La Dirección General de Prisiones fue un organismo público de España encargado de la administración penitenciaria durante parte de la edad contemporánea.
Tuvo su origen en el cambio de nombre de la Dirección General de Establecimientos Penales llevado a cabo por Julián García San Miguel y Zaldúa, marqués de Teverga, ministro de Gracia y Justicia. Durante el directorio militar de Primo de Rivera, por reales decretos de enero de 1924 se suprimieron el cargo de director general y la dirección general de prisiones. El organismo fue restablecido a finales de 1925 —a comienzos del directorio civil de la dictadura— por el nuevo ministro de Gracia y Justicia, Galo Ponte y Escartín, poniéndose como director general a Constante Miquélez de Mendiluce. Desapareció como tal al cambiarse el nombre por el de Dirección General de Instituciones Penitenciarias, mediante decreto de 1968.
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