Juicio de los fondos buitre contra Argentina
El juicio de los fondos buitre contra Argentina fue una causa judicial llevada adelante por los acreedores que no aceptaron los canjes de deuda propuestos por el gobierno de ese país. La causa fue llevada adelante en Nueva York por el juez Thomas P. Griesa quien en 2012 emitió un fallo a favor de los fondos buitre y ordenó que Argentina debía pagar la totalidad de lo reclamado, a los holdouts que no habían aceptado los anteriores acuerdos.
La causa llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos que en junio de 2014 declara que no revisará el expediente presentado por Argentina, dejando firme la sentencia de Griesa. Argentina decide el 30 de junio de 2014 seguir cumpliendo con los pagos a los acreedores de los bonos reestructurados pero el juez retiene los pagos, haciendo que el país caiga en default selectivo. En 2016, el nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri, decidió pagarles 9.300 millones USD a los fondos buitre con la aprobación de los diputados(165 afirmativos y 86 negativos) y senadores(56 afirmativos y 16 negativos), saliendo del default.
En el marco de la Crisis de diciembre de 2001 en Argentina, una de las crisis económicas más profundas de la historia del país que lleva al default ese año. Durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en los años 2005 y 2010 respectivamente, se abrieron los canjes de reestructuración de deudas. En ambos procedimientos se ofrecieron bonos con quita del bono-valor y pagos en diferentes plazos, lo que fue aceptado por el 92.4 % de los tenedores de bonos. Sin embargo, un grupo de acreedores (el 7 % aproximadamente) no entró en la reestructuración y un subgrupo más pequeño (1 %) conformado por fondos buitres, por parecer incobrables, y desde entonces intentaron embargar bienes argentinos en todo el mundo y realizaron más de 900 juicios, para poder cobrar los bonos al valor total y obtener una ganancia de más del 1600 %, llevar a juicio a la Argentina para reclamar el pago de la deuda con altas ganancias, implica violar una de las cláusulas que conforman el contrato firmado entre el país y los bonistas reestructurados ―la cláusula RUFO―, que imposibilita realizar acuerdos de pagos superiores a los montos acordados en los canjes 2005 y 2010.Sobre ese país los fondos buitre han impuesto 28 embargos desde 2001, el Estado ha logrado recuperar todos los bienes por la vía legal, derrotando a los fondos buitre en todas las ocasiones. Al final quienes pierden parte de sus préstamos son los tenedores de bonos que desisten y rematan sus papeles.
A partir del año 2011, Argentina enfrentó un litigio con fondos de capital o de inversión denominados fondos buitre, cuyo modus operandi consiste en adquirir bonos o títulos de deuda pública de países endeudados o en default casi incobrables con alto riesgo a precios muy bajo a bonistas, casi entre el 30% y 20% de su valor nominal, y esperar el momento propicio para reclamar su valor nominal. En otras palabras, mediante la crisis financiera, los fondos buitre se arriesgan al comprar títulos de deuda de los países en una situación económica crítica, a precio basura para luego litigar en los foros internacionales e intentar cobrar la totalidad del valor.
Los fondos NML Capital Ltd. y EM Ltd., que no ingresaron en el canje de 2005 iniciaron una demanda ante el juzgado de Thomas Griesa en Nueva York. En enero de 2010 el juez ordenó el embargo de algo más de 1.83 millones de dólares de una cuenta que el Banco Central (BCRA) opera en la Reserva Federal. Días después la medida fue revertida de manera provisional.
El fondo Elliott Associates de Paul Singer demandó a la Argentina ante la Corte de Nueva York en 2011. En febrero de 2012 Griesa falló a favor de los fondos buitres —que en ese momento eran tenedores del 7,6% de la deuda estructurada—. Determinó que Argentina no podría seguir cumpliendo con sus obligaciones con los tenedores de deuda que habían aceptado las propuestas de canje hasta tanto no se cancelaran esos pasivos impagos. En Francia, el fondo NML Elliot había perdido un juicio contra el país el 4 de abril de 2013, ya que la Corte Suprema de Francia dictaminó que la Argentina tiene derecho a reestructurar su deuda externa y avaló los llamados para canjear títulos en default de 2005 y 2010.
En noviembre de 2012 Thomas Griesa emitió un fallo a favor de los fondos buitre y ordenó que Argentina debía pagar la totalidad de lo reclamado, —algo más de US$ 1.330 millones de dólares—, a los holdouts que no habían aceptado los anteriores acuerdos. Entre ellos se encontraba NML, uno más visibles que había iniciado numerosas demandas e impulsado la retención de la fragata Libertad. El 28 de noviembre la Organización Marítima Internacional (OMI) certificó que la Fragata Libertad es un buque militar y por lo tanto es inembargable. El 26 de junio de 2013, la Corte Suprema de Ghana obligó al fondo NML Elliot a pagar 8 millones de dólares a la administración del puerto de Tema por mantener secuestrada la Fragata Libertad.
Argentina apeló la decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el acompañamiento de los gobiernos de Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto, de la American Chamber of Commerce of Argentine y del Premio Nobel en Economía, Joseph Stiglitz. También respaldaron la posición argentina el G 77, la UNASUR, los BRICS, la CELAC y más de 80 países (entre ellos Gran Bretaña, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Chile, Uruguay, Ecuador, Italia, Brasil, Suiza, Perú, Rusia, etc.).
El Gobierno de Estados Unidos presentó un "amicus curiae" ante la Corte de Apelaciones de Nueva York advirtiendo que la interpretación de Griesa «podría permitir a un solo acreedor frustrar la aplicación de un plan de reestructuración con apoyo internacional, y con ello socavar las décadas de esfuerzos que Estados Unidos ha gastado para promover un sistema de cooperación y resolución de las crisis de deuda soberana». En su escrito, el fiscal federal del distrito sur de Manhattan, Preet Bharara, señaló que no levantar el bloqueo de fondos para el pago a bonistas reestructurados, tendría "graves consecuencias para la economía argentina y para los intereses de Estados Unidos en la región".
En diciembre de 2012, la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Manhattan suspendió el fallo de Griesa y denegó la apelación de los demandantes.
La posición argentina fue respaldada por diversos actores de la comunidad internacional:
El 9 de septiembre de 2014, las Naciones Unidas aprobaron la propuesta de Argentina y del G77+China de establecer un marco jurídico legal a nivel global para los procesos de reestructuración de deuda soberana de los países, con el voto positivo de 124 naciones, mientras que solo 11 lo hicieron en contra y 41 naciones se abstuvieron de emitir opinión. La presidenta argentina aseguró que el resultado fue «en favor de la dignidad de los pueblos». Se trató de una votación histórica, ya que por primera vez la ONU decide tratar en su seno un tema relacionado con los problemas de deudas de países. Otro elemento fundamental al momento de medir la importancia de la decisión es que con el futuro marco legal los países avanzarán en ponerle un freno al accionar de los fondos buitre.
También el FMI se pronunció en contra de las sentencias de la Corte de Nueva York, que obligaban a la Argentina a pagar 100 % de la deuda de los bonos impagos (1500 millones de dólares) cuyos propietarios no ingresaron a los canjes por su propia voluntad. Por su parte, el presidente estadounidense, Barack Obama, acusó al juez Griesa de haber violado la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos al dar información sobre los bienes argentinos a los fondos buitre. En la reunión de la OEA, en sesión extraordinaria para tratar de manera exclusiva este conflicto, el secretario general, José Miguel Insulza, respaldó fuertemente la postura argentina y advirtió sobre «el peligro que significa para el sistema financiero internacional el accionar de los fondos buitres». En ese sentido, afirmó que los fondos especuladores pueden generar «la quiebra de los Estados» a partir de la «búsqueda de precio vil» sin que «les importe si esto redunda en un aumento de la pobreza de los países».
En 2014 la ONG digital Avaaz lanzó una campaña a favor de Argentina, indicando que este precedente «pondrá en peligro los esfuerzos que muchos países del mundo están realizando por reestructurar sus deudas soberanas. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional –organismos responsables de estas deudas injustas– han expresado su grave preocupación por las implicaciones del fallo para las futuras crisis de deudas soberanas».
El 26 de agosto de 2013 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al congreso un proyecto de ley para concluir el proceso de reestructuración de los títulos públicos que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. El artículo segundo establece que los «términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en el decreto 563/10». El proyecto de ley fue apoyado por el radicalismo y otros partidos.
La norma planteaba el canje voluntario, individual o colectivo de los bonos bajo legislación estadounidense por otros títulos iguales bajo legislación local. Según Aldo Pignanelli, expresidente del Banco Central, la aprobación del proyecto implicaba "es una necesidad jurídica para poder apelar ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que permita de una vez por todas darles una definición total al problema de los holdouts".
La Argentina apeló y la Corte de Apelaciones ratificó el fallo del juez Griesa. Al país no le quedaba otro camino que recurrir ante el máximo tribunal de justicia de Estados Unidos. Pero el 16 de junio de 2014, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que no revisará el expediente presentado por Argentina el año anterior ―que buscaba cambiar la sentencia negativa del juez Griesa― y rechazó tomar el caso. En este escenario, cobró fuerza la sentencia del juez, quien ordenó que el país pague de contado la totalidad de 1500 millones de dólares reclamados por NML (y otros acreedores), por sus bonos en cesación de pagos.
Luego de reiterados intentos frustrados de negociación entre ambas partes, Argentina decide el 30 de junio de 2014 seguir cumpliendo con los pagos a los acreedores de los bonos reestructurados, tras un nuevo vencimiento de deuda. La Argentina paga en concepto de intereses una suma superior a los 900 millones de dólares depositados en las cuentas de los agentes fiduciarios, Banco de Nueva York Mellon (BoNY) y Citibank Argentina. Por orden del juez Griesa el pago a los tenedores de deuda no se hizo efectivo, por lo que los fondos argentinos quedaron retenidos en dichas cuentas a la espera de una resolución del conflicto.
Ante esta situación, el ministro de Economía, Axel Kicillof, emitió un aviso de pago a los tenedores de deuda que sí entraron en las respectivas reestructuraciones que realizó el país, en el cual enunció:
La imposibilidad de que los acreedores cobraran el pago de tales vencimientos hizo que la calificadora de riesgo Standard & Poor's declarara a Argentina en «default selectivo» el 30 de julio de 2014. En tal oportunidad, Kicillof enunciaba en conferencia de prensa que «Argentina pagó. Argentina quiere seguir pagando en condiciones razonables, en condiciones posibles, pero estamos ante una situación donde no nos dejan». La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se prenunciaba en Casa de Gobierno afirmando que «No vamos a entrar en default, porque en default entran los que no pagan y Argentina pagó».
Axel Kicillof, reiteró en varias oportunidades la voluntad de Argentina de seguir dialogando para asegurar condiciones justas, equitativas y legales, lo que implica contemplar los intereses del 92.4 % de los bonistas que si entraron a las reestructuraciones. Durante su exposición en la Organización de Estados Americanos (OEA) el 3 de julio de 2014, el ministro subrayó:
Ante la falta de respuestas por parte de la justicia estadounidense, el Gobierno argentino decide enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para la emisión de nuevos títulos públicos bajo jurisdicción argentina y francesa que permita eludir la prohibición de cobro de vencimientos de la deuda que ordenó el juez neoyorquino. El proyecto introduce la posibilidad de que los tenedores de títulos puedan optar por solicitar un cambio en la legislación y jurisdicción. Argentina podrá así instrumentar un canje por nuevos bonos regidos por legislación y jurisdicción local o por legislación y jurisdicción de Francia. El 11 de septiembre de 2014 se aprueba la Ley de Pago Soberano con 134 votos a favor, 99 en contra, 12 abstenciones, que autoriza el reemplazo del Bank of New York por Nación Fideicomisos, y permite así el pago en Buenos Aires de la deuda reestructurada.
En noviembre de 2014 George Soros, —uno de los bonistas perjudicados por la decisión de Griesa de extralimitarse en su jurisdicción—, recurrió a la justicia británica, que pocos meses después falló a su favor. Esta decisión habilitaba a Argentina a iniciar un juicio a los fondos buitres en las Islas Caimán, territorio británico, jurisdicción donde los fondos buitre tienen domicilio. El economista Guillermo Nielsen, entre otros, defendía esta posibilidad.
En octubre de 2015 el Tribunal de Comercio de Bruselas falló a favor de los tenedores europeos de bonos que habían entrado en las negociaciones de 2005 y 2010, y en contra de los reclamos de los fondos buitre y lo dispuesto por el juez Griesa.
En 2016, el nuevo gobierno de Argentina, liderado por el empresario Mauricio Macri, decidió pagarles 9.300 millones USD a los fondos buitre, incluyendo 4.782 millones al de Paul Singer. El pago se hizo con el argumento de que permitiría salir al país del default en el que se encontraba. Recibió tratamiento legislativo, y para su aprobación fue decisivo el apoyo en Diputados del Frente Renovador (encabezado por Sergio Massa), y en el Senado del peronismo conservador (encabezado por Miguel Ángel Pichetto).
El pago se encuentra investigado por la justicia argentina por graves irregularidades, entre ellas que no se elaboraron informes por parte de áreas técnicas de organismos estatales que sustenten los montos demandados; hubo acuerdos firmados a mano alzada; no se individualizaron los títulos incorporados; y en la mayoría de los casos se acordó pagar más de lo acordado en las sentencias. Al analizar los desembolsos, los peritos también aseguraron que no hay documentación que avale qué títulos se abonaron. A 2016 la causa es llevada adelante por el fiscal federal Federico Delgado. Paralelamente, se abrió una causa contra Mauricio Macri por la negociación con los buitres, donde se lo investiga por una presunta "delictiva negociación". Un año después se revelaría en una entrevista de Greg Palast (periodista de The New York Times, BBC y The Guardian), donde Paul Singer admite que financió con 2,5 millones USD la campaña presidencial de Mauricio Macri, para de este modo asegurarse una ganancia exponencial sobre su juicio contra Argentina, obteniendo en dicha maniobra ganancias de un 10.000%.
Datos del diario británico Financial Times revelaron que para pagarles a los buitres, Argentina emitió la mayor suma de deuda para cualquier nación en desarrollo desde 1996, siendo el país que más se endeudó en el mundo. Días después, como consecuencia de esta política nacieron los llamados fondos de "tercera generación", una nueva tanda de demandantes con bonos que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010; y tampoco aceptaron el pago del gobierno de Macri. A principios de 2016, la devaluación del peso de $9,8 a $13,95 generó un incremento de $40.000 millones en la deuda de las provincias, lo que representa un 20% del stock total de las mismas. Tras meses de investigaciones, el fiscal del caso declaró que el endeudamiento por 16.500 millones USD que encaró la administración de Cambiemos para luego cancelar en efectivo 12.500 millones USD a los bonistas en default fue el broche de oro de una gigantesca estafa al Estado nacional.
En noviembre de 2016 un nuevo fondo buitre volvió a exigir dinero a la Argentina.
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