Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria nació en INTA.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo de investigación, estatal, descentralizado con autarquía financiera y operativa dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina.
El INTA es un instituto de investigación de vanguardia en el desarrollo agro-tecnológico mundial, que está junto al productor y sus necesidades asistiendo a los sectores sociales que merecen atención. De este modo, proyecta sus acciones para alcanzar competitividad, sostenibilidad social y económica con sentido nacional, priorizando la sustentabilidad ambiental de los territorios.
Sus esfuerzos se orientan a la innovación como motor del desarrollo e integra capacidades para fomentar la cooperación interinstitucional, generar conocimientos y tecnologías y ponerlos al servicio del sector a través de sus sistemas de extensión, información y comunicación. El resultado del trabajo del INTA le permite al país alcanzar mayor potencialidad y oportunidades para acceder a los mercados regionales e internacionales con productos y servicios de alto valor agregado.
El primer antecedente de una institución de este tipo en la Argentina se puede encontrar en 1932, cuando el Gobernador de Santa Fe Luciano Molinas crea en su provincia el "Instituto Experimental de Investigación Agrícola y Ganadera".
En 1956 la Argentina se encontraba en una grave crisis económica, con una balanza de pagos y una deuda externa marcadamente negativas. El 95% de las exportaciones provenían del sector agropecuario. El aumento de la actividad agropecuaria aparecía como el único medio eficaz para restablecer el desarrollo económico de la Argentina. La incorporación de tecnología existente y la creación de nuevas tecnologías aumentaría el rendimiento del campo. Como respuesta, la Comisión Conjunta Naciones Unidas/Gobierno Argentino – presidida por el economista argentino y Secretario de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), Raúl Prebisch – recomendó la creación de un instituto específico.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fue creado el 4 de diciembre de 1956 por medio del Decreto Ley 21.680/56 de la Revolución Libertadora. El organismo nació con la finalidad de "impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de estas funciones fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural". La extensión y la transferencia de tecnología generaron la necesidad de instalar Unidades de Extensión Rural, distribuidas en todo el territorio nacional para atender a los requisitos de los productores del sector. Mediante la ley de creación se transfieron al INTA 18 estaciones experimentales creadas en los 40 años anteriores.
La financiación del INTA estaba estipulada en el Art. 16 del Decreto Ley 21.680/56. Allí se establecía que se iba a financiar con “una contribución que gravará en uno y medio por ciento (1,5%) a los productos y subproductos de agricultura y ganadería que se exporten.”
En 1958 es electo presidente el radical Arturo Frondizi. Al momento de asumir el INTA contaba con una dotación de 2343 empleados. El primer presidente del INTA durante el período democrático fue el Ing. Agr. Horacio Giberti. El gobierno de Frondizi ratificó la ley de creación del INTA y su forma de financiamiento. Durante su gobierno se crearon 11 nuevas estaciones experimentales.
En 1962 un golpe militar interrumpe el gobierno de Frondizi, quedando el poder en manos del gobierno interino de José María Guido. Bajo la gestión de Guido se dispuso un ajuste presupuestario de la administración nacional y la suspensión de nuevos ingresos de empleados, lo que resultó un freno a la etapa de expansión en la que se encontraba el INTA. Cuatro meses más tarde Guido anula esta medida para el caso del INTA.
A mediados de 1963 se realizan nuevamente elecciones resultando elegido el radical Arturo Umberto Illia. Para ese año el personal de INTA había aumentado a 3991 empleados. En este período el INTA continuó creciendo, sumando estaciones experimentales y empleados, a la vez que no existieron modificaciones normativas.
Sin embargo, Illia no podría terminar su mandato al ser derrocado por la autodenominada Revolución Argentina en junio de 1966. Una de las primeras medidas del gobierno fue el cierro de fábricas azucareras en Tucumán. A los empleados despedidos se les dio tierras en compensación, que con ayuda del INTA pudieron explotar mediante una cooperativa.
En 1969, el gobierno del teniente general Onganía publica una ley que extiende el impuesto del 1,5% para financiar el INTA a productos agroindustriales, no contemplados por la norma original que solo incluía productos primarios. A pesar de contar con un presupuesto independiente, el INTA debía contar con aprobación del gobierno militar para aumentar los sueldos, lo cual hizo que perdieran poder adquisitivo. En 1970 se autorizó al INTA a contratar nuevos empleados para renovar su planta pero los mismos debían ser autorizados por la Secretaría de Inteligencia (SIDE) que controlaba sus antecedentes en el marco de la represión hacia militantes de izquierda.
El gobierno militar fue continuado por Levingston y posteriormente por Lanusse. Pocos días antes de dejar el poder, Lanusse amplió los recursos del INTA al elevar la alícuota del impuesto al 1,75% a partir del 1 de julio de 1973 y al 2% desde el 1 de enero de 1974.
En marzo de 1973, Héctor Campora es elegido presidente en elecciones democráticas pero renuncia al poco tiempo para que Juan Domingo Perón se pueda presentar a elecciones. Perón gana pero muere al año siguiente, dejando en el poder a la vicepresidenta, María Estela Martínez. Su gobierno atravesó una crisis económica y política, durante la cual se realizaron bruscos cambios de política. Según Alberto Goldberg, quien trabajaba en el INTA en esa época, "la dirección del INTA era manejada por la Guardia de Hierro”. En 1974 comienzan los despidos en el INTA, que se profundizarían durante la dictadura.
En marzo de 1976, un nuevo golpe de estado ocurre en el país, tomando el poder un gobierno autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. El INTA fue uno de los organismos estatales más golpeados por la última dictadura cívico militar. Apenas asume emite leyes que le permiten despedir empleados públicos por "razones de seguridad". La primera resolución de la nueva dirección del INTA dispone la cesantía de 153 empleados. Entre 1974 y 1981 cerca de 800 trabajadores del Instituto fueron cesanteados, y muchos de ellos fueron perseguidos, detenidos, torturados o asesinados; al menos cinco investigadores y asistentes del INTA Castelar fueron desaparecidos.
En 1980 dicta la ley 22.294 que deroga la contribución del 1,5% “sobre los productos y subproductos de la agricultura y ganadería que se exporten”, con lo cual el INTA perdía su autonomía financiera. Sus funciones también se vieron afectadas durante este período al quedar relegado a la investigación básica, debiendo dejar el desarrollo y la comercialización de las variantes producidas en manos de empresas transnacionales. Este fue el caso del mejoramiento vegetal en 1979.
En 1983 regresa la democracia tras la victoria de Raúl Alfonsín en las elecciones presidenciales. A pocos días de asumir, envía al congreso un proyecto de ley para devolver la autarquía al INTA y reinstaurar el impuesto a las exportaciones primarias, que es aprobado en marzo. El 12 de diciembre de 1983 Alfonsín interviene el INTA con el objeto de normalizarsu funcionamiento. La intervención perdura hasta marzo de 1985 cuando se designa el nuevo Consejo Directivo.
En la década del 80 se observó una desaceleración relativa de la productividad agrícola, en el marco de transformaciones significativas en los mercados de los productos primarios. Por ello, se efectuó un profundo rediseño de la organización, con énfasis en la descentralización, la participación y la integración. En 1986 Alfonsón modifica la estructura del INTA para descentralizar sus funciones. La descentralización se concretó principalmente en la constitución de los 15 Consejos de Centros Regionales y 3 Consejos de Centros de Investigación, a los cuales se les confirió la responsabilidad de determinar prioridades y distribuir los fondos en cada una de sus jurisdicciones. Estos Consejos se conformaron con representantes de distintas asociaciones de productores, de los gobiernos provinciales, de la comunidad científica y de las universidades.
En la década de 1990, durante el gobierno de Carlos Menem, se produjo una drástica disminución de presupuesto y una reducción del 70% de su personal. Entre 1991 y 1996 la planta de INTA se redujo en 2337 empleados. En noviembre de 1992 el gobierno emite el decreto 2.049/92 que termina con el cobro 1,5% de las exportaciones agropecuarias para financiar al INTA. El gobierno había eliminado previamente las retenciones y consideraba que este arancel constituía "un sobrecosto y desalienta la política de exportación" de los productos primarios.
La mayor parte de las tareas del INTA en esta época consistía en la validación de variedades desarrolladas por grandes semilleros. La reacción del ente ante ese escenario de desfinanciamiento fue la creación de empresas para generar recursos, así nacieron la Fundación ArgenINTA e INTEA SA en 1993. En estos años INTA también refuerza sus tareas de extensión, con la creación del Programa Social Agropecuario, Programa de Reconversión Productiva para Pequeños y Medianos Productores “Cambio Rural” y ProHuerta. Además, INTA fue un actor clave frente a la irrupción del Mal de la vaca loca, logrando que el país fuera certificado como libre de la enfermedad. Además, junto a las universidades y las asociaciones de productores, fue un actor fundamental en la introducción de la siembra directa en Argentina.
En 1999 Menem termina su segundo mandato y es sucedido por el radical Fernando de la Rúa, quien nombró a Guillermo Moore de la Serna como presidente del INTA. El gobierno de De la Rúa terminó en diciembre de 2001, en el medio de una crisis económica, social y política. Pocas semanas antes de su renuncia, la cámara de diputados aprobó un proyecto de ley para restaurar el fondo de financiamiento del INTA pero con una alícuota del 0,5 en lugar del 1,5% original. Esta iniciativa sería aprobada por el Senado a mediados de 2002, convirtiéndose en la Ley 25.641, bajo la presidencia interina de Eduardo Duhalde.
En mayo de 2003 asume el gobierno el peronista Néstor Kirchner (2003-2007), quien luego sería sucedido en el poder por su esposa Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). En esos doce años se sucedieron cinco presidentes en el INTA, siendo el ingeniero Carlos Casamiquela (2009-2013) quien tuvo una gestión más prolongada.
En el período 2003-2015 la inversión del INTA en infraestructura y equipamiento creció más de 20 veces, aumentó el número de profesionales, bajó la edad promedio de la planta y se repatriaron investigadores del exterior. También se abrieron 5 nuevas estaciones experimentales. Además se pueden mencionar los programas específicos para la Agricultura Familiar. En lo que respecta a investigación, en 2012 un grupo de investigadores de INTA y la UNSAM presentaron al primer bovino bitransgénico en el mundo capaz de producir leche maternizada, la vaca Rosita ISA. A partir del 2013 ha expandido su área de investigación, innovando en el diseño de maquinaria agrícola.
En diciembre de 2015, asume el ing. Mauricio Macri la presidencia de la nación. Elige como ministro de Agroindustria a Ricardo Buryaile, quien a poco de asumir nombra a su primo, Amadeo Nicora, como titular del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Nicora fue previamente ministro de Gildo Insfrán en la provincia de Formosa y vicepresidente del INTA (2004-2009). Durante su gestión el Ministerio de Modernización hizo una análisis de dotación óptima según el cual el INTA debía realizar 700 despidos. Nicora logró detener los despidos argumentando que "no existe la metodología para medir la dotación óptima en una institución de ciencia y técnica", por lo que se dispuso un plazo de dos años para definir el tema.Bajo la dirección de Nicora se planificó el Plan Estratégico Institucional 2015-2030, que establece los lineamientos del Instituto para ese período.
En diciembre de 2017, tras la renuncia de Buryaile al ministerio, Nicora presenta la propia y es reemplazado por Juan Balbín, quien se mantuvo en el cargo hasta el final del mandato de Mauricio Macri. Según Balbín la intención de su gestión era la de “mutar de un instituto de investigación a uno de innovación, lo que implica interactuar más con la parte privada y con los estudiantes que están terminando sus carreras de posgrado”. Durante la gestión de Balbín se redujo el número de cargos ejecutivos con el fin de "eficientizar las estructuras". La Federación Agraria Argentina manifestó su preocupación "frente a las condiciones en las que se plantea la reestructuración interna del Inta" debido a los posibles recortes en su presupuesto. En 2018 el instituto publica el Plan de Mediano Plazo 2016-2020.
En enero de 2020, el presidente Alberto Fernández, junto al Ministro de Agricultura, Luis Basterra designaron a Susana Mirassou como nueva presidenta del organismo. La designación fue retroactiva al 10 de diciembre de 2019. Se trata de la primera mujer en ocupar este cargo.
El INTA genera información y tecnologías aplicadas a procesos y productos que luego son trasladadas a los productores. Trabaja en el mejoramiento genético y el desarrollo de calidades específicas en diversas especies vegetales como cereales, oleaginosas, frutales, flores y hortalizas y forestales, así como en el manejo de cultivos y bosques forestales nativos. Actúa también en el campo relacionado con la sanidad de los productos, con manejo de plagas, malezas y enfermedades. También trabaja en el manejo de mercados de consumo internos y externos, y evaluación económica del impacto de diferentes tecnologías aplicadas. Prioriza áreas relacionadas con la cosecha, postcosecha, empaque, distribución y comercialización, trazabilidad de los productos de la carne y lácteos.
Los convenios nacionales e internacionales que el INTA suscribe con los más diversos organismos y entidades del sector público y privado, permiten crecer y aumentar la intervención en las cadenas de valor, a fin de mejorar el desarrollo rural sustentable en todo el territorio nacional.
La institución tiene presencia en las cinco ecorregiones de la Argentina (Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana y Patagonia), a través de una estructura que comprende: una sede central, 15 centros regionales, 6 centros de investigación con 22 institutos dependientes,53 estaciones experimentales, y más de 350 unidades de extensión.
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