La Fiscalía Anticorrupción, cuyo nombre oficial es Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, es una Fiscalía Especial, integrada en el Ministerio Fiscal español y dependiente de la Fiscalía General del Estado, con competencias en todo el territorio nacional, que investiga y conoce de los procesos de especial trascendencia, relativos a los delitos económicos u otros cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos relacionados con el fenómeno de la corrupción.
También asume la investigación de los delitos económicos cometidos por grupos organizados, salvo que sean de competencia específica de la Fiscalía Antidroga o de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Durante los últimos trece años el Fiscal de Sala Jefe ha sido Antonio Salinas Casado y la Teniente Fiscal, o número dos de la Fiscalía, ha sido Belén Suárez Pantín. De acuerdo a los datos ofrecidos por el Ministro de Justicia en la Comisión de Justicia del 10 de mayo de 2017, la fiscalía anticorrupción ha aumentado su personal un 40%, siendo actualmente 28 los fiscales destinados a anticorrupción en su sede central.
El 1 de junio de 2017 dimitió el fiscal jefe Manuel Moix, por participar en una sociedad offshore en Panamá. Posteriormente, el 5 de julio de 2017, el Consejo Fiscal aprobó la candidatura de Alejandro Luzón como fiscal jefe de anticorrupción. Este dictamen del consejo, sin embargo, no es vinculante para el FGE, y es este quien decide en último término quién será el nuevo fiscal jefe, habiéndose nombrado finalmente al propuesto Alejandro Luzón.
Conforme al art diecinueve cuatro del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada practica las diligencias de Investigación del artículo cinco del Estatuto e interviene directamente en procesos penales.
En ambos casos su intervención se produce cuando se trata de supuestos de especial trascendencia, apreciada por el Fiscal General del Estado, en relación con:
a) Delitos contra la Hacienda Pública, contra la seguridad social y de contrabando. b) Delitos de prevaricación. c) Delitos de abuso o uso indebido de información privilegiada. d) Malversación de caudales públicos. e) Fraudes y exacciones ilegales. f) Delitos de tráfico de influencias. g) Delitos de cohecho. h) Negociación prohibida a los funcionarios. i) Defraudaciones. j) Insolvencias punibles. k) Alteración de precios en concursos y subastas públicos. l) Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores. m) Delitos societarios. n) Blanqueo de capitales y conductas afines a la receptación, salvo cuando por su relación con delitos de tráfico de drogas o de terrorismo corresponda conocer de dichas conducta a las otras Fiscalías Especiales. ñ) Delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales. o) Delitos de corrupción en el sector privado. p) Delitos conexos con los anteriores. q) La investigación de todo tipo de negocios jurídicos, transacciones o movimientos de bienes, valores o capitales, flujos económicos o activos patrimoniales, que indiciariamente aparezcan relacionados con la actividad de grupos delictivos organizados o con el aprovechamiento económico de actividades delictivas, así como de los delitos conexos o determinantes de tales actividades; salvo cuando por su relación con delitos de tráfico de drogas o de terrorismo corresponda conocer de dichas conductas a la Fiscalía Antidroga o a la de la Audiencia Nacional.
Fue creada en 1995, en la época del Gobierno de Felipe González, a través de la ley 10/95, de 24 de abril, siendo Ministro de justicia Juan Alberto Belloch y Fiscal General del Estado el Magistrado del Tribunal Supremo Carlos Granados.
Su primer Fiscal jefe fue Carlos Jiménez Villarejo, nombrado en 1995, que ocupó el cargo hasta el año 2003.
Al final del mandato como Fiscal General del Estado de Jesús Cardenal (1997-2004) se propuso la supresión de la Fiscalía.
Durante el mandato como Fiscal General del Magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido (2004-2011) se potenció la Fiscalía Anticorrupción, reformando el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en 2007, para otorgarle nuevas competencias, convirtiéndola en Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad organizada.
En 2004 la Fiscalía Anticorrupción estaba al borde de la desaparición, tras los conflictos derivados del cese de Jiménez Villarejo. Disponía solamente de diez fiscales, nueve en Madrid, y uno en Barcelona, con una sede central situada en un piso de Madrid, y una sola Fiscalía Delegada en Cataluña. En 2006 se crearon por el nuevo Fiscal General, Conde-Pumpido, seis delegaciones territoriales, en lugares conflictivos de la costa, y a partir de ese momento se comenzó a reforzar la plantilla, tanto en la sede central como en las delegaciones. En 2011 la Fiscalía Anticorrupción disponía ya de cuarenta fiscales, entre la sede central y las delegaciones, su sede central contaba con un edificio propio, en la calle Manuel Silvela, de Madrid, y se habían creado una docena de Fiscalías Delegadas, además de potenciarse los cuatro equipos de apoyo de que disponía la Fiscalía, procedentes de la Intervención General del Estado, la Agencia Tributaria, la Policía Nacional y la Guardia Civil.
En esa época se iniciaron por la Fiscalía Anticorrupción los casos de corrupción más relevantes y conocidos, que han seguido investigándose con posterioridad, como el caso Malaya, en Marbella, el caso Palma Arena y el caso Noos, en Mallorca, el caso Palau y el caso Pretoria, en Barcelona, el caso Ballena Blanca, en Málaga, el caso Gürtel en Madrid y Valencia, el caso Mercasevilla y de los ERES en Andalucía, el caso Brugal, en Alicante, etc.
Con posterioridad la Fiscalía Anticorrupción ha impulsado otros procedimientos relevantes, siendo el último la operación Púnica, que afecta al ex-Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados.
La Fiscalía Anticorrupción cuenta con Fiscalías Delegadas en Baleares, Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Valencia, Sevilla, Castellón, Alicante, Almería, Cádiz, Murcia y Barcelona.
Conforme al art 19 5º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, reformado en 2007, cuando el número de procedimientos así lo aconseje, el Fiscal General del Estado puede designar en cualquier Fiscalía uno o varios Fiscales Delegados de las Fiscalías Especiales, que se integrarán en estas.
Dicha designación se hace, oído el Consejo Fiscal, previo informe de los Fiscales Jefes de la Fiscalía Especial y la Fiscalía territorial correspondiente, entre los Fiscales de la plantilla de esta última que lo soliciten, acreditando su especialización en la materia en los términos que reglamentariamente se establezcan. Cuando en la Fiscalía territorial exista una Sección especializada, constituida con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, cuyo ámbito de actuación coincida total o parcialmente con la materia para la que es competente la Fiscalía Especial, el Fiscal Delegado se integrará en dicha Sección.
El Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial tiene, con respecto a los Fiscales así designados y sólo en el ámbito específico de su competencia, las mismas facultades y deberes que corresponden a los Fiscales Jefes de los demás órganos del Ministerio Fiscal. Sin perjuicio de las instrucciones que con carácter general pueda impartir el Fiscal General del Estado, el Decreto de nombramiento concretará las funciones y el ámbito de actuación de los Fiscales Delegados, especificando su grado de dedicación a los asuntos competencia de la Fiscalía Especial.
En todo caso los Fiscales Delegados deberán informar de los asuntos de los que conozcan en su calidad de tales al Fiscal Jefe del órgano en que desempeñen sus funciones.
Entre los Fiscales delegados más conocidos, nombrados por el anterior Fiscal General Cándido Conde-Pumpido, se encuentran Juan Carlos López Caballero, que llevó los casos Malaya y Ballena Blanca, en Marbella, y actualmente es el Fiscal Jefe de Málaga, y Pedro Horrach y Juan Carrau, Fiscales delegados anticorrupción de Baleares, que han llevado los casos Noos y Palma Arena, en Mallorca.
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