Levantamiento de Valle
Levantamiento de Valle nació en Argentina.
El levantamiento de Valle fue una acción peronista cívico-militar conducida por el general Juan José Valle el 9 de junio de 1956, con el fin de derrocar a la dictadura autodenominada Revolución Libertadora. El levantamiento integra el proceso más amplio conocido como la Resistencia peronista.
El levantamiento fue rápidamente controlado esa misma noche y la dictadura dispuso castigar severamente a los rebeldes mediante el fusilamiento del propio general Valle y 15 militares sublevados, así como el fusilamiento clandestino de 18 civiles, en las localidades bonaerenses de Lanús y José León Suárez. Estas ejecuciones permanecieron desconocidas hasta su descubrimiento al año siguiente por parte del periodista Rodolfo Walsh, quien publicó su investigación en la novela Operación Masacre.
Por el efecto de los fusilamientos, se generalizó entre los peronistas la denominación de la dictadura como Revolución Fusiladora.
La conspiración fue encabezada por el general Valle, un militar que había integrado la una Junta Militar de 17 generales que en septiembre de 1955 inició negociaciones con los golpistas y el 21 de septiembre convino con ellos los puntos de acuerdo sobre la base de los cuales se entregaría el poder, lo que se realizó el 23 de ese mismo mes.También estaba comprometido el general Miguel Ángel Iñíguez, quien iba a ser el jefe de estado mayor de la revolución, pero como había sido arrestado tiempo antes de su estallido no participó en el mismo.Los sublevados contaban con sacar partido del resentimiento de muchos oficiales y suboficiales en retiro y de la intranquilidad de los que estaban en servicio activo, pero no lograron el apoyo de Perón, exiliado por entonces en Panamá.
En la noche del 9 de junio de 1956 se inició el levantamiento y fue rápidamente derrotado, con escasos enfrentamientos armados, en los que murieron cinco militares, Blas Closs, Rafael Fernández y Bernardino Rodríguez que resistieron la sublevación y Carlos Yrigoyen y Rolando Zanetta, del bando peronista.
El general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas (Presidente y Vice del gobierno), sabían de la conjura aunque no el día y la hora en que se produciría el levantamiento, pero habían decidido no abortarla. Así, en la noche del 8 de junio, fueron apresados cientos de dirigentes gremiales para restar base social al movimiento. Cuando Aramburu viajó ese día a la provincia de Santa Fe dejó el Decreto 10.362 de Ley Marcial, y preparados los Decretos 10.363/56, de pena de muerte, y el 10.364 de las personas a fusilar. Los decretos eran correlativos y se publicaron así en el Boletín Oficial con posterioridad.
Los sublevados habían previsto leer la «proclama revolucionaria», a las 23:00 del 9 de junio. La instrucción a los insurrectos para lanzarse a la acción debía ser propalada interfiriendo la transmisión radial de una pelea de box por el título sudamericano de los medianos entre el argentino Eduardo Lausse y el chileno Humberto Loayza, a celebrarse en el Luna Park de Buenos Aires. Respecto del propósito de los rebeldes dice Page:
El equipo de Valle estuvo comandado por el coronel José Irigoyen, el capitán Costales y varios civiles. A las 22:00, la radio se instaló en la Escuela Técnica Nº 3 Salvador Debenedetti, en Avellaneda. Pero a las 22:30, un comando del gobierno los arrestó a todos. La proclama solo se escuchó en la provincia de La Pampa, donde actuaba el coronel Adolfo Philippeaux.
Otros lugares de la alzada eran Campo de Mayo, sublevado por los coroneles Ricardo Ibazeta y Alcibíades Eduardo Cortínes; el Regimiento II de Palermo, por el sargento Isauro Costa; la Escuela de Mecánica del Ejército, por el mayor Hugo Quiroga; el Regimiento 7 de la Plata, por Cogorno; el grupo de civiles, entre otros, operando en Florida, en la calle Hipólito Yrigoyen 4519, donde se reunieron los Lizaso, Carranza, Garibotti, Brión y Rodríguez y Troxler, entre otros. Además, hubo civiles armados y militares que intentaron sublevarse en Santa Fe, Rosario (tomaron por varias horas el Regimiento), Rafaela y Viedma. Excepto en La Pampa, la mayoría de los jefes de la sublevación fueron apresados. Ante el fracaso del levantamiento, el general Tanco se dirigió a Berisso y debió huir y esconderse. Mientras el general Valle se ocultó en Buenos Aires, en la casa del político mendocino amigo, Adolfo Gabrielli, ante la certeza de que el movimiento había sido delatado y fracasado.
Los levantamientos se produjeron entre las 22:00 y la medianoche del 9 de junio. A las 0:32 del 10 de junio, el gobierno estableció la Ley Marcial por el decreto de Aramburu, Rojas, los ministros de Ejército, Arturo Ossorio Arana, de Marina; Teodoro Hartung; de Aeronáutica, Julio César Krause y de Justicia, Laureano Landaburu. Por lo tanto, no se podía aplicar la Ley Marcial a los sublevados ya que el supuesto delito cometido ocurrió antes de la puesta en vigencia de la misma, violándose el principio legal de la irretroactividad de la ley penal. Pocas horas después, firmaron el decreto 10.363 que ordena fusilar a quienes violen la Ley Marcial. Entre las 02:00 y las 04:00, se ejecutó a los detenidos en Lanús. Horas más tarde, en los basurales de José León Súarez, la policía bonaerense, a cargo del teniente coronel Desiderio Fernández Súarez le ordenó al jefe de la Regional San Martín, comisario Rodolfo Rodríguez Moreno, que ejecutara, con armas cortas, a 12 civiles, lo que realizó en los basurales de José León Suárez, en el partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina. De ellos, cinco murieron y siete lograron huir. Uno de estos últimos, Juan Carlos Livraga, fue el «fusilado que vive» que permitiría a Walsh reconstruir la historia.
En la Escuela de Mecánica del Ejército, el general Ricardo Arandía consultó telefónicamente a Aramburu, ya en Buenos Aires el 10 de junio al mediodía, sobre los detenidos. En Campo de Mayo, en tanto, el general de brigada Juan Carlos Lorio presidió un tribunal que realizó un juicio sumarísimo. Concluyó que los sublevados no debían ser fusilados. Pero Aramburu ratificó su decisión. Lorio pidió que se dejara por escrito. Aramburu y su gobierno firmaron entonces el decreto 10.364 que detallaba la lista de once militares que debían ser fusilados (única orden de ejecución oficialmente inscrito en la historia argentina). No existen registros de esos juicios sumarios, ni del informe forense que debió determinar la causa de la muerte.
El 12 de junio, Valle decidió entregarse a cambio de que se detuviera la represión a su movimiento y se le respetara la vida. Le tocó al capitán de navío Francisco Manrique, enviado de Rojas, ir a buscarlo. A las 14 de ese día, Valle ingresó con su amigo Gabrielli y Manrique al Regimiento I de Palermo, donde fue interrogado y juzgado por un tribunal que también presidió el general Lorio.
Después, Valle fue llevado a la Penitenciaría Nacional en la Av. Las Heras. El director del Museo Penitenciario, en 2005, Horacio Benegas, entonces recién ingresado al servicio, recordó que «el 11 en la madrugada fueron fusilados tres militares» en la vieja penitenciaría de la Av. Las Heras. Valle fue alojado en el 6.º piso. La última que lo vio con vida fue su hija Susana Valle. A las 22:20, Valle fue ejecutado con un fusil Máuser 7,65 mm modelo argentino 1909, por un pelotón manteniéndose como secreto de Estado la identidad de sus integrantes.[cita requerida] No hubo orden escrita ni decreto de fusilamiento, ni registro de los responsables.
El 13 de junio cesó la ley marcial. El general Tanco con otros sublevados logró, el 14 de junio, asilarse en la Embajada de Haití en Buenos Aires, a cargo del embajador Jean Brierre. Pero el general Domingo Quaranta (jefe del SIDE), invadió ilegalmente la delegación junto con un grupo de comandos civiles, para secuestrar y detener a los asilados. Los comandos civiles intentaron fusilarlos en la puerta de la embajada, pero la presencia de testigos se lo impidió. El embajador Brierre inició una serie de gestiones con la cancillería y finalmente logró que los secuestrados le fueran restituidos a su embajada.
El saldo de esas 72 horas de junio de 1956 fue trágico y dio paso al baño de sangre que en años venideros sufriría el país: 18 militares y 13 civiles asesinados.
Existe el registro Detenidos especiales, 1956. Penitenciaría Nacional (Ministerio de Justicia), Archivo del Servicio Penitenciario Federal, Museo Penitenciario Federal, en el barrio de San Telmo, Buenos Aires.
El 24 de mayo de 2006, en el patio del Museo Penitenciario, el alcaide Benegas concedió una entrevista y desplegó el libro Detenidos especiales. Se asombró ante la pregunta:
Su respuesta fue:
Quien tuvo ese libro de registros en 1957 debió anotar apresurada y desprolijamente el nombre de Valle para legalizar que había sido fusilado allí. El registro de Valle es: «Preso político 4498»; y asentado después del registro 4497 de Amílcar Darío Viola, ingresado 26 de abril de 1957. Luego, el registro salta al 4499, de Carlos Vázquez, ingresado 8 de octubre de 1957. Lo que ocurrió en abril de 1957, para que el registro de Valle fuera introducido subrepticiamente, fue que para esa fecha, Walsh había logrado estallar la polémica por los asesinatos en los basurales de José León Suárez. El 24 de abril de 1957, la Corte Suprema de Justicia dio un fallo en el caso Livraga: pasar todas las actuaciones a la Justicia Militar. Al mismo tiempo que pasaba la responsabilidad estricta de esos fusilamientos a los militares, cerraba el camino en la justicia civil.
En su libro Operación Masacre, el periodista Rodolfo Walsh, que en 1977 sería desaparecido por la dictadura militar, desnuda la trama de lo sucedido en los basurales de José León Suárez. En una investigación periodística demostró que esos fusilamientos ocurrieron antes de que se decretase la ley marcial.
La explicación oficial fue el intento de fuga de los presos. Operación Masacre describe con sumo rigor documental la verdadera historia de los hechos, que nunca fueron juzgados oficialmente.
Los sobrevivientes fueron Julio Troxler (jefe de Policía de la provincia de Buenos Aires, 1973, en el gobierno peronista de Oscar Bidegain, actor de la película Los hijos de Fierro, de Pino Solanas; militante del espacio del peronismo revolucionario en el que se encontraban, además, Envar el Kadri, John William Cooke y Gustavo Rearte; y asesinado en 1974 por la Triple A), Reinaldo Benavídez, Gavino, di Chiano, Torres, Giunta, Livraga y Díaz.
Livraga lleva a cabo un juicio por lo sucedido,[cita requerida] el temor y la ardua investigación de Walsh y Enriqueta Muñiz logran sacar a luz la matanza perpetrada por parte de la dictadura contra la Resistencia Peronista, una resistencia llevada a cabo, fundamentalmente, por los trabajadores. En ese momento, con el decreto 4161 que reprimía al peronismo y a sus símbolos, hacer una denuncia como la que lleva a cabo Livraga, en diciembre de 1956, era realmente un acto de gran coraje y fortaleza. Estos hombres se habían reunido para escuchar una pelea de boxeo, muchos esperaban las noticias del alzamiento, que terminara la dictadura de Aramburu y Rojas y que volviera Perón. La historia fue diferente. Y en los basurales de José León Suárez fue masacrada gente inocente, trabajadores, otros huyeron y otros siguieron perseguidos, al igual que las familias de los sobrevivientes.
Respecto de la reacción de Perón cuenta Miguel Bonasso:
Por su parte, el historiador Joseph A. Page dice sobre el episodio:
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