El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) es un conjunto de criterios y recomendaciones que regulan la manera en la que las Administraciones Públicas de España deben comportarse a la hora de tratar la información para asegurar la interoperabilidad con sistemas de otras administraciones y con los ciudadanos que hagan uso de la Administración electrónica. Su existencia está contemplada en el artículo 156 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regula principalmente en el Real Decreto 4/2010.
El contenido del ENI se divide en el definido en el Real Decreto 4/2010, el desarrollado por las normas técnicas de interoperabilidad (NTIs) y el contenido en las diferentes guías publicadas.
La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público recoge en su artículo 156 la existencia del ENI: "El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad".
Además, en el artículo 158 indica: "Las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, de conformidad con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Estos directorios deberán ser plenamente interoperables con el directorio general de la Administración General del Estado, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión".
Tiene el mismo que la Ley 40/2015:
Las normas técnicas de interoperabilidad (NTIs) son el instrumento con el que se desarrolla el ENI. En su disposición adicional primera indica que se desarrollarán las siguientes normas técnicas:
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