Juan Grabois (San Isidro, Buenos Aires 23 de mayo de 1983) es un abogado, docente universitario, escritor, académico, y dirigente social argentino. Es licenciado en ciencias sociales y es también fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), trabaja como docente de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular (ENOCEP) de la Universidad Nacional de General San Martín.
Es el coordinador de Proyecto Artigas, creado en 2020 a partir de la disputa hereditaria de Dolores Etchevehere y su familia por campos en la provincia de Entre Ríos, que busca promover el desarrollo de una experiencia agroecológica.
Desde 2016 es asesor ad-honorem del ex Consejo Pontificio de Justicia y Paz.
Juan Grabois es hijo de un dirigente estudiantil peronista y una médica pediatra recibida en la Universidad Católica de Córdoba. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Godspell de San Isidro, del cual egresó en el año 2000. En 2009 se graduó de licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes y en 2010 obtuvo su título de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Entre el año 2014 y 2016 vivió en la Patagonia en San Martín de los Andes, provincia del Neuquén. Allí contribuyó al desarrollo regional de la CTEP y abogó por los derechos del pueblo mapuche, el desarrollo local e integral de las poblaciones marginadas y por el acceso a los servicios y bienes naturales para todo el pueblo con la mentada causa por el acceso al Lago Escondido, privatizado por un magnate inglés de nombre Joe Lewis. Está casado, tiene dos hijas y un hijo. Actualmente vive con su familia, en la localidad de Villa Adelina, San Isidro. Allí fundó en abril de 2017 un taller-orquesta juvenil para integrar culturalmente a los chicos del asentamiento popular aledaño a su hogar, barrio Santa Ana, Boulogne.
Como abogado ha patrocinado cientos de causas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales de los sectores más pobres de la Argentina. Entre ellos un caso paradigmático es la defensa de los derechos laborales de los cartoneros. También acompaña fuertemente el trabajo de los costureros inmigrantes, de los vendedores ambulantes, los liberados, de las comunidades campesinas y su acceso a la tierra y los pueblos originarios.
En el año 2001, emerge la actividad cartonera en las calles de los grandes centros urbanos de la Argentina. En aquel entonces la actividad de cirujear era ilegal en la Ciudad de Buenos Aires y los trabajadores eran perseguidos por la policía. Junto a trabajadores cartoneros y otros militantes, Grabois funda en el año 2002 el Movimiento de Trabajadores Excluidos. El primer paso de la organización consistió en denunciar a las comisarías que cobraban coimas, enfrentar a los funcionarios que tenían como única política para el sector la represión y el negocio espurio, y dialogar con las papeleras que abusaban de las necesidades de los trabajadores y compraban los materiales reciclables a un valor muy inferior al real.
El 24 de noviembre de 2005 se promulgó la Ley 1.854, conocida como Ley de Basura Cero, con un artículo de inclusión del trabajo cartonero, gracias a la intervención de Grabois. Esta ley institucionaliza el trabajo de los recicladores urbanos y logra que las cooperativas cartoneras sean contratadas por el gobierno de la ciudad para brindar el Servicio de Recolección Diferenciada de residuos domiciliarios y de grandes generadores. Gracias a esto, en pocos años se eliminó el trabajo infantil, a partir de la creación de jardines especiales para hijos e hijas de cartoneros que funcionan en el horario nocturno. Los trabajadores tienen ropa y herramientas de trabajo, cobran un salario complementario que, sumado a lo que ganan por el material reciclable, les permite llegar al sueldo mínimo vital y móvil. Son monotributistas sociales y, además de hacer aportes jubilatorios, tienen acceso al sistema de salud a través de su propia mutual.
Como abogado, representa a distintos militantes sociales, entre quienes se destaca la lideresa de la Organización Barrial Túpac Amaru, Milagro Sala. También lleva la causa de Lito Borello, de la organización Los Pibes, acusado liderar la toma de una comisaría, cuando se trataba de una protesta por el asesinato de Martín “Oso” Cisneros, un militante muy reconocido en el barrio de La Boca. Al finalizar el juicio, fue sancionado por los jueces actuantes por las críticas que había formulado contra ellos, utilizando para sancionarlo una disposición inconstitucional firmada por una dictadura militar.
En agosto de 2016 presentó denuncias penales por daños y usurpación de aguas del Lago Escondido, contra el poder ejecutivo provincial y funcionarios del INTA y de la Municipalidad de El Bolsón, por incumplimiento de funcionario público, y contra el empresario Joe Lewis y directivos de empresas asociadas.
En el año 2016, representó a la víctima Sonia Manzini en la causa por apropiación de menores y supresión de identidad —durante la dictadura militar— contra la jueza de Paz de Junín de los Andes, Raquel Briceño, y del sargento retirado del Ejército Roberto Manzini.
Es abogado de la organización "Vientos de Libertad", asociación civil sin fines de lucro, que brinda un espacio de contención, reeducación y rehabilitación de personas y familias que atraviesan alguna situación problemática con las adicciones.
Presentó un recurso de amparo contra la Subsecretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el cierre del parador nocturno del Centro de Atención Integral para la Niñez y Adolescencia (CAINA) que dejó en la calle a más de 25 a niños de 10 a 14 años.
Denunció y lleva la causa por la represión en el comedor "Cartoneritos" (2017), un caso de violencia institucional en el Municipio de Lanús, en el cual la policía entró por la fuerza a un comedor comunitario golpeando a menores y una embarazada, que perdió su bebé a causa de la violencia recibida.
En agosto de 2018 Grabois acompañó a Cristina Fernández de Kirchner a su presentación ante los tribunales de justicia alegando que existía una supuesta persecución política contra la expresidenta para evitar que se presente a elecciones y tapar la situación socioeconómica del país. Este hecho fue una sorpresa dada su postura siempre crítica durante el gobierno kirchnerista.
Más tarde decide conformar un nuevo espacio político denominado "Frente Patria Grande", que impulsa junto con nuevos referentes como Itai Hagman y Ofelia Fernández y que está conformado por sectores sociales y políticos que no son parte de Unidad Ciudadana ni participaron del gobierno kirchnerista pero que afirman que en la etapa actual es fundamental defender a la expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner de la persecución judicial y acompañarla en una eventual candidatura en el 2019. Este frente apuesta a formar parte de un "Frente Patriótico" que nucleará a la mayor parte de la oposición, con el kirchnerismo y CFK en un rol articulador.
Dolores Etchevehere, hermana del exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, ingresó en octubre de 2020 junto a unos 40 militantes del Proyecto Artigas al casco principal de la estancia Casa Nueva, ubicada a un kilómetro y medio del ingreso a la ciudad de Santa Elena, departamento La Paz en la provincia de Entre Ríos. La ocupación se mantuvo desde el 15 de octubre en el campo, con fallo favorable del juez Flores en primera instancia. Posteriormente, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná dispuso el desalojo basándose en el artículo 75 del Código Procesal Penal entrerriano que establece que, ante una posible comisión del delito de desalojo, se debe volver todo al estado anterior. La jueza Castagno desestimó el planteo de la defensa de Dolores Etchevehere, quien había alegado derechos hereditarios sobre el campo, el 40% de los cuales había cedido mediante escritura pública a Proyecto Artigas. En el juicio quedó acreditado que Casa Nueva es propiedad de Las Margaritas SA, y que la denunciada había cedido onerosamente la totalidad de sus acciones en la misma en el año 2018. Tras el fallo, Juan Grabois expresó "vamos a superar esta derrota. La lucha sigue. El Proyecto Artigas, la Reforma Agraria, la Integración Urbana, la Economía Popular son utopías posibles y necesarias de desarrollo humano integral que vibran en nuestros corazones ¡La lucha sigue!".
La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos rechazó por unanimidad la apelación realizada por Dolores Etchevehere y ratificó el fallo de la jueza Castagno. De esta forma, quedó firme el desalojo realizado en el Establecimiento Casa Nueva, ubicado en Santa Elena, Entre Ríos.
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