Gustavo Adrianzén
Gustavo Lino Adrianzén Olaya (25 de octubre de 1966) es un abogado peruano, especializado en derechos humanos. Fue ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, de 2 de abril de 2015 a 20 de octubre del mismo año.
Abogado por la Universidad de Lima y Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid / España, grado que obtuvo tras haber homologado su título profesional. Especialista en Derechos Humanos, con estudios de post grado en Ginebra – Suiza; Estrasburgo – Francia, San José de Costa Rica y Florencia – Italia. Cuenta con un Máster en Administración y Gerencia Pública por el INAP de Madrid – España y, Diploma de Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid.
Ha realizado consultorías a diferentes instituciones públicas, entre ellas a los actores de Justicia (Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia). De otro lado, ha realizado consultorías para diferentes organismos internacionales de cooperación financiera como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo, Comisión Europea; entre otros. A nivel académico ha dictado cursos, conferencias y seminarios en las universidades privadas de Piura, ESAN y Femenina del Sagrado Corazón; Academia de la Magistratura y el Colegio de Abogados de Lima.
En febrero del 2012 fue nombrado procurador público del Ministerio de Defensa del Perú. Fue abogado del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el caso Chavín de Huántar.
El 21 de marzo de 2015 fue nombrado Viceministro de Justicia; solo dos semanas después sería nombrado Ministro, en reemplazo del titular de dicho sector, Fredy Otárola Peñaranda.
El 2 de abril de 2015 juramentó como Ministro de Justicia y Derechos Humanos, formando parte del séptimo gabinete del gobierno de Ollanta Humala, cuya presidencia asumió Pedro Cateriano Bellido. La ceremonia se realizó el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, en la que también juramentaron como nuevos ministros: Jakke Valakivi Álvarez (Defensa) y Ana María Sánchez (Relaciones Exteriores).
En julio de 2015, Julia Príncipe, Procuradora Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos, denunció en un programa de televisión que el ministro Adrianzén pretendía “amordazarla” al pedirle explicaciones por sus declaraciones a la prensa en torno a las indagaciones del lavado de activos que involucra a la primera dama Nadine Heredia. A raíz de ello, Adrianzén fue interpelado en el Congreso, y se defendió negando que haya prohibido declarar a los procuradores, pero fue enfático en señalar que, según la ley, estos debían pedir autorización. Ante la inevitable aprobación de su censura en el parlamento, Adrianzén presentó su renuncia irrevocable, que fue aceptada por el presidente Humala (20 de octubre de 2015). Previamente, la procuradora Julia Príncipe fue relevada de su cargo.