La desaparición forzada en Colombia es un practica violenta y represiva que han utilizado diferentes organizaciones y actores armados durante el Conflicto armado interno de Colombia para ejercer el control y el poder sobre la población civil. El primer caso registrado fue en la década de 1970.
El 21 de diciembre del 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia existe un registro de 83 mil víctimas de desaparición forzada, mientras que organizaciones sociales y de derechos humanos advierten que contando los casos no registrados podrían ser entre 90 y 120 mil.
Entre 1988 y 2012, se presentaron 25,007 casos de víctimas de desaparición forzada.
La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entiende la desaparición forzada como la privación de la libertad de una o varias personas, en donde se presenta una privación de derechos como la libertad y la seguridad personal. Una de las características de este crimen es que los perpetradores ocultan o desconocen dicha privación. La Constitución Política de Colombia de 1991 establece:
El Código Penal Colombiano en su artículo 165 establece que cualquier particular que pertenezca a un grupo armado al margen de la ley, o un servidor público o alguien que actúe en connivencia con este incurrirá en:
El primer caso de desaparición forzada registrado formalmente en Colombia es el de la militante de izquierda Omaira Montoya, quien fue detenida por el entonces servicio secreto de la Policía (F2) el 9 de septiembre de 1977 en Barranquilla. Para ese periodo, Colombia se encontraba bajo la política del Estatuto de Seguridad del Gobierno de Julio César Turbay (1978-1982). Para ese momento la desaparición forzada no estaba tipificada dentro del ordenamiento jurídico nacional, lo que facilitó que algunos agentes del Estado y civiles acudieron a esta práctica como un método de eliminación de la insurgencia. En 1984, la desaparición forzada de Luis Fernando Lalinde, entregado a su madre en 1996 tras una búsqueda denominada 'Operación Sirirí'.
Una vez se recrudeció el conflicto armado interno en Colombia, la desaparición forzada comenzó a ser utilizada por los diferentes actores armados como un mecanismo de terror. Los principales perpetradores de este delito fueron los grupos paramilitares, seguidos de las guerrillas y los agentes del Estado.
El primer intento de tipificación de la desaparición forzada como un delito fue en 1988, en un proyecto de ley presentado por el entonces Ministro de Justicia, Guillermo Plazas Acid. Sin embargo, no fue hasta la Constitución Política de 1991 que se estableció como parte de los derechos fundamentales:
Como respuesta a los nuevos derechos y garantías consagrados en la Carta Política de 1991, la desaparición forzada se consolidó como una estrategia de ocultamiento de la violencia y como una forma de seguir haciendo eficaz la lucha contrainsurgente.Entre los años 1995 y 1997 se dio el periodo expansionista de los grupos paramilitares, quienes se enfrentaron contra las guerrillas de izquierda buscando controlar el territorio nacional y que utilizaron la desaparición forzada como una manera de infundir terror en la población. Sin embargo, entre 2003 y 2006, estos grupos organizados bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) negociaron su desmovilización con el Estado en un proceso conocido como Justicia y Paz.
Con la expedición de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se estableció que las víctimas de desaparición forzada tienen el derecho a conocer la verdad frente a lo sucedido y a la reparación económica y moral respectiva.
El 30 de noviembre de 2018 en Buenos Aires (Argentina) se instalaron por parte del Colectivo de Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz (MeCoPa) y el proyecto Baldosas por la Memoria, baldosas en memoria de 5 colombianos desaparecidos durante la Dictadura Argentina.
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