La Masacre de Kennedy es el nombre con el que se conoce un sonado caso de exceso policial ocurrido en el Barrio Kennedy, de Las Adjuntas, en Caracas, la noche del 27 de junio de 2005, donde resultaron muertos tres estudiantes universitarios y tres heridos, por responsabilidad directa de funcionarios policiales y cuyo hecho quiso presentarse posteriormente como un enfrentamiento entre delincuentes y policías.
El 25 de junio de 2005, un delincuente apodado "El Deivys", habitante del sector "Las Casitas" de Kennedy, asaltó y dio muerte a Edwin Toussaint, de 21 años quien laboraba como Agente III, de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), organismo de seguridad venezolano, con el objeto de despojarlo de su arma de reglamento; razón por la cual, la Dirección de Inteligencia Militar sin ser organismo de seguridad de Orden Público o sin autorización de Tribunal alguno ni orden de ningún Fiscal del Ministerio Público, procede a instalar alcabalas policiales, requisas y allanamientos en el sector de Kennedy.
La noche del 27 de junio de 2005, seis estudiantes de la Universidad Santa María (USM), quienes habían salido de un examen de Matemáticas que los promovía al cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas siendo Leonardo González Lares (conductor, de 25 años), Erick Montenegro, Edgar Quintero, Daniza Buitrago, Irúa Moreno y Elizabeth Rosales, a bordo de un vehículo Corsa, color arena, propiedad de González Lares quien ofreció llevar a sus compañeros a sus residencias, toda vez que estaban cercas una de la otra. Al entrar a la zona de Kennedy, frente al Bloque I, se encontraron con un grupo de hombres armados y provistos de pasamontañas, que ocultaban sus rostros, portando fusiles y ordenándoles que se estacionaran.
En vista que no tenían uniformes y todos tenían los rostros cubiertos, los estudiantes emprendieron la huida temiendo ser víctimas de un robo por parte de delincuentes. Uno de los funcionarios de la DIM efectuó un disparo de fusil contra el carro, que rebotó e hirió al Agente del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) Luis Peña. Aparentemente los efectivos pensaron que el disparo había salido del vehículo en que iban los estudiantes y comenzaron a disparar, hiriendo a una de las jóvenes. Luego se comprobó que el funcionario había sido herido por uno de sus compañeros.
Varios metros más adelante, una segunda alcabala de la DIM y el CICPC, detuvo el vehículo y empezó a disparar contra los estudiantes quienes logran escapar avanzando hacia las casas de la zona.
Leonardo González fue el primero en morir. A Edgar Quintero y Erick Montenegro -quienes gritaban que eran estudiantes- se les asesinó en un callejón, luego de someterlos, esposarlos y golpearlos.
Seis estudiantes del tercer semestre de ingeniería de sistemas, de 19 a 26 años, fueron asesinados, tras presentar un examen en la Universidad Santa María.
Los participantes de la masacre, por parte de la Dirección de Inteligencia Militar, fueron:
De la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), están siendo investigados:
De la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) del CICPC - Caricuao es investigado:
También está siendo investigado el efectivo de Policaracas:
Los funcionarios que no participaron en el incidente con los estudiantes pero que son investigados por su participación en la alteración del lugar de los hechos -aunque no están detenidos- son:
De la División de Investigación de Homicidios (CICPC),
De la división de inspección de Homicidios,
De la división de inspecciones técnicas, el sub inspector Oliver Carmona, el detective Héctor Aparicio, el detective Luis Prada y Nelson Santana.
De trayectoria balística, el agente Omar Gil.
De levantamiento planimétrico, el agente Wilmer Molina.
De laboratorio fotográfico, Jorge Mallorca.
Los funcionarios detenidos permanecieron en la sede de la Brigada de Acciones Especiales (BAE), ubicada en San Agustín del Sur.
La Fiscalía pidió la precalificación de triple homicidio calificado, homicidio calificado en grado de frustración, agavillamiento, uso indebido de armas, simulación de hecho punible, violación de domicilio por funcionarios públicos, intimidación pública, abuso de autoridad y forjamiento de documentos por parte de funcionarios
Los funcionarios policiales fueron llevados a juicio, recibiendo penas de prisión. Consecuentemente la División de Investigaciones de la Dirección de Inteligencia Militar fue intervenida. los delitos antes planteados según las penas están ajustadas a las leyes venezolanas. Las penas mayores fueron para Félix Alberto Martínez Mota (CICPC), 30 años de prisión; José Antonio Peña Peña (DIM), 30 años y Franklyn José García Maldonado (Policaracas), 28 años. La menor condena fue para Richard Valera (CICPC), 3 años y 6 meses.
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