y la Oficina de Derechos Civiles contra el Acoso sexual 1997 encontró que las instituciones son responsables de los incidentes que estaba al tanto, si la institución cuenta con la información de que se cometió un caso de acoso sexual debe emprender acciones inmediatas.
Ability discrimination, Americans With Disabilities Act (ADA ) y la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973.Individuals designated with a disability by a medical professional, legally recognized with a disability Los individuos designados con una discapacidad por un profesional médico, tienen derecho a la igualdad y de un trato justo.
Las personas tienen el derecho a la igualdad de trato independientemente de su origen nacional en los entornos de trabajo.siempre que sean ciudadanos o residentes de los Estados Unidos. [37][193] La Ley de Control de Inmigración y Reforma 1986 también prohíbe la discriminación basada en la ciudadanía.
Rumania es el país que tiene la mayor legislación de derechos estudiantes, los cuales actualmente están vigor. En 2011, la Alianza Nacional de Organizaciones de Estudiantes en Rumania, trabajó con el Gobierno Nacional Rumano para promulgar como ley el Código Nacional de los Derechos y Responsabilidades del Estudiante rumano. Este documento proporciona a los estudiantes rumanos con aproximadamente un centenar de derechos necesarios para garantizar el cumplimiento de estos derechos. Este documento incluye los siguientes derechos
Los estudiantes, tanto en Europa y Norte América comenzaron a llamar para la expansión de los derechos civiles y los derechos de los estudiantes durante la época de la Guerra de Vietnam. Establecieron derechos legales mediante la formación de sindicatos de estudiantes y las políticas institucionales. En Estados Unidos, por ejemplo , los estudiantes obtuvieron el derecho de conservar sus derechos civiles en las instituciones de educación superior. IEn Europa, este movimiento ha sido explosivo. Los estudiantes se han unido y han formado sindicatos en las distintas instituciones, tanto a nivel estatal como nacional y, finalmente, a nivel continental con la Unión Europea de Estudiantes. Han sido instrumental para decidir los derechos de los distintos países y en la UE en general. En 2011, por ejemplo , Rumania extendió un amplio proyecto de ley nacional de derechos estudiantiles que ofrecen a los estudiantes rumanos con un centenar de los derechos reunidos en un documento claro y de fácil acceso. Europa también ha establecido una legislación que establece los derechos de los estudiantes de la UE que estudian en otros países de la UE. El movimiento estudiantil de Europea y de Estados Unidos han sido muy diferentes. Estas diferencias pueden ser un factor para determinar que los estudiantes europeos han tenido mayor éxito en la obtención de los derechos estudiantiles, desde el derecho al acceso a la educación gratuita , de estudiar libremente en otro país de la UE y derecho a ejercer sus derechos legales nacionales en las instituciones de educación superior.
Las diferencias entre los movimientos estudiantiles europeos y estadounidense
El mandato de Estudiantes de la Unión Europea requiere que la ESU determine las demandas de los estudiantes y darlas a conocer a los legisladores. La Asociación Estudiantil de EE.UU. también tiene un mandato para amplificar la voz de los estudiantes en la toma de decisiones legales. La ESU se centra en la recopilación de las aportaciones de los estudiantes de todo el país, crea un proyecto de ley de derechos estudiantiles que permiten a los estudiantes a criticar, proponer propuestas de nuevos derechos y luego crea los recursos de información para que los estudiantes conozcan sus derechos. • Grupos estudiantiles institucionales: Una unión estudiantil Vs. un enfoque del gobierno estudiantil El movimiento estudiantil europeo y el movimiento de Estados Unidos también se diferencian a nivel local. En Europa la mayoría de las organizaciones estudiantiles se les conoce como sindicatos de estudiantes, los cuales están involucrados en favor por la obtención de los derechos de los estudiantes. En Estados Unidos estos se les conoce como los Gobiernos Estudiantiles o Asociaciones de Estudiantes y la atención se centra más en el aprendizaje del proceso democrático. El problema es, sin embargo, que la mayoría de los gobiernos estudiantiles solo tienen representación sobre el 20-25% en el Senado Académico y no cuentan con experiencia en los procesos democráticos que otros representantes institucionales tienen. Los gobiernos de los estudiantes se centran en enseñar a los estudiantes a ser líderes y participar en la democracia, donde los sindicatos se centran más en la determinación de la voz del estudiante y el logro de los derechos de los estudiantes a través de la representación.
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Fleming v. New York University, 865 F. 2d 478 (2nd Cir. 1989)
Florida ex rel. Hawkins v. Board of Control, 350 US 413 (1956)
Franklin v. Gwinnett County Public Schools, 503 US 60 (1992)
French v. Bashful, 303 F. Supp. 1333 (ED LA 1969)
Furek v. University of Delaware, 594 A. 2d 506 (DE Supp. 1991)
Gabrilowitz v. Newman, 582 F. 2d 100 (1st Cir. 1978)
García v. S.U.N.Y. Health Sciences Center of Brooklyn, 280 F. 3d 98 (2nd Cir. 2001)
Gay Activists Alliance v. Bd. of Regents of Univ. of Oklahoma, 638 P. 2d 1116 (OK Sup. 1981)
Gay Students Org. of the University of New Hampshire v. Bonner, 509 F. 2d 652 (1st Cir. 1974)
Gay Student Services v. Texas A&M University, 737 F. 2d 1317 (5th Cir. 1984)
Gebser v. Lago Vista Independent School District, 524 US 274 (1998)
Goldberg v. Kelly, 397 US 254 (1970)
Good v. Associated Students, Univ. of Washington, 542 P. 2d 762 (WA Sup. 1975)
Goodman v. President and Trustees of Bowdoin College, 135 F. Supp. 2d 40 (D. MA 2001)
Gossett v. State of Oklahoma, 245 F.3d 1172 (10th Cir. 2001)
Gott v. Berea College, 161 SW 204 (KY 1913)
Gratz v. Bollinger, 539 US 244 (2003)
Griswald v. Connecticut, 381 US 479 (1965)
Gross v. Lopez, 419 US 565 (SUPREME 1975)
Grove v. Ohio State University, 424 S. Supp. 377 (D. OH 1976)
Hall vs. Medical College of Ohio, 742 F. 2d 299 (6th Cir. 1984)
Harris v. Forklift Systems Inc., 510 US 17 (1993)
Harwood v. Johns Hopkins, 747 A. 2d 205 (MD Spec. App. 2000
Healey v. James, 408 US 169 (1972)
Healy v. Larsson, 323 NYS 2d 625 (NY Sup. 1971)
Henson v. Honor Committee of the University of Virginia, 719 F. 2d 69 (4th Cir. 1983)
Hickey v. Zezulka, 487 NW 2d 106 (MI Sup. 1992)
Hill v. NCAA, 273 Cal. Rptr. 402 (CA App. Div. 1990)
Hill v. NCAA, 865 P. 2d 633, 7 (CA Sup. 1994)
Hogan v. Mississippi State School for Women, 458 US 718 (1982)
Hopwood v. Texas, 78 F. 3d 932 (5th Cir. 1996)
Jenkins v. Louisiana State Board of Education, 506 F. 2d 992 (5th Cir. 1975)
Johnson v. Schmitz, 119 F. Supp. 2d 90 (D CO 2000)
Joyner v. Whiting, 477 F. 2d 456 (4th Cir. 1973)
Klein v. Smith, 635 F. Supp. 1140 (D MA 1986)
Knoll v. Board of Regents of the University of Nebraska, 601 NW 2d 757 (NB Sup. 1999)
Laura O. v. State, 610 NYS 2d 826 (NY App. Div. 1994)
Lesser v. Board of Education of New York, 1963 239 NYS 2d 776 (NY App. Div. 1963)
Levin v. Yeshiva University, 709 NYS 2d 392 (NY App. Div. 2000)
Long v. University of North Carolina at Wilmington, 461 SE 2d 773 (NC App. Div. 1995)
Lovelace v. Southeastern Mass, 793 F. 2d 419 (1st Cir. 1986)
Loving v. Boren, 956 F. Supp. 953 (WD OK 1997)
Mahavongsanan v. Hall, 529 F. 2d 448 (5th Cir. 1976)
Mainstream Loudoun v. Bd of Trustees of Loudoun County Library, 2 F. Supp. 783 (ED VA 1998)
Mangala v. Brown University, 135 F. 3d 80 (1st Cir. 1998)
Matthews v. Elderidge, 424 US 319 (1976)
McDonald v. Hogness, 598 P. 2d 707 (WA Sup. 1979)
McDonald v. Santa Fe Trail Transportation Co., 427 US 273 (1976)
Miller v. State, 478 NYS 2d 829 (NY Supp. 1984)
Mississippi Medical Center v. Hughes, 765 So. 2d 528 (MI Supp. 2000)
Moore v. Student Affairs Committee of Troy State University, 284 F. Supp. (MD AB 1968)
Morale v. Grigel, 422 F. Supp. 988 (D. NH 1976)
Morse v. Regents of the University of Colorado, 154 F. 3d 1124 (10th Cir. 1998)
Mullins v. Pine Manor College, 449 NE 2d 331 (Mass. Supp. 1983)
Gay Students Organization of New Hampshire v. Bonner, 509 F. 2d 652 (1st Cir. 1974)
New York v. Ferber, 458 US 747 (1982)
NCAA v. Tarkanian, 488 US 179 (1988)
Nogueras v. University of Puerto Rico, 890 US 179 (D. PR 1995)
Nyquist v. Jean-Marie Mauclet, 432 US 1 (1977)
O'Halloran v. University of Washington, 856 F. 2d 1375 (9th Cir. 1988)
Online Policy Group v. Diebold, Inc. 337 F. Supp. 2d 1195 (D. ND 2004)
Orin v. Barclay, 272 F. 3d. 1207 (9th Cir. 2001)
Papish v. Board of Curators of the University of Missouri, 410 US 667 (1973)
Parate v. Isibor, 868 F. 2d 821 (6th Cir. 1989)
Perry Ed. Assoc. v. Perry Local Ed. Assoc., 460 US 37 (1983)
Piazzola v. Watkins, 442 F. 2d 284 (5th Cir. 1971)
PPAU of Col. & Willamette v. Am. Coalition of Life Advocates, 290 F. 3d 1058 (9th Cir. 2002)
Plyler v. Doe, 457 US 202 (1982)
Podberesky v. Kirwan, 38 F. 3d 147 (4th Cir. 1994)
Police Department v. Mosley, 408 US 92 (1972)
Prostrollo v. University of South Dakota, 507 F. 2d 775 (8th Cir. 1974)
Pushkin v. Regents of the University of Colorado, 658 F. 2d 1372 (10th Cir. 1981)
Reno v. American Civil Liberties Union, 521 US 844 (1997)
Riggin v. Bd. of Trustees of Ball St. Univ., 489 NE 2d 616 (D. IN 1986)
Roberts v. Haragan, 346 F. Supp. 2d 853 (D. TX 2004)
Rosenberger v. Rector and Visitors of the University of Virginia, 515 US 819 (1995)
Rosenthal v. Webster University, 230 F.3d 1363 (8th Cir. 2000)
Ross v. Creighton University, 957 F. 2d 410 (7th Cir. 1992)
Salvador v. Bennett, 800 F. 2d 97 (7th Cir. 1986)
Schaer v. Braneis, U. 735 NE 2d 373 (Mass. Sup. 2000)
Sharick v. Southeastern University of the Health Sciences, 780 So. 2d 136 (D. FL 2000)
Sharif by Salahuddin v. New York State Education Department, 709 F. Supp. 345 (D. SD 1989)
Shelton v. Turner, 364 U.S. 479, 487 (1960)
Shin v. MIT, LEXIS 333, at 22 (Mass. Sup. 2005)
Smyth v. Lubbers, 398 F. Supp. 777 (WD MI 1975)
Southeastern Community College v. Davis, 442 US 397 (1979)
Speakes v. Grantham, 317 F. Supp. 1253 (SD MI 1970)
Spartacus Youth League v. Bd. of Trustees of IL Industrial Univ., 502 F. Supp. 789 (ND IL 1980)
Stanley v. McGrath, 719 F. 2d 279 (8th Cir. 1983)
State v. Hunter, 831 P. 2d 1033 (UT App. Div. 1992)
State of North Carolina v. Pendleton, 451 SE 2d 274 (NC Supp. 1994)
State of Washington v. Chrisman, 455 US 1 (1982)
Sweezy v. New Hampshire, 345 US 234 (1957)
Tedeschi v. Wagner College, 402 NYS 2d 967 (NY Sup. 1978)
Texas v. Johnson, 491 US 397 (1989)
Tinker vs. Des Moines Independent Community School District, 393 US 503 (1969)
Texas Lightsey v. King, 567 F. Supp. 645 (ED NY1983)
Tully v. Orr, 608 F. Supp. 1222 (ED NY 1985)
United States v. Fordice, 505 US 717 (1992)
United States v. Commonwealth of Virginia, 976 F. 2d 890 (4th Cir. 1992)
United States v. League of United Latin American Citizens, 793 F. 2d 636 (5th Cir. 1986)
University of Texas v. Camenisch, 451 US 390 (1981)
United States v. Orozco-Santillan, 903 F. 2d 1262 (9th Cir. 1990)
Vangeli v. Schneider, 598 NYS 2d 837 (NY App. Div. 1993)
Van Stry v. State, 479 NYS 2d 258 (NY App. Div. 1984)
Widmar v. Vincent, 454 US 263 (1981)
Williams v. Saxbe, 413 F. Supp. 654 (D. DC 1976)
White v. Davis, 533 P. 2d 222 (CA Supp. 1975)
Woods v. The Wright Institute, 141 F. 3d 1183 (9th Cir. 1998)
Woodis v. Westark Community College, 160 F. 3d 435 (8th Cir. 1998)
Wright v. Schreffler, 618 A. 2d 412 (PA Sup. 1992)
Wright v. Texas Southern University, 392 F. 2d 728 (5th Cir. 1968)
Wynne v. Tufts University School of Medicine, 976 F. 2d 791 (1st Cir. 1992)
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