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Farmacity es una cadena de farmacias argentinas del grupo empresario Pegasus. Cuenta con un formato de autoservicio o drugstore y forma parte de la National Association Of Chain Drug Stores. La empresa fue fundada y presidida por Mario Quintana, el vicejefe de Gabinete y uno de los colaboradores más cercanos al expresidente argentino Mauricio Macri. Desde diciembre de 2015 el presidente de Famacity es Alejandro Gorodisch.
En un principio se ubicó en la ciudad de Buenos Aires, donde se delinearon puntos estratégicos para la instalación de los locales. Microcentro, Villa Crespo y Flores fueron los tres escenarios elegidos para el comienzo de Farmacity.[cita requerida]
Desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) buscan evitar la formación de monopolios y diferenciar entre paciente y consumidor sostiene la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que "no hay medicina eficiente sin una gestión eficaz de los medicamentos". La declaración apunta a la competencia desleal y a la violación de la ley de medicamentos (Ley 26.567) que prohíbe la venta en góndolas. Por dicha situación Farmacity también ha sido denunciada por la ONG Proconsumer y la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal determinó que la venta de medicamentos debe hacerse en mostrador.
Cabe agregar que desde que la firma llegó en 1997 se cerraron 1.400 farmacias solo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y en suelo porteño la ley federal de farmacias 17.565 afirma que solo se podrá vender productos del tipo farmacéutico y en la cadena incluso se venden golosinas y gaseosas, violando una normativa legal.
En la provincia de Mendoza se suscitó un debate ante la inminente llegada de la cadena Farmacity ya que cuenta con legislación que desalienta a los grupos económicos limitando el número de locales a manos de una misma persona. 23 sucursales de farmacias fueron transferidas a Farmacity. Primero, el entonces Ministro de Salud Juan Carlos Belher lo prohibió por Resolución 1.756, seguido a ello, fue permitida por decreto del exgobernador de la provincia Celso Jaque antes de terminar su mandato. Por ello se inició una disputa liderada por el Colegio de Farmacéuticos, la Cámara de Farmacias, la Cooperativa Farmacética, el Centro de Empresarios Farmacéuticos y Farmasur pasando el conflicto a manos de la Corte Suprema de Justicia dónde se falló a favor de los reclamantes.
En 2018 fue procesado Raúl Alejandro Ramos, exsecretario macrista de Políticas, Regulación e Institutos del ministerio de Salud por cajonear expedientes y negarse a sancionar a Farmacity, la empresa que fundó y presidió hasta 2015 Mario Quintana, el vicejefe de Gabinete y uno de los colaboradores más cercanos a Mauricio Macri.La imputación dictada por el juez federal Sebastián Ramos, fue por dictar tardíamente resoluciones de tipo sancionatorias en distintos expedientes contra la empresa, en una supuesta protección por parte del funcionario. La denuncia fue impulsada por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) e investigada por la fiscal Paloma Ochoa, por considerar que el funcionario se demoró y negó a sancionar a Farmacity por violar regulaciones del sector.
En junio de 2018 Quintana fue imputado por la justicia, a pesar de la defensa pública que le dedicó la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), la política del PRO Laura Alonso desde su oficina. También se investiga si la empresa fue beneficiada con convenios con el PAMI desde la llegada al gobierno de Cambiemos. Pero además señaló presuntas maniobras, incluso adulteración, con miras a lograr la instalación de locales de Farmacity en la provincia de Buenos Aires, donde la ley impide la venta de medicamentos por parte de sociedades anónimas. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo.
El fiscal pide investigar también otros datos complementarios revelados en el programa de Radio 10 de Gustavo Sylvestre. Planteó como hipótesis, primero, el “conflicto de capitales”. Como ejemplo puso los convenios que consiguió Farmacity con el PAMI, producto de reavivar un viejo reclamo –impulsado por el propio Quintana– contra cámaras y colegios farmacéuticos entre otras entidades, ya que la firma se decía discriminada. Buscaba extender PAMI a la mayor cantidad de sucursales y a la vez tener que cubrir un menor porcentaje de esos medicamentos.
El fiscal González planteó investigar también la “presunta adulteración de documentación en la que habría incurrido Quintana a los fines de la habilitación de farmacias de Farmacity en la provincia de Buenos Aires”; así como “supuestas influencias en la Corte Suprema para controvertir el rechazo a la presunta violación de la ley que rige la profesión farmacéutica”. En el máximo tribunal tramita el reclamo de Farmacity para poder operar e instalar farmacias en territorio bonaerense donde la ley establece que no puede ser una sociedad la proveedora de medicamentos. La causa tuvo un dictamen -no vinculante- de la Procuración, a favor de Farmacity, por parte del procurador interino Eduardo Casal considerado afín al gobierno. También se investigan las declaraciones juradas de Quintana desde 2015 y a sus empresas que desde diciembre de 2015 son proveedoras del Estado, en particular del PAMI, el fiscal pidió que el PAMI, deberá entregar los legajos vinculados con la aparente contratación de Farmacity y otras empresas allegadas.
En 2017 y 2018 se denunciaron convenios millonarios entre el PAMI y Farmacity que según la Confederación de farmacéuticos tendrían como objetivo beneficiar a Quintana, con 15 millones por mes al bajársele la bonificación a Farmacity del 26 al 15 por ciento, además como beneficio adicional el PAMI le dio a la empresa del vicejefe de gabinete el alta para que atienda en todas las sucursales que no tienen PAMI. El convenio del PAMI, que propone a Farmacity como prestador, puso en alerta a la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y a los distintos colegios de farmacéuticos del todo el país.
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