La Ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (N° 27499) es una ley promulgada en Argentina en 2018 que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación en la República Argentina. Fue resultado de la movilización social tras el femicidio de la adolescente Micaela García en 2017 y generó exigencias hacia los organismos del Estado en capacitación en perspectiva de género.
Micaela García era una militante del Movimiento Evita que fue violada y asesinada a la salida de una discoteca en Gualeguay, (Entre Ríos) en 2017. El autor fue Sebastian Wagner, quien había estado preso por abuso sexual y había sido liberado días antes del femicidio.
La noticia del crimen de Micaela, luego de siete días de intensa búsqueda, en abril de 2017, generó una fuerte conmoción a nivel nacional ya que la joven participaba activamente del movimiento Ni una menos y militaba en el Movimiento Evita. Por el femicidio fue condenado a prisión perpetua Sebastián Wagner, de 30 años.
La normativa establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, cualquiera sea su nivel o jerarquía. Será el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad quien deberá difundir en su página web el grado de cumplimiento de cada uno de los organismos públicos.
Las capacitaciones son organizadas por las máximas autoridades de los organismos públicos y las organizaciones sindicales correspondientes. Si en esos organismos existen áreas, programas u oficinas de género, las autoridades pueden contar con su colaboración para organizar y cumplir con las capacitaciones. Los organismos públicos pueden hacer adaptaciones de materiales o programas existentes o desarrollar un programa propio, siempre cumpliendo la normativa, recomendaciones y otras disposiciones de los organismos que controlan el cumplimiento de las convenciones internacionales sobre género y violencia contra las mujeres firmadas por Argentina. Si un organismo no tiene un programa para cumplir con las capacitaciones debe utilizar los programas, cursos u otras plataformas de capacitación diseñados por el Instituto Nacional de las Mujeres.
El Instituto Nacional de las Mujeres -INAM- debe certificar la calidad de las capacitaciones que elabore cada organismo, además debe evaluar y difundir el efecto que tuvieron las capacitaciones realizadas por cada organismo.
La capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) , que en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos.
Según la ley, todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda. Asimismo, los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
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