El impuesto sobre el patrimonio, a veces también llamado impuesto sobre la riqueza o impuesto sobre la fortuna, es un impuesto que se aplica individualmente, no sobre ingresos anuales o transacciones, sino sobre el patrimonio personal de las personas físicas, y se calcula basándose en el valor de todos los bienes del sujeto. Se aplica a nivel nacional en algunos países del mundo. Sus partidarios alegan que ayuda a la redistribución de la riqueza, mientras que sus detractores señalan que no logra este objetivo y con frecuencia empobrece a los países por la expatriación de capitales.
Existe en algunos estados europeos, como Suiza, Noruega, Países Bajos, Italia o España.
Algunos países disponían de algún impuesto de este tipo que ha sido suprimido:
En general, existen cuatro argumentos a favor del impuesto: hace más justo el sistema fiscal, aumenta los ingresos del Estado, puede estimular el crecimiento económico (a corto plazo) y podría tener efectos sociales positivos al reducir la desigualdad.
Por lo que respecta a la justicia del sistema, en general se piensa que los impuestos que paga un ciudadano deben tener relación con su capacidad de pagarlos y el valor de sus propiedades suele reflejar su estatus socioeconómico. Puede además sustituir en parte a otros impuestos que son regresivos, como el impuesto al valor agregado (o impuesto sobre el valor añadido): este impuesto, por ejemplo, es siempre el mismo independientemente de que represente menos esfuerzo para un comprador que tiene mayores ingresos. Y, además, viene a sustituir al Impuesto sobre la Renta en personas con grandes patrimonios pero sin una renta como puede ser una nómina.
A favor del impuesto está también la idea de que el patrimonio neto de una persona es también una buena medida del grado en que se ha beneficiado de la infraestructura económica promovida y alimentada por las instituciones, que sustentan todos los contribuyentes. Por ejemplo, se puede afirmar que un rico inversionista o dueño de un negocio se ha beneficiado más que un ciudadano medio de la educación pública (tiene trabajadores cualificados), carreteras (para trasladar sus mercancías), pensiones y otros salarios sociales (para que haya capacidad de consumir sus productos), un poder judicial (que hace cumplir los acuerdos comerciales), la regulación financiera, los subsidios gubernamentales y rescates de empresas, etc…
En un artículo de Molly Moore para The Washington Post titulado "Old Money, New Money Flee France and Its Wealth Tax" se aducen los siguientes daños causados por el impuesto al Patrimonio en Francia: fuga de capitales, fuga de cerebros, pérdida de empleos y, además, una menor recaudación de impuestos. En dicho artículo se cita a Eric Pichet, el cual estima que los ingresos por este gravamen son de 2.600 millones de dólares al año, pero le cuestan a Francia más de 125.000 millones de dólares en fuga de capitales desde 1998.
Las principales objeciones al impuesto al patrimonio son: la valoración de activos ilíquidos como inmuebles, negocios privados, antigüedades, etc. puede ser arbitraria, las fluctuaciones de la riqueza en el tiempo, la posibilidad de que los gobiernos usen la inflación como medio para aumentar la recaudación de impuestos. Otra objeción que se hace a este impuesto es que se gravan bienes o capitales por los que ya se satisficieron impuestos en el momento de su adquisición. [cita requerida]
Como consecuencia de las dificultades en la valoración del patrimonio y su administración, los impuestos al patrimonio tienen cierto coste de gestión. En el caso holandés, el coste porcentual que conlleva la gestión es de un 26% de los ingresos obtenidos, aproximadamente cinco veces mayor que en el caso del impuesto sobre la renta.
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