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Justicia climática



Justicia climática es un término utilizado para denominar al calentamiento global como un problema ético y político, más allá de solo un problema ambiental o físico en la naturaleza. Esto se hace relacionando los efectos del cambio climático con conceptos de justicia, particularmente justicia ambiental y justicia social, y examinando problemáticas tales como igualdad, derechos humanos, derechos colectivos y la responsabilidad histórica por el cambio climático. Un problema fundamental de la justicia climática es que aquellos menos responsables del cambio climático son quienes sufren sus peores consecuencias.[1][2][3]​ En ocasiones, este término se utiliza para hacer referencia a una acción legal actual en materia de cambio climático.[4]

La capacidad de las poblaciones para aminorar y adaptarse a las consecuencias negativas del cambio climático están determinadas por factores como: el ingreso, raza, clase, género, capital y representación política.[5]​ Cuantos menos recursos tengan para adaptarse las comunidades, se vuelven más vulnerables al cambio climático.[5][6]​ La gente que vive en la pobreza o en circunstancias precarias no suele tener los recursos ni la cobertura de seguro necesaria para recuperarse de algún desastre medioambiental. Asimismo, muchas de estas poblaciones reciben un reparto desigual de las operaciones de socorro, así como una escasa asistencia para la recuperación.[5]

En el 2000, mientras se llevaba a cabo la Sexta Conferencia de las Partes (COP 6), también tuvo lugar la primera cumbre de la justicia climática en La Haya. Esta cumbre buscaba afirmar que el cambio climático es una cuestión de derechos y también de formar alianzas más allá de los estados y fronteras en contra del cambio climático y a favor del desarrollo sostenible.[7]

Más tarde, en agosto-septiembre del 2002, grupos medio-ambientalistas internacionales se reunieron en Johannesburgo para la Cumbre de la Tierra.[8]​ o también conocida como Río+10. Esta cumbre se llevó a cabo 10 años después de la Cumbre de la Tierra de 1992, se adoptaron los Principios de justicia climática de Bali .[9]

En 2004, se creó el Grupo Durban por la justicia climática en el encuentro internacional de Durban, Sudáfrica. Fue aquí, que representantes de ONG y movimientos populares discutieron políticas realistas para enfrentar el cambio climático.[11]

En la Conferencia de Bali de 2007, fue fundada la coalición global Climate Justice Now!, y, en 2008, en la reunión inaugural de Ginebra, el Foro humanitario global se enfocó su atención en la justicia climática.[12]

En 2009, se creó la red de Climate Justice Action justo en el período previo a la Cumbre de Copenhague.[13]​ Durante la cumbre, se discutió sobre la desobediencia civil y la acción directa, y muchos activistas climáticos utilizaron el lema de "cambio del sistema y no climático”.[14]

En abril de 2010, tuvo lugar la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en Tiquipaya, Bolivia. Fue organizada por el gobierno de Bolivia con la intención de reunir a los gobiernos y la sociedad civil. En esta conferencia se publicó un “Acuerdo de los Pueblos” que, entre otras cosas, busca promover una mayor justicia climática.[15]

Una cuestión polémica en debates sobre la justicia climática es el capitalismo, puesto que se le ve como la causa raíz. Esto conduce con frecuencia a desacuerdos fundamentales, por un lado, entre grupos medioambientalistas liberales y conservadores y, por otro, a izquierdistas y organizaciones radicales. Mientras el primero normalmente suele señalar los excesos por parte del neoliberalismo que afectan el cambio climático y argumentan a favor de la reforma basada en el mercado, la problemática central subyacente son los rasgos de explotación del capitalismo.[16][17]

De acuerdo con un estudio, el huracán Katrina fue una prueba contundente de cómo los desastres provocados por el cambio climático afectan a las personas en magnitudes diferentes,[5]​ ya que tuvo un efecto desproporcionado sobre grupos de bajos ingresos y minorías.[5]​ Un estudio sobre las dimensiones de la clase y alcance del huracán Katrina reveló que aquellos más vulnerables a este incluye a gente pobre, negra, morena, ancianos, enfermos y gente sin hogar.[18]​ Las comunidades de bajos ingresos y negras cuentan con pocos recursos y una limitada movilidad para evacuar antes de una tormenta.[19][20]​ De igual forma, después de un huracán, las comunidades con bajos ingresos fueron las más afectadas por la contaminación, [5]​ y esto se empeoró debido al hecho de que las medidas de ayuda del gobierno no lograron asistir adecuadamente a las personas con mayor riesgo.[6][18]



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