Un fiador es cualquier persona, agencia o corporación que actuará como una garantía y prometer dinero o propiedad como fianza sobre la aparición de un acusado en los tribunales.
Los fiadores se encuentran casi exclusivamente en los Estados Unidos y su antigua comunidad, Filipinas. En la mayoría de los otros países, la práctica de los cazarrecompensas es ilegal. La industria está representada por varias asociaciones comerciales, con los Professional Bail Agents of the United States (Fiadores Profesionales de los Estados Unidos) y la American Bail Coalition (Coalición Estadounidense de Fianzas) formando un grupo paragüas para fiadores y compañías de fianzas y la National Association of Fugitive Recovery Agents (Asociación Nacional de Agentes de Recuperación de Fugitivos) que representan la industria de cazarrecompensas. Organizaciones que representan a la profesión legal, como la American Bar Association (Asociación de Abogados de los Estados Unidos) y la National District Attorneys Association (Asociación Nacional de Abogados de Distrito), se oponen a la práctica de la negociación de bonos, alegando que discrimina a los acusados pobres y de clase media sin hacer nada por la seguridad pública.
El primer negocio moderno de fianzas en los Estados Unidos fue establecido por Peter P. McDonough en San Francisco en 1898. Sin embargo, unas tabletas de arcilla fechadas hace 2750 a. C. describen los acuerdos de fianza celebrados en la ciudad acadiana de Ešnunna, ubicada actualmente en Iraq.
Los avalistas conseguían la libertad de los acusados pagando ciertas cantidades de dinero y prometiendo, con su propia propiedad como aval, que los acusados aparecerán ante el tribunal.
Según las cifras del 1996, una cuarta parte de todos los acusados de delitos graves liberados no aparecen en el juicio, pero los liberados bajo fianza aparecen con más frecuencia que otros acusados.
Las leyes que rigen la práctica de los bonos de fianzas varían según el estado, aunque la Uniform Criminal Extradition Act (Ley Uniforme de Extradición Criminal), patrocinada por la Uniform Law Commission (Comisión de Ley Uniforme), ha sido ampliamente adoptada. En el estado de California, los acuerdos de fianza deben ser verificados y certificados por el California Department of Insurance (Departamento de Seguros de California). La práctica de fianzas comerciales es ilegal en los estados de Illinois, Kentucky, Oregon y Wisconsin .
Leyes federales aplicables incluyen la Excessive Bail Clause (Cláusula de Fianza Excesiva) de la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y el Bail Reform Act of 1984 (Ley de Reforma de la Fianza de 1984), incorporada dentro del Comprehensive Crime Control Act of 1984 (Ley Amplia de Control Criminal de 1984).
En la mayoría de las jurisdicciones, los fiadores necesitan tener una licencia para poder realizar sus actividades dentro del estado en cuestión. Algunas compañías de seguros ofrecen cobertura de seguro que incluye fianzas locales para arrestos relacionados con infracciones de tráfico.
Los fiadores generalmente cobran una tarifa del diez por ciento por un cargo estatal y del quince por ciento por un bono de fianza federal, con un mínimo de cien dólares en ciertos estados (como Florida), necesarios para emitir un bono por el monto total de éste. Esta tarifa no es reembolsable y representa el pago al fiador por sus servicios.
Nevada es uno de los estados que permite que un detenido use una residencia como garantía de la fianza. Para hacer esto, el solicitante debe registrar una escritura de fideicomiso y nombrar a la agencia de fianzas como beneficiario. Si bien esto le otorga a la compañía de fianzas un derecho de retención sobre la propiedad, solo puede tomar posesión si el acusado no cumple con todas las instrucciones y reglas de la corte.
En ciertos estados (como Florida), los fiadores son responsables de pagar las incautaciones y, si no pagan el monto total, tienen prohibido emitir más bonos en dicho estado.
Si el acusado no se presenta ante el tribunal, la ley o un acuerdo contractual le permiten al fiador llevar al acusado a la jurisdicción del tribunal para recuperar el dinero pagado bajo el bono, generalmente mediante el uso de un cazarrecompensas. "Solo Filipinas tiene un sistema de fianzas de garantía similar en estructura y función [como Estados Unidos]". En el pasado, los tribunales de Australia, India y Sudáfrica habían disciplinado a los abogados por mala conducta profesional al haber establecido acuerdos comerciales de fianza.
Algunos estados (como Carolina del Norte) han prohibido el uso o la licencia de cazarrecompensas; por lo tanto, el fiador debe arrestar a sus propios fugitivos. Los fiadores pueden demandar a los avalistas, cualquier persona que garantizó la comparecencia de los acusados ante el tribunal, y/o los propios acusados por cualquier dinero perdido en el tribunal por incumplimiento de los acusados.
In addition to the use of bail bonds, a defendant may be released under other terms. These alternatives include pretrial services programs, own recognizance or signature bond, cash bond, surety bond, property bond, and citation release. The choice of these alternatives is determined by the court.[citation needed]
En 2007, cuatro estados (Illinois, Kentucky, Oregón y Wisconsin) habían prohibido por completo la fianza comercial, generalmente sustituyéndola por la alternativa del depósito en efectivo del 10% descrita anteriormente. Algunos de estos estados permiten específicamente que AAA y organizaciones similares continúen brindando servicios de fianzas de conformidad con los contratos de seguro o los acuerdos de membresía. Aunque no es totalmente ilegal, la práctica de los servicios de fianza ha finalizado efectivamente en Massachusetts a partir de 2014. La mayoría de los establecimientos legales de los EE. UU., incluyendo la Asociación de Abogados de los Estados Unidos y la Asociación de Abogados del Distrito Nacional, tienen cierta aversión al negocio de las fianzas, alegando que la institución de la fianza discrimina contra los acusados pobres y de clase media, que la fianza no ayuda a la seguridad pública y que usurpa las decisiones que debería tomar el sistema judicial. Los fondos de fianza caritativos han surgido para combatir el problema de la discriminación, utilizando donaciones para cubrir el monto de la fianza para la persona arrestada. El efecto económicamente discriminatorio del sistema de bonos es controvertido y ha sido sujeto a varios intentos de reforma desde la década de 1910. La evidencia del mercado indica que los jueces al establecer la fianza exigieron menores probabilidades de fuga de los acusados minoritarios. Además, los incentivos económicos de la emisión de bonos con ánimo de lucro hacen que sea menos probable que se libere a los arrestadosacusados de delitos menores (a quienes se les asigna fianzas menores). Esto se debe a que a un fiador de fianzas no le saldrá rentable trabajar en casos en los que la ganancia sería de $10 o $20. Por tanto, los fiadores de fianzas ayudan a liberar a las personas con mayores fianzas que también están acusadas de delitos más graves, creando un desequilibrio en el número de personas acusadas de delitos menores (delitos de bajo nivel) y aumentando los gastos carcelarios en estos delitos.
Varios casos notorios relacionados con la mala conducta de los fiadores han llevado a reclamar una mayor regulación de la industria o la abolición total de la industria de fianzas con ánimo de lucro. Uno de los casos más notorios, en Louisiana, involucró el soborno de jueces por parte de una agencia de fianzas. Una investigación de amplio alcance del FBI llamada "Operation Wrinkled Robe" llevó a cargos criminales y destituciónes de varios jueces, como Ronald Bodenheimer, y agentes de la policía.
En California, el 5 de noviembre de 2013 se deliberó un caso histórico que rige la libertad de expresión comercial, que confirmó la condena del agente de fianzas Todd Russell Dolezal después de su arresto grave por el Departamento de Seguros de California, División de Investigación, Investigador Senior Gulcher por solicitud ilícita de fianza. Bajo Dolezal v. California, el Tribunal de Apelaciones de California sostuvo que la restricción estrictamente adaptada al discurso comercial que prohíbe la solicitud directa de fianza en una cárcel es constitucional. El Código de Regulaciones de California regula estrictamente las actividades de la emisión de bonos de fianza. Esta deliberación motivó el envío de un aviso por correo electrónico a nivel estatal a todos los fiadores con licencia de California con respecto a la deliberación.
La American Civil Liberties Union (Unión Americana de Libertades Civiles) ha criticado las fianzas como una forma de injusticia contra las comunidades más pobres y alimentando el encarcelamiento masivo de personas inocentes; la ACLU recomienda enviar mensajes de texto automáticos o hacer llamadas automáticas para comparecencias ante los tribunales.
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