La masacre de Accomarca fue llevada a cabo el 14 de agosto de 1985 en el poblado de Accomarca, en Ayacucho (Perú), por elementos de una patrulla del Ejército del Perú contra una supuesta base de formación del grupo terrorista Sendero Luminoso. El pueblo entero fue borrado del mapa luego de la sistemática tortura y violación de su población. El número de hombres y mujeres desarmados, personas ancianas, niñas y niños que fueron asesinados ha sido informado, con divergencias, como de 47, 69 o 74; mientras que el número reconocido oficialmente es 69.
La mañana del 14 de agosto de 1985, a dos semanas de iniciado el primer gobierno de Alan García, aproximadamente 25 soldados que conformaban la patrulla militar Lince 7 a la orden del subteniente Telmo Ricardo Hurtado Hurtado y del teniente Juan Rivera Rondón llegaron a Llocllapampa, anexo ubicado a tres kilómetros de Accomarca, y reunieron a los pobladores en la plaza del pueblo. Separaron a hombres, mujeres y niños para encerrarlos en tres viviendas a pesar de las súplicas de los comuneros. Luego violaron a todas las mujeres y seguidamente mataron a todos los pobladores: les dispararon, les arrojaron granadas y, por último, prendieron fuego a las casas con todos los ocupantes (muertos o heridos) dentro. De las 69 víctimas ejecutadas, 30 eran niños, 27 mujeres y 12 hombres. Tres de las mujeres estaban embarazadas y también fueron violadas.
En las semanas siguientes miembros de las FF.AA. asesinaron paulatinamente a varios testigos del múltiple crimen con el propósito de ocultarlo y sustraer a los responsables de la acción de la justicia.
La comisión que investigó el caso lo denunció ante el Poder Judicial, pero entonces el fuero militar adujo competencia y en febrero de 1993 Telmo Hurtado (ya conocido entonces como el "Monstruo de Accomarca" y el "Carnicero de los Andes") fue condenado a seis años de prisión por abuso de autoridad y dar falso testimonio en conexión con su participación en la masacre; a su vez, junto al resto de militares implicados, fue absuelto de los cargos de homicidio, negligencia y desobediencia. Dos años después, Hurtado se acogió a la Ley de Amnistía promulgada durante el gobierno de Alberto Fujimori, por lo que su condena fue anulada y no fue sentenciado criminalmente por la matanza. Recibió cuatro condecoraciones y ascendió hasta el grado de mayor.
En 2002, tras la caída del régimen fujimorista, el caso Accomarca fue reabierto por la justicia ordinaria por mandato de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese año, con la amnistía revocada, Telmo Hurtado huyó a Estados Unidos. Mientras estaba en custodia por una violación a las leyes de inmigración, dos sobrevivientes presentaron una demanda en su contra por su rol en la masacre. Su demanda acusaba a los militares peruanos que habían estado buscando a miembros de Sendero Luminoso por llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, tortura, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Hurtado fue detenido en el año 2006 en Miami (Estados Unidos) y, tras un largo proceso legal, fue extraditado al Perú en 2011. En 2008, un juez de Miami dictaminó que Hurtado era responsable por la masacre y le ordenó pagar 37 millones de dólares a sus víctimas.
El 14 de julio de 2011, en un vuelo comercial desde Miami y bajo custodia de agentes de la Interpol, llegó a Lima el extraditado Telmo Hurtado. Así, luego de 26 años de la matanza, se inició el juicio penal. La abogada de los deudos de la masacre, Karim Ninaquispe, señaló que estos buscan que, además del caso en sí, se investigue quiénes habrían intervenido para sostener el «manto de impunidad» que desde el año 1985 cubre el proceso. Recordó que la extradición «ha sido un proceso largo, que se inició en el 2006» y que durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) no hubo voluntad política por acelerar la extradición desde Estados Unidos de Hurtado, la cual solo pudo concretarse faltando dos semanas para que termine este periodo presidencial).
La acusación fiscal señala que la matanza formó parte del “Plan Operativo Huancayoc”, que tenía como finalidad de destruir y eliminar a los terroristas. Por ello, pidió 25 años de prisión para los acusados y el pago de 14 millones de dólares como reparación civil.
Las declaraciones de Telmo Hurtado sobre el caso en 1985 fueron:
Hurtado siempre se ha caracterizado por asumir la culpa en solitario. En el fuero militar, en 1986, Hurtado admitió ser el único responsable de lo que sucedió en Accomarca, en cumplimiento de los procedimientos militares en la lucha contra el terrorismo. Una respuesta que es la base de la defensa de los 28 militares implicados en el nuevo juicio que realiza la sala penal: Hurtado ejecutó los crímenes por decisión propia.
Tras constantes aplazamientos del proceso judicial durante los años 2011 y 2012 desarrollados en el penal Castro Castro, y la indignación de los familiares de las víctimas por ello al sostener que Hurtado busca dilatar el proceso judicial en su contra, Hurtado reconoció, el 9 de abril de 2012, su responsabilidad penal en el crimen de 31 de los 69 campesinos que fueron masacrados en Accomarca. Además señaló que lo conminaron a "hacerse el loco" y asumir toda la responsabilidad, pero no para salvarlo a él, sino para proteger a toda la cadena de mando: “Si yo daba la versión real, iba a perjudicar a los oficiales que planearon la operación y al personal de tropa, e iba a llevar al comando de la institución a un proceso que iba a perjudicar la lucha antisubversiva, por eso asumí toda la responsabilidad". En su intención de reducir su condena vía la "confesión sincera", ha mencionado a otros militares de mayor rango implicados en el caso.
Otras declaraciones del ya capturado Telmo Hurtado en 2012 fue que:
Dijo ser un convencido de que todas las órdenes se debían cumplir sin dudas ni murmuraciones en el Ejército. Al ser preguntado sobre qué haría si un superior le ordenara matar a su padre, Hurtado contestó que «cumpliría la orden».
Hurtado admite la masacre de Accomarca, pero se niega a pedir perdón por lo ocurrido. El condecorado oficial aseguró sentirse arrepentido pero «solo de cumplir esas órdenes» y que el perdón que esperan las familias «las tienen que dar los que dieron las órdenes».
El 1 de septiembre de 2016, la Sala Penal Nacional de Perú sentenció al general Wilfredo Mori y al teniente Juan Rivera Rondón a 25 años de cárcel, al subteniente Telmo Hurtado Hurtado a 24 años, dos demás hombres a 25 años y cinco reos a 10 años, estos últimos siete siendo los autores materiales del crimen y los primeros tres autores mediatos.
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