El juicio a Leopoldo López se refiere al proceso judicial, realizado por la justicia civil en Venezuela durante los años 2014 y 2015, contra el dirigente opositor venezolano Leopoldo López, debido a su participación en las Protestas en Venezuela de 2014.
Dicha sentencia condenó a López a 13 años de prisión por delitos de «participar e instigar las manifestaciones de 2014», que provocaron la muerte de 43 personas y cientos de heridos.
La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado este arresto por haber sido motivado políticamente, ya que estuvo marcado por graves violaciones del debido proceso y no se aportaron pruebas que vinculen al acusado con ningún delito.
El 23 de octubre de 2015, Franklin Nieves, un fiscal en el juicio de López, quien huyó a los Estados Unidos, declaró que el juicio fue una «farsa» y que fue presionado por altos funcionarios del gobierno venezolano. La exjueza Ralenis Tovar, quien firmó la orden de aprehensión de Leopoldo, declaró que lo hizo porque se sintió atemorizada y porque «no quería que le pasara lo que le sucedió a la jueza Afiuni». La fiscal general Luisa Ortega Díaz afirmó que durante el proceso recibió presiones, que fue presionada por Diosdado Cabello para que lo señalara como autor intelectual de la muerte de Bassil Da Costa y de Juan Montoya, y aseguró haber recibido llamadas de Nicolás Maduro y de Diosdado. La organización pública de servicios postales en Venezuela, IPOSTEL, destruyó hasta 150 000 solicitudes postales que pedían a la presidencia de la república la liberación de Leopoldo López.
Amnistía Internacional resolvió a López con el estatus de prisionero de conciencia del gobierno de Nicolás Maduro.
De acuerdo a la defensa de López, luego de 70 audiencias, 108 testigos, 30 pruebas (600 horas), el Ministerio Público fue incapaz de relacionar a su defendido con la violencia del 12 de febrero en Caracas.
La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado este arresto por haber sido motivado políticamente, ya que estuvo marcado por graves violaciones del debido proceso y no se aportaron pruebas que vinculen al acusado con ningún delito.
El 23 de octubre de 2015, Franklin Nieves, un fiscal en el juicio de López, quien huyó a los Estados Unidos, declaró que el juicio fue una «farsa» y que fue presionado por altos funcionarios del gobierno venezolano. La exjueza Ralenis Tovar, quien firmó la orden de aprehensión de Leopoldo, declaró que lo hizo porque se sintió atemorizada y porque «no quería que le pasara lo que le sucedió a la jueza Afiuni». La fiscal general Luisa Ortega Díaz afirmó que durante el proceso recibió presiones, que fue presionada por Diosdado Cabello para que lo señalara como autor intelectual de la muerte de Bassil Da Costa y de Juan Montoya, y aseguró haber recibido llamadas de Nicolás Maduro y de Diosdado.
La organización pública de servicios postales en Venezuela, IPOSTEL, destruyó hasta 150 000 solicitudes postales que pedían a la presidencia de la república la liberación de Leopoldo López.
Amnistía Internacional resolvió a López con el estatus de prisionero de conciencia del gobierno de Nicolás Maduro.
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