La corrupción urbanística en España se refiere a los casos de abuso de poder en cargos públicos vinculados a la especulación inmobiliaria y al incumplimiento de las normativas urbanísticas y medioambientales con el objeto de obtener un enriquecimiento ilícito.
Las causas son varias y diversas pero generalmente incluyen financiación por parte de los ayuntamientos y partidos políticos.[cita requerida] Este tipo de corrupción ha tenido una gran incidencia durante los años de la burbuja inmobiliaria en España, previa a la crisis económica de 2008.
Las competencias urbanísticas en España se establecen en el artículo 148 de la Constitución Española:
Las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:
La Sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional modificó el régimen de competencias en materia de urbanismo en España, lo que produjo su asunción por parte de las comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional, en sentencia del 20 de marzo de 1997, derogó casi en su totalidad la ley de 1990/92. Los recursos presentados por varias comunidades autónomas se basaban en que la ley invadía sus competencias sobre ordenación del territorio.
La responsabilidad sobre el urbanismo recayó sobre las comunidades autónomas, que generaron nuevos planes urbanísticos en su territorio. El gobierno central, sin potestades urbanísticas, desde entonces solo legisla en materia de valoraciones para mantener la igualdad ante la ley de la ciudadanía.[cita requerida]
Esta descentralización buscaba una mayor eficacia en la prestación de dichos servicios a través de la cercanía entre la administración y los ciudadanos. Sin embargo ha planteado desafíos en cuanto a la financiación que, según el criterio de diversos colectivos, no han sido bien resueltos. Como los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos el gobierno central ideó otra forma de recaudar impuestos indirectos con la potestad de decidir cuál suelo es urbanizable y cuál no. La financiación a partir de esta recalificación de suelo aumentó la presión fiscal de manera heterogénea e hizo cargar con el mayor peso de la financiación municipal a familias con hipotecas a treinta y cuarenta años.[cita requerida]
La diferencia de precio entre un tipo de suelo y otro puede ser de hasta veinte veces o más. Con la Ley del Suelo los promotores y constructores pagaban a los ayuntamientos cuantiosas sumas por obtener la calificación de "suelo urbanizable" cuyos costos terminaron trasladándose a los compradores de viviendas, en una especie impuesto encubierto incluido en el precio de la vivienda.
Como consecuencia, al igual que un ayuntamiento recibe enormes sumas de dinero de los promotores y constructores para poder pagar los servicios municipales que presta (transporte público, polideportivos, limpieza de calles, etcétera), también los políticos que gobiernan esos ayuntamientos son susceptibles de cobrar a título personal, fenómeno que constituye el núcleo de lo que se conoce como corrupción urbanística.
La ONG Transparencia Internacional en su informe del año 2006 señaló: «el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno, sobre todo "en la costa (...) o en las inmediaciones de las grandes ciudades"». La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en «la calificación del suelo urbano», lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE «donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años».
Esta situación fue también denunciada en el Parlamento Europeo en 2009 por el Informe Auken (elaborado por la eurodiputada verde danesa Magrete Auken) tras cinco años de estudios con la colaboración de plataformas y ciudadanos españoles. Este informe no vinculante pedía, entre otras cosas, «a las autoridades regionales competentes que declaren una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social», recordaba «que la Comisión [...] está facultada a interrumpir la provisión de fondos estructurales» y «de cohesión» y criticaba «los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales». La aprobación del Europarlamento se llevó a cabo a pesar de la campaña de los partidos mayoritarios españoles PP y PSOE en su contra.
Actualmente se investigan judicialmente los siguientes casos de corrupción urbanística.
Como dato destacable, hay que señalar que Lanzarote es el lugar con mayor cantidad de imputados por corrupción urbanística de España, con cerca de un imputado por cada 700 personas, y 22 complejos turísticos ilegales.[4]
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