Juan Jiménez Mayor

Juan Jiménez Mayor cumple los años el 5 de agosto.

Juan Jiménez Mayor nació el día 5 de agosto de 1964.

La edad actual es 60 años. Juan Jiménez Mayor cumplió 60 años el 5 de agosto de este año.

Juan Jiménez Mayor es del signo de Leo.

Juan Jiménez Mayor nació en Lima.

Juan Federico Jiménez Mayor (Lima, 5 de agosto de 1964) es un abogado y político peruano. Fue Ministro de Justicia, presidente del Consejo de Ministros del Perú y embajador del Perú ante la Organización de los Estados Americanos durante el Gobierno de Ollanta Humala.

Bisnieto de un combatiente de la Guerra del Pacífico (sargento Federico Jiménez) y nieto e hijo de periodistas del diario El Comercio de Lima. Nació en esta ciudad y se graduó de abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Cuenta además con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Política Jurisdiccional en la Escuela de Graduados de la misma Universidad. En 1994, empezó a ejercer en dicha casa de estudios como profesor de Investigación Jurídica, Derecho Constitucional y Gestión Pública y Administración de Justicia.

Es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y experto en temas de reforma de la administración de justicia.

Ha sido asesor jurídico de la Primera Vice-Presidencia del Senado de la República (1990-1992). Fue cesado el 5 de abril de 1992, como consecuencia del golpe de Estado de esa fecha al instaurarse la dictadura en el Perú. De igual modo, fue asesor legal externo de la Defensoría del Pueblo para asuntos constitucionales y administrativos (2002-2005).

Ha sido por varios años asesor ad honorem del Consejo de la Prensa Peruana, consorcio de medios de comunicación peruanos que velan por la libertad de expresión.

Fue viceministro de Justicia durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua (2000-2001) contribuyendo a la restauración democrática luego del gobierno de Fujimori en los años 90 y a la estructuración inicio del proceso de lucha contra la corrupción que concluyó con muchas condenas a personajes corruptos; pero a su vez motivaron la defensa de muchos personajes Terroristas de Sendero Luminoso y MRTA que a la larga salieron absueltos en los años venideros. En aquellos años se culpa de insertar a jueces y fiscales de tendencia de izquierda radical que hasta ahora continúan en muchos casos.

Fue presidente de la delegación peruana que participó en el Décimo Período de Sesiones Ordinarias de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que se realizó en Viena, Austria, en mayo del 2001, donde presentó la propuesta peruana de repatriación de fondos obtenidos por fuentes ilícitas para la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas que estaba en discusión.

Ejerció la asesoría jurídica en el Ministerio de Relaciones Exteriores (2001-2002).

Como abogado constitucionalista ha ejercido la defensa del Estado en casos importantes en demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional del Perú, como el proceso contra la reforma pensionaria pública, un caso de gran significancia para el futuro de las cuentas nacionales al cerrarlo definitivamente y establecer un límite máximo de los montos de pensión pública. El impacto económico de este proceso fue de más de 5 mil millones de dólares.

Fue Director de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica (2010-2011), desde donde se hicieron algunos amicus curiae importantes para ilustrar a los tribunales peruanos como el proceso contra Alberto Fujimori por crímenes contra los DDHH. También en el proceso de inconstitucionalidad de impacto público contra la ley que impide fumar de forma definitiva en lugares públicos cerrados.

Trabajó en importantes proyectos de reforma de la justicia en Perú como el Plan Nacional de Reforma de Justicia (Ceriajus) y el Acuerdo Nacional por la Justicia, además de iniciativas de modernización del Tribunal Constitucional peruano y del servicio nacional de la defensa pública. A nivel internacional fue el coordinador general de la Red de Información Judicial Andina, participando en diversas misiones a Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia y Chile, efectuando diagnósticos y evaluaciones anuales sobre la situación de la justicia, anuarios sobre reformas judiciales, construcción de bases de datos de reforma y sistemas judiciales, así como proyectos concretos como el de la creación del modelo de tasas judiciales para el Ecuador.

Como consultor internacional cuenta con una vasta experiencia en la formulación de programas y proyectos de cooperación internacional con diversas agencias y organismos internacionales como la Unión Europea, Naciones Unidas, GTZ (Cooperación Alemana al Desarrollo). En ello destaca su participación como experto principal de la Misión de Formulación del Programa de la Unión Europea sobre Seguridad y Justicia para Guatemala por un monto de 22.5 millones de euros (2010); experto principal del proyecto Plan Justicia de Nicaragua 2007-2009; consultor para la elaboración del proyecto Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia de la Comisión Europea por 12 millones de euros (2004-2005), entre otros.

Fue también asesor principal de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos para las elecciones generales en Guatemala (2007) y en Paraguay (2008).^[1]​

Al iniciarse el gobierno de Ollanta Humala, fue nombrado viceministro de Justicia, el 7 de agosto de 2011.^[1]​ El 11 de diciembre de ese año asumió como ministro de Justicia y Derechos Humanos, integrando el segundo gabinete ministerial de Humala, presidido por Óscar Valdés.^[2]​^[3]​

Su gestión se caracterizó por impulsar la lucha contra la corrupción fortaleciendo la procuraduría anticorrupción e iniciando los embargos por reparaciones civiles que no fueron efectuados pese a las condenas impuestas por los jueces. Condujo la reforma de dicho ministerio hacia el ámbito de Derechos Humanos iniciada por su antecesor Francisco Eguiguren, efectuando una política de apertura y sensibilización que ha logrado que casi a fines del gobierno de Humala se hayan culminado las reparaciones económicas individuales y colectivas a las víctimas del proceso de violencia de los años 80 y 90. Desde su gestión organizó el "grupo de trabajo contra el crimen organizado", cuyo objeto era trabajar casos en común entre las diversas agencias de control penal articulando los esfuerzos en investigaciones contra estas organizaciones criminales como el grupo Orellana y se aprobó la nueva ley de lavado de activos, que tiene como característica que no se requiere la existencia de un delito preexistente para iniciar investigaciones en esta materia, lo que ha generado un proceso de fortalecimiento de la acción del Estado en la persecución de este delito. De igual modo,fue impulsor de la Ley contra el Crimen Organizado, la creación del Consejo Nacional de Política Criminal, la creación de la unidad de lavado de activos del Ministerio Público, la continuidad de la reforma procesal penal, la creación de un nuevo sistema de administración de bienes incautados por delitos contra el Estado, entre otras. Concluyó sus funciones como ministro de Justicia y Derechos Humanos el 23 de julio de 2012, cuando pasó a ser primer ministro.

El 23 de julio de 2012, juró en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, como el tercer Presidente del Consejo de Ministros del Perú del gobierno del presidente Ollanta Humala y gabinete número 200 de la historia del país desde que fue creada esta institución en 1856.^[4]​ Ese mismo día anunció que se replanteará la forma de enfrentar los conflictos sociales a partir del diálogo, la comunicación y el acercamiento con los grupos descontentos, pero subrayando que esto no significará ser permisivo frente a los actos de vandalismo y a quienes confronten el sistema jurídico; en este sentido denominó a su gestión como el "Gabinete del Diálogo". .^[5]​

Este además fue el primer gabinete ministerial con igualdad de género en la historia de la República.

Fomentó el diálogo político tendiendo puentes a todos los sectores para la gobernabilidad del país y el afianzamiento democrático.

Su gestión como primer Ministro, el de mayor duración de la administración Humala, aportó a la gobernabilidad desplegando una estrategia que redujo la conflictividad social generando un clima apropiado para las inversiones posibilitando que el Perú continúe liderando en Sudamérica la senda del crecimiento económico y reduciendo la pobreza.

En su gestión se aprobó la política pública de gobierno abierto y se desplegó el plexo de reformas del Gobierno del Presidente Ollanta Humala, como la del servicio civil destinada a la mejora de los servicios públicos y a la creación de un cuerpo de funcionarios capaces que conduzcan las administraciones públicas; la reforma magisterial para la mejora de la educación; la reforma de la salud pública; la reforma de las Fuerzas Armadas y reforma de la Policía Nacional del Perú.

Como primer ministro presidió la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, aprobando el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción (2012-2013). Fue además, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobando el primer plan multianual de Seguridad Ciudadana (2013).

El 29 de octubre de 2013 renuncia al cargo de Presidente del Consejo de Ministros.