La deuda pública en España es el conjunto de deudas que mantiene el Estado español frente a los particulares que pueden ser españoles o de otro país. Los títulos de deuda pública existentes actualmente son las Letras del Tesoro, los Bonos del Estado y las Obligaciones del Estado, atendiendo principalmente a su plazo de amortización. La deuda pública ascendía en 2016 al 98,98% del Producto Interior Bruto, muy lejos del 7,3 %, mínimo histórico marcado el 1 de enero de 1976.
La deuda pública española, en relación con el PIB, según datos de Eurostat, alcanzó en 1996 el 67,4 % del PIB, disminuyó hasta llegar a la cifra mínima en 2007 con el 36,3%, fecha del inicio de la Gran Recesión y crisis española de 2008-2013, incrementándose hasta alcanzar el 98,98 % en 2016.
Evolución de la deuda pública en España en % sobre el PIB
Fuente: Banco de España y datosmacro.com
La deuda pública de España durante el siglo XIX estuvo marcada por la herencia recibida del Antiguo Régimen y por la mala gestión llevada a cabo en el primer tercio del siglo. Fernando VII no reconoció los empréstitos anteriores y desatendió los pagos de la deuda, mientras que los liberales aunque sí reconocieron las deudas emitidas, pero no pudieron pagar los intereses vencidos ni amortizar la deuda.
Las medidas de los ministros de Hacienda durante la primera mitad del siglo XIX agravaron el problema heredado de la deuda, provocando un mayor deterioro de la reputación del Estado como acreedor, impidiendo que la Hacienda Pública española pudiese financiar el déficit a bajos tipos de interés.
Tienen un valor nominal mínimo de 1000 euros y se emiten al descuento de modo que el comprador (en el mercado primario) de uno de estos títulos desembolsa una cantidad inferior a dicha cifra y a su vencimiento recupera 1000 euros.
Las cláusulas de acción colectiva serán aplicables a todos los instrumentos de Deuda Pública del Reino de España emitidos por primera vez en una fecha posterior al 1 de enero de 2013 y con una vida residual de más de un año. Afectarán, por tanto, a todos los nuevos Bonos y Obligaciones del Estado y a todas las notas a medio plazo. No se aplicarán a las Letras del Tesoro.
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