El levantamiento campesino de 1932 en El Salvador fue una mezcla entre protesta e insurrección que acabó en etnocidio al represaliarse con el exterminio directo de casi la totalidad de las comunidades nahuas del país.
Tras la llegada de los españoles a territorio de lo que hoy es El Salvador, la situación económica y social de los nativos se caracterizó por la constante decadencia de las condiciones de vida, la cual se incrementó en los años próximos a la independencia. Tras la independencia de El Salvador, los gobiernos fueron propiciando la creación de un sistema desigual, el cual dejaba alejadas del progreso a las poblaciones nativas de los territorios del Señorío de Cuzcatlán. El Salvador, sumido en una profunda crisis económica por la caída de los precios del café y la crisis de 1929, se enfrentó a una oleada de protestas y rebeliones contra el sistema desigual de tenencia de tierras, que se agudizaron con las reformas presidenciales que despojaban a los campesinos de sus tierras ejidales para darlas a los grandes terratenientes. Los campesinos e indígenas se levantaron contra el gobierno y atacaron instalaciones militares en el occidente del país, coincidiendo con una rebelión organizada por el Partido Comunista Salvadoreño (PCS) tras perder las elecciones que posteriormente acusaron de fraudulentas.[cita requerida]
El resultado fue una respuesta militar del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, quien ordenó la ejecución de todo aquel que se alzase contra el régimen. Algunos autores estiman una cifra cercana a los 25 000 fallecidos. Hasta la fecha, se sigue conmemorando los hechos como uno de los episodios más emblemáticos y determinantes en la historia de El Salvador, por sus secuelas políticas, económicas y ante todo, culturales.
El malestar social en El Salvador había crecido durante toda la década de 1920 a causa de los abusos por parte de la clase política y la amplia desigualdad entre los terratenientes y el campesinado, producto de las políticas aplicadas sobre latifundios. Dicho malestar se vio agudizado por la tremenda baja de los precios del café y el creciente desempleo; debe tenerse en cuenta que durante las dos últimas décadas del siglo XIX y las primeras tres décadas del siglo XX, la economía salvadoreña se sostuvo gracias al cultivo del café, de tal forma que dicha época se conoce como la «república cafetalera». En tal sentido, la caída de los precios del café significó el despido masivo de campesinos y el cierre de varias haciendas, lo cual llevaría a una crisis económica muy profunda.
El sector cafetalero nacional había surgido por la acumulación de riquezas por parte de un pequeño grupo de hacendados y comerciantes, los cuales, aprovechando el negocio cafetalero, habían acaparado una gran cantidad de terrenos, dando empleo a campesinos, buena parte de ellos indígenas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el empleo brindado por los hacendados fue deformándose hasta convertirse en explotación, ya que la paga era muy poca y el trato hacia los campesinos era despótico. Para finales de 1930, la paga en las haciendas consistía en dos tortillas y dos cucharadas de frijoles salcochados al inicio y al final de la jornada. Como agravante, las fichas (monedas locales) con que se pagaba en las haciendas, solo podían ser cambiadas por productos en la tienda que pertenecía al mismo dueño que el cafetal, por lo cual existían monopolios locales que encarecían el alimento. Se calcula que la alimentación en la época para un jornalero no sobrepasaba el costo de $0.01 al día, por lo cual los beneficios de los hacendados eran bastante considerables. De hecho, para 1924, la producción total de café variaba entre 32 y 53 millones de kilogramos. El precio por cada quintal (46 kilogramos), oscilaba entre 42.55 colones; el cálculo de costos de producción para un quintal era de 13 colones, de los cuales dos iban a las manos del trabajador, uno a las arcas del Estado, uno a los vendedores de insumos y nueve a los grandes hacendados.
El valor que el hacendado daba al trabajador era bajísimo, según lo declarado el 5 de febrero de 1932 por el encargado de la delegación estadounidense en San Salvador, W. J. McCafferty, en una carta dirigida hacia su gobierno explicando la situación salvadoreña, donde expresaba que un animal de labranza tenía más valor que un trabajador porque la demanda era alta y su valor comercial dejaba mejores dividendos. McCafferty informó, desde su punto de vista, todo lo ocurrido al gobierno estadounidense.
Por otro lado, la situación económica mundial causada por la crisis de 1929 fomentaba la falta de oportunidades en países como El Salvador, al grado de marcar los años de menor progreso en el país en la primera mitad del siglo XX. Pese a que la crisis afectaba a la población entera del país (y de casi toda Latinoamérica), en el occidente de El Salvador la crisis era más aguda puesto que las políticas de los presidentes Pío Romero Bosque y Arturo Araujo habían llevado al casi total despojo de las tierras a los campesinos locales, generando gran malestar, lo cual se unía a las acciones militares que de manera tácita amedrentaban a los campesinos para que se abstuviesen de protestar. Dicha zona estaba altamente poblada por indígenas de origen pipil. Los indígenas, sistemáticamente separados del escaso progreso económico, intentaron obtener ayuda de las autoridades reconocidas por su centenaria tradición jerárquica. Pese a que las leyes no concedían ninguna prebenda o reconocimiento oficial a los caciques, los indígenas respetaban y obedecían a su autoridad. Por otro lado, la clase política había buscado el acercamiento a los caciques para obtener el apoyo de sus gobernados en elecciones y consultas populares, por lo que tenían alguna posibilidad de ser escuchados por las autoridades gubernamentales.
Para paliar la crisis económica, los indígenas se habían organizado en asociaciones de cooperación, mediante las cuales se brindaba empleo a los indígenas que no lo poseían, a cambio de que estos colaborasen con las festividades católicas. Los encargados de dirigir dichas asociaciones eran los caciques, quienes representaban a los desempleados ante las autoridades y supervisaban el trabajo realizado. Feliciano Ama, por ejemplo, era uno de los caciques más activos y estimados por la población indígena; había hecho gestiones de ayuda económica con el presidente Romero a cambio de la colaboración en su candidatura. Por otro lado, la crisis se agudizaba por el conflicto permanente entre las poblaciones indígenas y los habitantes de la zona que no pertenecían a su etnia. Evidentemente, las poblaciones de «no indígenas» estaban mejor relacionadas con las urbes gubernamentales, por lo cual, cuando ocurrían revueltas o combates, el ejército arrestaba a los líderes indígenas y se les condenaba a muerte.
Otro elemento que antecedió a la rebelión campesina fue la inestabilidad política del país. Durante las elecciones de 1931, fue elegido Arturo Araujo, quien redujo los salarios en más de un 54 %. Tras diversas acciones de rebelión militar, el presidente Arturo Araujo fue derrocado y sustituido por un Directorio cívico; luego se dio la llegada al poder del General Maximiliano Hernández Martínez en diciembre de 1931, la cual marcó el inicio de lo que se conoce como «dictadura militar». La gestión de Hernández Martínez se caracterizó por la severidad de sus leyes y de sus juicios. La pena por robar era la amputación de una mano, por ejemplo. Martínez fortaleció los cuerpos de seguridad y se mostró especialmente agresivo en materia de rebeliones, decretando la muerte para cualquiera que se levantase contra el régimen. Gozaba de una popularidad muy alta, tanto que hasta la fecha, algunas personas añoran sus medidas en materia de seguridad; muy poco se escribe de tal sentimiento popular, pero es fácilmente verificable al conversar con ancianos que vivieron su gestión. Sus más fieles defensores fueron sus empleados directos, tal es el caso del empresario Luis Escalante Arce, quien se desempeñó como ayudante en una de las secretarías de Estado durante la gestión de Hernández Martínez.
Con anterioridad a los eventos de mayor magnitud se acumularon acontecimientos y situaciones que finalmente incidirían directamente sobre el conflicto. Por un lado, el ejército salvadoreño estaba organizado para repeler cualquier levantamiento. Los campesinos (indígenas y no indígenas) empezaban a levantarse contra las autoridades locales de manera desorganizada; por otro lado, el PCS (Partido Comunista Salvadoreño) realizaba actividades a nivel oficial que les llevarían a incluirse en el alzamiento
El ejército estaba organizado en regimientos de infantería, artillería, ametralladoras y caballería. Las armas más utilizadas fueron los fusiles Máuser de fabricación alemana. En aquel momento el papel de la fuerza aérea no fue determinante, puesto que su participación se limitó a tareas de reconocimiento. El ejército estaba bajo las órdenes directas del presidente de la república y tenía por objetivo fundamental la defensa del Estado. Los cuerpos de seguridad eran la Policía Nacional (PN), la Guardia Nacional (GN) y la Policía de Hacienda (PH), las cuales habían sido entrenadas por personal militar español.
Los militares que fueron designados para dirigir al ejército en el conflicto fueron:
Dadas las circunstancias de pobreza y desigualdad, algunos de los campesinos despojados de sus tierras y sometidos a trabajo mal remunerado, empezaron a rebelarse contra los terratenientes y contra las autoridades. Al inicio fue de manera individual, lo cual facilitaba que las autoridades detuviesen o amenazasen a los rebeldes. Los grandes terratenientes estaban fuertemente ligados a las autoridades militares, por lo cual, la defensa de las haciendas era realizada por cuerpos oficiales de seguridad.
Después de varios arrestos, los campesinos iniciaron un proceso de organización de bajo perfil, es decir, con un objetivo común pero sin ningún modelo jerárquico; en tal sentido, los esfuerzos seguían siendo aislados y dispersos, fácilmente sofocados por los cuerpos de seguridad, que arrestaban a los rebeldes y los ponían a disposición de las autoridades, quienes los condenaban posteriormente al paredón de fusilamiento o a la horca. No existen datos acerca de la cantidad de ejecuciones perpetradas en las semanas previas al levantamiento general; sin embargo, se sabe que fueron condenados muchos de los líderes campesinos, así como los funcionarios públicos que colaboraban de alguna forma con ellos.
Paralelamente a los conflictos entre indígenas, campesinos, terratenientes y autoridades, la actividad del PCS se extendía al reparto de panfletos, inscripción de nuevos miembros y realización de amplias concentraciones. Las actividades se veían alimentadas por la frustración de las ofertas no cumplidas de gobiernos y partidos políticos. Los líderes comunistas, dirigidos por Agustín Farabundo Martí, habían construido una organización política que, si bien carecía de una estructura bien definida, lograba obtener la simpatía de parte de la población, al llevar al plano político las necesidades más sensibles del sector menos protegido de El Salvador. Tras el golpe de Estado de 1931, la prensa tuvo mayor libertad para la expresión de ideas, por lo cual el PCS multiplicó su accionar por medio de sus medios revolucionarios de difusión.
Pese a que no tenían un plan de gobierno definido, los dirigentes del PCS se propusieron participar en las elecciones municipales convocadas para el 3 de enero de 1932 y en las legislativas del 10 al 12 del mismo mes, para lo cual inscribieron a sus candidatos.
Los procesos electorales de la época estaban sometidos a serias críticas, puesto que para inscribirse en el padrón electoral había que declarar ante las autoridades la intención de voto. Dicha práctica coartaba la participación democrática ya que sembraba el miedo entre los electores y favorecía de manera amplia a los candidatos oficiales.
Tras los comicios, las acusaciones de fraude crecieron a tal punto que llevaron a la directiva comunista a abandonar la fe en los procesos electorales y tomar la vía del levantamiento.
Se planeó el levantamiento para mediados de enero de 1932, incluyendo en el plan a militares simpatizantes de la causa comunista. Antes del alzamiento, la policía arrestó al líder del PCS, Agustín Farabundo Martí, y a los dirigentes de agrupaciones estudiantiles universitarias, Alfonso Luna y Mario Zapata. Se les decomisaron documentos que probaban los planes de insurrección, los cuales fueron usados posteriormente en juicios militares.
Pese al golpe moral y organizacional sufrido por el PCS, la insurrección no se canceló. La dirigencia comunista se reintegró a los planes originales en la medida de la posibilidad de realizarlos. A finales del mes de enero de 1932, la situación nacional tomó tintes caóticos; los cuerpos de seguridad arrasaban con cualquier agrupación o individuo que se involucrase en actos subversivos o revolucionarios. A la vez que el PCS realizaba su levantamiento, los indígenas del occidente se alzaron contra el régimen en protesta por sus pobres condiciones de vida; no existe documentación que respalde la postura que afirma que el levantamiento campesino fue realizado por el Partido Comunista Salvadoreño, pero debido a las fechas en las que ocurrieron ambos alzamientos, las fuerzas armadas decidieron responder de igual forma a ambos movimientos. Tras los eventos de finales de enero, Martí, Luna y Zapata fueron sometidos a un consejo de guerra y condenados a muerte. La sentencia fue ejecutada el 1 de febrero de 1932.
En las últimas horas del 22 de enero de 1932, miles de campesinos en la zona occidental del país se alzaron en rebelión contra el régimen. Armados principalmente de machetes, atacaron las haciendas de los grandes terratenientes y varios cuarteles, obteniendo el control de algunas poblaciones como Juayúa, Nahuizalco, Izalco y Tacuba. Por otro lado, cuarteles como los de Ahuachapán, Santa Tecla y Sonsonate resistieron el ataque y se mantuvieron al servicio del gobierno nacional. Los asesinatos realizados por los rebeldes campesinos fueron veinte civiles y treinta militares.
Según el testigo Alberto Shul, habitante de Nahuizalco, «habían saqueado todo el pueblo». El líder sublevado Francisco "Chico" Sánchez ordenó que le entregaran todos los títulos de propiedad de la ciudad.
La primera ciudad en ser tomada fue Juayúa, donde fue asesinado el terrateniente Emilio Radaelli; además, su esposa fue violada y posteriormente asesinada, razón por la cual después fueron ametrallados estos indígenas como venganza de los militares y también por alterar el orden público y por holgazanería. También fue ejecutado el coronel Mateo Vaquero, comandante local.
En Izalco, el saldo del levantamiento incluyó la ejecución del alcalde, Miguel Call, y del alcalde electo, Rafael Castro. En la población de Colón, fueron ejecutados Efraín Alvarenga, secretario municipal, Damasio Cruz, agente de la policía y al comandante local, coronel Domingo Carlos Campos.
Existen diversas versiones de los hechos; sin embargo, es bastante difícil asegurar que una es la correcta puesto que muy pocos fueron los sobrevivientes de dicha rebelión. Se dice que los indígenas atacaron propiedades privadas y realizaron delitos y acciones vandálicas sobre poblaciones enteras; ciertamente, existen testimonios que respaldan dicha tesis, pero existe la posibilidad de que oportunistas se uniesen al levantamiento campesino para realizar actos delictivos. No puede ni confirmarse ni desmentirse de manera concluyente la participación de indígenas y campesinos en el saqueo; lo único que puede asegurarse es que el motivo fundamental de los eventos fue el levantamiento contra el régimen, por tanto, cualquier acto de ataque a propiedad privada, fue un apéndice del movimiento en general, convirtiéndose en hechos aislados al objetivo de los campesinos.
Otra polémica acerca de aquel levantamiento se vincula a la relación entre los campesinos y el PCS. La coincidencia temporal de ambos levantamientos y la similitud de las causas de cada uno hacen pensar que estaban vinculados e incluso, coordinados. Algunas teorías afirman que el PCS utilizó la situación de pobreza de los campesinos para convencerlos de actuar en conjunto y alzarse contra el régimen; Poco o nada se conoce acerca de la relación entre ambos grupos y mucho menos acerca de negociaciones u homólogos. Autores como Eric Ching, especialista en el tema, afirman que el levantamiento campesino no pudo ser coordinado por el PCS puesto que el partido tenía demasiados problemas como para dirigir una insurrección a varios kilómetros de distancia. Se agrega, además, que pudo haber una tercera fuerza alzándose, la cual se trató de sindicatos inconformes con la política salarial en el sector formal.
De cualquier manera, el gobierno no hizo distinción entre uno y otro movimiento, por lo cual actuó de la misma forma en ambos casos.
El gobierno no tardó en reaccionar, recuperando el control del territorio salvadoreño en un par de días, por medio de un despliegue militar con el objetivo de someter a todos los rebeldes.
El general José Tomás Calderón gozó de armamento y efectivos en abundancia.
Las guardias civiles eran personas voluntarias que se ponían al servicio de los cuerpos de seguridad para colaborar en las labores de patrullaje y en caso de necesidad, combatían junto a los militares.
Los cadáveres apilados en la calle fueron un cuadro común en aquellos días; pese a los esfuerzos por aproximarse a una cifra fidedigna de fallecidos en las setenta y dos horas posteriores al levantamiento, no puede asegurarse un número en concreto, aunque varios historiadores coinciden en que fueron alrededor de veinticinco mil personas fallecidas. Aquellos que sobrevivieron pero fueron capturados, se sometieron a juicio y acabaron inevitablemente condenados a muerte.
Después de la rebelión, fue ahorcado el líder campesino Francisco Sánchez, mientras que su homólogo, Feliciano Ama, fue linchado y colgado luego su cadáver en presencia de los niños de una escuela según relatos muy poco confiables.
Al respecto, la esposa de Feliciano Ama narró a su hija, Julia Ama, los acontecimientos de la siguiente manera:
En los alrededores de Izalco, a todos los que se les encontraba portando machete, a todos aquellos que tenían fuertes rasgos de raza indígena o que vestían trajes indígenas, se les acusaba de subversivos y eran encontrados culpables. Para facilitar la tarea de los cuerpos de seguridad, se invitó a todos aquellos que no habían participado en la insurrección a que se presentaran a la comandancia para obtener documentos que les legalizaban como inocentes. Cuando llegaron fueron examinados, y los que presentaban las características indígenas, fueron apresados. Fueron fusilados en grupos de cincuenta en el muro de la Iglesia de la Asunción. En la plaza frente a la comandancia, varios fueron obligados a cavar una tumba común, a la cual fueron arrojados tras ser ametrallados. Las casas de los encontrados culpables fueron quemadas y sus habitantes sobrevivientes fueron ametrallados.
Según el comandante de la operación, el saldo de miembros del PCS asesinados fue de 4800, aunque dicho dato es muy difícil de verificar.
Diez días después del levantamiento, anclaron en el Puerto de Acajutla los barcos de guerra Skeena y Vancouver (británicos) y Róchester (estadounidense), los cuales habían sido enviados con la misión de proteger los intereses de sus connacionales residentes o inversores en El Salvador. El jefe de operaciones de El Salvador, les respondió con un mensaje que decía:
Tras el conflicto, los sobrevivientes buscaron huir hacia Guatemala; como respuesta, el presidente Jorge Ubico, ordenó acordonar la frontera, entregando al ejército salvadoreño a todo aquel que intentase cruzar al país vecino.
A manera de solución del conflicto, el parlamento salvadoreño emitió el Decreto Legislativo N.º 121, del 11 de julio de 1932, publicado en el Diario Oficial N.º 160, Tomo 113, del 14 de julio de 1932, cuyo artículo N.º 2 reza:
Tras sofocar la rebelión, el gobierno de Hernández Martínez inició un proceso de represión hacia los opositores, y se utilizó el padrón electoral para amedrentar o ajusticiar a quienes habían declarado ser oponentes al gobierno.
En la parte indígena, los acontecimientos trajeron consigo el exterminio de la mayoría de población hablante del náhuat, lo cual ha influido en la pérdida casi total de dicha lengua en El Salvador. Las poblaciones indígenas abandonaron muchas de sus tradiciones y costumbres por temor a ser capturados. Muchos de los indígenas que no participaron el levantamiento manifestaban no comprender el motivo de la persecución gubernamental. La vestimenta y muchas de las costumbres indígenas se fueron reemplazando para no ser víctimas del conflicto.
Tras los acontecimientos, Alfredo Schlesinger, simpatizante del gobierno de Hernández Martínez, escribió un libro titulado La verdad sobre el comunismo, en el cual contaba la historia según la versión oficial. Más tarde, el mismo Schlesinger escribió otro libro, titulado Revolución comunista, y que fue publicado en 1946, donde reafirmaba lo que decía en el primero. Algunas partes de los libros han sido fuertemente criticadas por encubrir los hechos, aunque también hay críticas por exagerar los acontecimientos. En general, las acusaciones apuntan a que las cifras de fallecidos son mucho menores de las reales y que se describen actos vandálicos de parte de los alzados que en realidad no sucedieron.
Con el pasar de los años, las poblaciones indígenas fueron desapareciendo hasta encontrarse en el siglo XXI en una condición de casi extinción. En la década siguiente a las consecuencias del levantamiento, la presencia militar en la zona fue persistente con el objetivo de mantener bajo control a los campesinos para que no se repitiesen los eventos. Pasada la dictadura de Hernández Martínez, el método para frenar el descontento campesino cambió, pasando de la represión a las reformas sociales que les beneficiasen al menos momentáneamente.
Fue en 1960 cuando los gobiernos militares desclasificaron documentos que sirvieron para conocer muchos detalles de los arrestos, juicios y levantamientos.
En un acto de contrición el presidente Mauricio Funes pidió perdón a las comunidades indígenas salvadoreñas, por los brutales hechos de persecución y exterminio a los que fueron sometidos por gobiernos de antaño. La declaración del mandatario salvadoreño se produjo durante la inauguración del Primer Congreso de los pueblos indígenas, en las instalaciones del Centro Salesiano de la población de Ayagualo, en el departamento de La Libertad, el 12 de octubre de 2010, día de la raza. «Bajo este contexto y bajo este espíritu, este gobierno que presido, quiere ser el primer gobierno que en nombre del Estado salvadoreño, en nombre del pueblo salvadoreño, en nombre de las familias salvadoreñas, haga un acto de contrición y pida perdón a las comunidades indígenas por la persecución y por el exterminio de que fueron víctimas durante tantos y tantos años», expresó el presidente.
En 2012, la Secretaría de Cultura de El Salvador realizó el proceso de declarar y reconocer como bien cultural al lugar conocido como «El Llanito», ubicado en el municipio de Izalco, departamento de Sonsonate, mediante Resolución Interna 006/2012, del 30 de enero de 2012, publicada en el Diario Oficial N.º 46, Tomo 394, del 7 de marzo de 2012.
En el pueblo de Izalco, cada 22 de enero se recuerdan los acontecimientos de 1932, siendo uno de los protagonistas es el hermano de Feliciano Ama, Hijilio Marciano Ama, nacido en 1912. Desde la firma de los acuerdos de paz, se realizan actos públicos en los que participan ancianos que presenciaron los hechos. La cobertura de los medios de comunicación es moderada, pero goza de la colaboración de las autoridades municipales para rendir algún homenaje a todos los fallecidos en aquellos eventos. En dichas conmemoraciones se escuchan testimonios de aquellos que vivieron los hechos, quienes relatan cómo murió una gran cantidad de gente que se consideraba inocente. El propósito es que nunca se olvide lo que sucedió para que no se repita.
En el acto celebrado en 2006, Julia Ama declaró que:
Durante la conmemoración de 2007, se formó una comisión que investigará a base de documentos, testimonios y relatos a nivel nacional como internacional, los hechos acontecidos en enero de 1932. La comisión está formada por David Masin, Concepción Saucedo, Juliana Ama, Salvador Menéndez Leal, Alonso García, Benjamín Cuéllar y Robin Delugan. Cabe aclarar, que los resultados de dicha investigación no tendrán ninguna implicación legal y no serán supervisados ni ratificados por ningún organismo oficial.
Por otro lado, el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fundado por Roberto d'Aubuisson, inicia sus campañas electorales en Izalco, sitio emblema de los acontecimientos de 1932. El himno del partido reza El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán. El inicio de la campaña electoral en el sitio mismo del levantamiento desata diversas críticas de la oposición política; sin embargo, no existe ley alguna que lo prohíba, por lo cual las reclamaciones no pasan de ser una mera condena moral.
Para algunos, el levantamiento campesino constituye el primer alzamiento marxista-leninista latinoamericano, el cual sería seguido por los partidos socialistas de toda la región. Se le califica de «hito» y se le pone como ejemplo en diversas actividades académicas de organizaciones de izquierda.
La novela Cenizas de Izalco, de Claribel Alegría y Darwin J. Flakoll, narra el romance clandestino de una dama salvadoreña de vida burguesa con un viajero estadounidense en la época del levantamiento campesino de 1932, aunque dicha problemática social y política queda relegada en un segundo plano hasta el final de la obra, en donde el visitante extranjero se ve atrapado en el lugar de los acontecimientos como testigo ocular de estos.
En uno de los capítulos de la novela Catleya Luna, de Salarrué, se describe el levantamiento campesino de 1932 al presentar a un hombre comprometido en la revuelta indígena, que decide ocultarse de la represión de los cuerpos de seguridad en la casa de su antiguo patrón, y a quien le cuenta sus experiencias vividas como partícipe del movimiento insurreccional.
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