Economía campesina

La 'economía campesina' es una forma de producción [familiar] que utiliza productivamente el conjunto de la fuerza de trabajo doméstica y los recursos naturales, sociales y financieros, para garantizar, tanto la subsistencia de la unidad familiar, como también el mejoramiento de su calidad de vida.

La economía campesina tiene una lógica y organización interna que interrelaciona la tierra disponible con los demás medios de producción y la disponibilidad de la fuerza de trabajo familiar, con las necesidades de subsistencia de la familia y de equilibrar estos factores según su articulación con la dinámica del conjunto de la economía y la existencia de cadenas y circuitos productivos y demográficos. El objetivo principal de economía campesina es el bienestar de las familias y dentro la “utilidad marginal” se impone sólo como mecanismo de equilibrio entre los factores internos.

La visión según la cual los campesinos son pasivos, resistentes al cambio, no se corresponde necesariamente con la realidad. La economía campesina tiene su propia lógica que ha sido explotada hasta ahora, no solamente por los terratenientes, sino especialmente por los mercados mundiales y nacionales de materias primas, alimentos y mano de obra y actualmente por los grupos transnacionales del capital.

Esta caracterización general sólo se completa si se tiene claro que el mundo de la economía campesina es profundamente heterogéneo, por razones geográficas, ecológicas y culturales y por factores económicos, como las diferencias en los niveles de ingreso, las relaciones con el mercado y el capital, incluida la demanda u oferta de mano de obra.

No existe actualmente, en cualquier caso, una realidad dual con una economía moderna y progresista y otra economía campesina retrógrada y estancada, sino sólo una estructura, dentro de la cual el campesinado tiene una funcionalidad que significa que sistemáticamente se aprovecha la lógica de su forma de producción o se desplaza o elimina por las expectativas de ganancia de los proyectos de inversión.

Dentro de una estructura social el campesinado puede estar explotado, oprimido y pobre. Históricamente se le desplaza una y otra vez de sus tierras, bien sea para establecer agronegocios o para construir megaproyectos; se le impide una territorialización adecuada, se aprovecha su capacidad de reproducción barata de fuerza de trabajo y se le expropia también de los excedentes de su trabajo, mientras se desconoce su cultura, su participación real en las decisiones nacionales e internacionales, su libertad de organización y la movilización y la autonomía y poder de las comunidades.

Sin embargo, la economía campesina puede cumplir una función dinámica y equitativa dentro de la economía nacional y mundial, siempre y cuando se replanteen, tanto su articulación dentro de las cadenas y los circuitos productivos y demográficos, como las relaciones estructurales nacionales e internacionales y, especialmente, el poder político del campesinado y su capacidad de intervenir decisivamente en las decisiones que afectan la vida de las comunidades rurales. La reforma agraria integral constituye un elemento fundamental de ese replanteamiento económico y político.

A pesar de la creciente urbanización que se da en los países latinoamericanos, la presencia de la agricultura familiar o economía campesina en la región persiste en ser una fuente de creación de empleo y de producción de alimentos más allá de los alcances que están teniendo los tratados de libre comercio.

Este tipo de economía constituye, además, un amortiguador de una mayor expansión de la pobreza, la indigencia y la desnutrición, en particular en los ámbitos rurales de los países.

Tales apreciaciones son parte de las conclusiones a las que se puede llegar como producto de investigaciones que recientemente han dado a conocer tres entidades internacionales: (1) la Oficina Regional Latinoamericana de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de las Naciones Unidas; (2) el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Se considera que un total de 17 millones de unidades de producción pertenecerían a la agricultura familiar en Latinoamérica, tipo de unidad productiva en la que participarían unos 60 millones de personas de manera directa.

En especial el informe de CEPAL, dado a conocer a mediados de diciembre de 2013, estima que “la agricultura familiar representa aproximadamente un 75% de las unidades productivas y que, en algunos países, ese número puede llegar a más del 90%”.

Es cierto que en la mayoría de los países de la región, se han ido imponiendo procesos de industrialización y de urbanización.

Casi solamente en países como Guatemala y Paraguay se tendría una presencia aún importante viviendo en el área rural.

En esto de la ampliación de las grandes ciudades, debe tenerse presente que al mismo tiempo que los centros urbanos crecen, han tendido a extenderse también, las llamadas “villas miseria” es decir áreas marginales ubicadas dentro de la macrocefalia que representan las capitales y grandes urbes de las naciones latinoamericanas.

Esto hace que se requiera ampliar la cobertura de los servicios, y es en este sentido en el que se involucra mucha de la población en las ciudades.

Al no poderse insertar en los circuitos de la producción, la población participa en la esfera de la distribución, esto es en el comercio.

De acuerdo con lo anterior es posible prever que la economía campesina se encuentra en disminución en muchos países.

Destacan en este sentido Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

En esas naciones se evidencia una tendencia a la concentración de tierras lo que se relaciona con la presencia de una importante agricultura comercial.

CEPAL reporta que en Argentina, “el número de unidades de agricultura familiar cayó un 20% entre 1988 y 2002; en Brasil ese número cayó el 10.7% entre 1985 y 2006, en Chile, hubo una reducción del 6.4 %en los últimos 10 años”.

En esto de la agricultura familiar, es de tomar en cuenta que la agricultura como sector económico debe enfrentar problemas estructurales muy importantes, por ejemplo: (1) la tierra es un factor de producción fijo, cuya productividad puede mejorarse mediante semillas mejoradas, riego y fertilizantes; (2) se depende para la producción del clima; (3) los productos agrícolas tienden a ser muy perecederos, no es lo mismo comercializar libros o telas que bananos, que tienen un período de vida útil limitado; (4) la elasticidad de la oferta de lo agrícola tiende a ser alta, muchos productores pueden entrar al mercado y desplomar los precios, como ha pasado con el café en el medio internacional; y (5) la elasticidad de la demanda es más bien reducida.

Por otra parte, los problemas del sector agrícola, si bien es cierto persisten en la esfera de la producción, se centran con mayor intensidad en la comercialización.

De allí que sean muy importantes elementos de infraestructura en el medio rural.

Es cierto que mediante estos acuerdos muchos países latinoamericanos se benefician de los subsidios —unos 240,000 millones de dólares para la agricultura de Estados Unidos— pero a la vez se están aumentando los niveles de vulnerabilidad económica con el exterior.

Los países más desarrollados al subsidiar sus sectores agrícolas saben que producir alimentos les confiere poder político en las relaciones internacionales.

Proteger la economía campesina y su capacidad de uso sostenido de recursos naturales, especialmente aquellos de carácter renovable, implica también dotación de infraestructura física productiva, lo que incluye sistemas de riego, la protección de semillas mejoradas por los campesinos, la utilización de abonos orgánicos y, por supuesto, una prudente combinación con fertilizantes químicos.

En ello juega un papel también de primer orden, la dotación y supervisión de crédito, además de aseguramiento de precios de comercialización, tanto de productos como de insumos.