La Masacre de Napalpí fue una matanza cometida por el Estado argentino en la que resultaron asesinados entre quinientos y mil personas pertenecientes a los pueblos Qom y Mocoví-Mocoi, realizada por una fuerza de más de cien hombres de la Policía Nacional de Territorios el 19 de julio de 1924 en el paraje El Aguará, en cercanías de la reducción aborigen Napalpí, ubicada en el entonces Territorio Nacional del Chaco. La masacre fue cometida por fuerzas policiales, con participación de civiles, bajo órdenes del gobernador Fernando Centeno, quien se hallaba bajo supervisión directa del presidente Marcelo Torcuato de Alvear, perteneciente de la Unión Cívica Radical (UCR). Fue una de las masacres de mayor magnitud cometida contra pueblos originarios en la República Argentina durante el siglo XX.
En 2004 el Instituto del Aborigen Chaqueño (I.D.A.CH.) en asamblea unánime, presentes 46 comunidades indígenas de los pueblos indígenas Qom, Mocoví-Mocoi y Wichi, resuelven iniciar una acción judicial de reparación resarcitoria por $ 350.000.000, por daños y perjuicios, garantía de no repetición y solicitud de perdón del Estado Nacional Argentino.La demanda es presentada en diciembre del 2004 fundada en la teoría de la Imprescriptibilidad Crímenes de Lesa Humanidad, por los Abogados Chaqueños Carlos Alberto Díaz, David H. Parras, Mónica M. Echevarría al que luego se suma Julio C. García. Así se comenzó la tramitación del expediente “Asociación Comunitaria La Matanza c/ PEN-Estado Nacional Argentino s/Daños y Perjuicios”. El Estado Nacional Argentino durante 15 años de tramitación judicial negó la existencia de la masacre e interpuso defensas de prescritibilidad de la acción y falta de legitimación. El 25 de noviembre del año 2.019 la Juez Federal N.º 1, de Resistencia, Chaco, Zunilda Niremperger, dictó sentencia de 1° Instancia, reconociendo la existencia de la Masacre de Napalpí, la autoría y la forma en que se produjeron los crímenes masivos, pero hace lugar la defensa de prescripción y falta de legitimación interpuesta por el Estado Nacional Argentino. Ello produce la apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, integrada por las juezas Rocio Alcalá y María Delfina Denogens, quienes por unanimidad, el 14 de septiembre del año 2020, revocan el fallo de 1° instancia declarando la imprescriptibilidad resarcitoria por la Masacre de Napalpí, acaecida 96 años atrás, declara legítima como reclamante a la Asociación Comunitaria La Matanza, quien actuó por sí y en nombre y representación de todo el Pueblo Qom y condenando al Estado Nacional a pagar la cantidad de $ 375.000.000 en concepto de indemnización por daño moral.
En 2014 el Estado argentino, a través del Ministerio Público Federal, investigó, fuera del expediente de indemnización, durante cuatro años los eventuales delitos de lesa humanidad cometidos en Napalpí, para luego solicitar la apertura de un juicio por la verdad; puesto que todos los culpables ya habían muerto.
En 1924, el radical, Marcelo T. de Alvear era presidente democráticamente elegido en 1922. El Territorio Nacional del Chaco se perfilaba como el primer productor nacional de algodón, Alvear nombra como gobernador del Territorio Nacional del Chaco al estanciero algodonero y político radical Fernando Centeno
La Reducción Indígena de Napalpí —a 120 kilómetros de Resistencia— era un espacio de sometimiento donde los indígenas eran obligados a trabajar en condiciones de semi esclavitud. -En julio de 1924, los indígenas qom y mocoví se declararon en huelga. Denunciaban los maltratos y la explotación de los terratenientes. Y planeaban marchar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. Pero el gobernador Fernando Centeno les prohibió abandonar Chaco y, ante la persistencia indígena, ordenó la represión.
Unos cuarenta años antes, el Ejército Argentino había lanzado una campaña militar para someter a los pueblos indígenas del Chaco, lo que dio como resultado la muerte de millares de indígenas y la desintegración social y cultural de numerosas etnias en las actuales provincias argentinas de Formosa y Chaco que en ese momento eran territorios nacionales.
Se fundaron numerosos fortines con el fin de mantener a raya a los indígenas vencidos. Sus tierras fueron vendidas a colonos europeos, en particular italianos y franceses, quienes pronto las destinaron a la producción de algodón. Numerosas tribus fueron confinadas en reducciones en donde fueron sometidas a un régimen de explotación muy cercano a la esclavitud. Una de tales reducciones era Napalpí, nombre qom (toba) que significa, precisamente, lugar de los muertos, fundada en 1921 y cuyo nombre actual es Colonia Aborigen Chaco.
Los indígenas de la reducción, de la etnia qom, se dedicaban al cultivo de algodón y estacionalmente al cuidado de las haciendas de los colonos de estancias vecinas. En 1924 las autoridades provinciales de la reducción dispusieron que los indígenas debían entregarles el 15% de su producción de algodón. Esta quita compulsiva provocó gran descontento entre los habitantes.
En junio un chamán llamado Sorai fue asesinado por la policía. El gobernador del Chaco, Fernando Centeno, inició los preparativos para una feroz y brutal represión.pese a los operativos oficiales de ocultamiento, los legisladores opositores no tenían dudas de que en el Chaco hubo una masacre de indígenas de los pueblos qom y mocoví. Miembros del Parlamento reclamaron la renuncia del gobernador Centeno y todo su equipo, además de una comisión investigadora para determinar la cantidad de muertos. Se convocó entonces a una sesión extraordinaria para interpelar al titular de la cartera de Interior. La interpelación, que duró seis horas, tuvo lugar el 4 de septiembre de 1924. El diputado Francisco Leirós expuso una serie de "hechos que parecen propios de la pesadilla de un loco" y mostró el frasco con las orejas y los testículos del cacique Maidana.
El día 19 de julio de 1924 muy temprano, un grupo de unos 130 hombres, entre policías, estancieros y civiles criollos de la zona, fuertemente armados con fusiles Winchester y Mauser, rodearon el campamento donde se habían reunido los indígenas alzados que, armados tan solo con palos, bailaban en una fiesta religiosa organizada por los chamanes en la zona del Aguará, un área considerada sagrada por los qom ubicada dentro de los límites de la colonia. Convencidos de que los dioses los protegerían de las armas de fuego de los hombres blancos no pudieron ofrecer resistencia a los disparos dirigidos al campamento durante cuarenta minutos. Luego los blancos entraron al mismo para rematar a machetazos a los indígenas que quedaban, muchos moribundos, incluidos mujeres y niños. Los heridos fueron degollados, algunos colgados.
A finales de los años veinte, el periódico Heraldo del Norte recordó así el hecho:
El 29 de agosto —cuarenta días después de la matanza—, el exdirector de la Reducción de Napalpí Enrique Lynch Arribálzaga escribió una carta que fue leída en el Congreso Nacional:
En el libro Memorias del Gran Chaco, la historiadora Mercedes Silva, confirma el hecho y cuenta que al mocoví Pedro Maidana, uno de los líderes de la huelga «se lo mató de manera salvaje y se le extirparon los testículos y una oreja para exhibirlos como trofeo de batalla».
En el libro Napalpí, la herida abierta (1998), el periodista Mario Vidal detalla: «El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre que recuerda la historia de las culturas indígenas en el siglo XX. Los atacantes sólo cesaron de disparar cuando advirtieron que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera muerto o herido. Los heridos fueron degollados, algunos colgados. Entre hombres, mujeres y niños fueron muertos alrededor de doscientos aborígenes y algunos campesinos blancos que también se habían plegado al movimiento huelguista».
Un reciente microprograma de la Red de Comunicación Indígena destacó:
En el mismo audio, el cacique toba Esteban Moreno, contó la historia que es transmitida de generación en generación:
La Reducción de Napalpí había sido fundada en 1911, en el corazón del Territorio Nacional del Chaco. Las primeras familias que se instalaron eran de los pueblos Pilagá, Abipón, Toba, Charrúa y Mocoví. En julio de 1924, Federico Gutiérrez (corresponsal del diario La Razón) escribió: «Muchas hectáreas de tierra flor están en poder los pobres indios, quitarles esas tierras es la ilusión que muchos desean en secreto».
Napalpí no fue una matanza aislada, sino una práctica recurrente del poder político y los terratenientes - con la mano de obra policial o militar - para privar a los pobladores originarios de su forma ancestral de vida e introducirlos por la fuerza al sistema de producción. Todos los historiadores revisionistas coinciden en esa mirada y, en el libro La violencia como potencia económica: Chaco 1870-1940, Nicolás Iñigo Carrera afirma: «Los aborígenes de la zona chaqueña vivían sin la necesidad de pertenecer al mercado capitalista. La violencia ejercida hacia ellos, por la vía política con la represión y por la vía económica tuvo como objetivo eliminar sus formas de producción y convertirlos en sujetos sometidos al mercado. [...] Se comenzó a privar a los indígenas de sus condiciones materiales de existencia. Se inició así un proceso que los convertía en obreros obligados a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir, premisa necesaria para la existencia de capital. Un modo de vivir había sido destruido».
Además de someterlos, el gobierno quería ampliar los cultivos, dar tierra a grandes terratenientes y concentrar a los indígenas en reservas. Siempre la versión oficial, «civilizadora y cristiana», hablaba de malones o enfrentamientos despiadados. Pero los muertos siempre eran pobladores originarios. Acerca de estos imaginarios combates, el historiador Alberto Luis Noblía remarca que «las naciones aborígenes chaqueñas no practicaron el malón, usual en otros pueblos. Todo lo contrario, los inmigrantes llegados de Europa nunca fueron perseguidos por los entonces dueños de las tierras. Al contrario, el colono supo encontrar en el indígena mano de obra barata».
El 21 de julio de 1925 —un año después de la matanza—, el ministro del Interior, Vicente Gallo, reconocía los deseos del presidente Alvear: «El Poder Ejecutivo considera que debe encararse definitivamente, como un testimonio de la cultura de la República, el problema del indio, no sólo por razones de humanidad y de un orden moral superior, sino también porque una vez incorporado a la civilización será un auxiliar valioso para la economía del norte del país».
Los testimonios de testigos oculares hablan de unos doscientos muertos. Las fuentes coinciden en señalar que no hubo resistencia alguna por parte de los indígenas, por lo que el hecho fue, en la práctica, un fusilamento masivo seguido de actos aberrantes:
Ninguno de los hombres que cometieron la masacre murió o resultó herido y nunca se realizó una investigación ni se llevó a juicio a los culpables.Alrededor de 130 policías y civiles, enviados por grandes estancieros rodearon a los grupos en huelga y dispararon con rifles durante 45 minutos. Mataron a hombres y mujeres, ancianos y niños. El ataque terminó en una matanza, los heridos fueron degollados, algunos colgados.
En enero de 2008, el gobierno de la Provincia del Chaco a cargo de Jorge Capitanich pidió disculpas públicas y oficiales por la masacre y rindió homenaje a la única sobreviviente, Melitona Enrique, que cumplía 107 años ese día y que fallecería el 13 de noviembre de 2008. Falleció a los 108 años Pedro Balquinta, el último sobreviviente de la Masacre de Napalpí.
Los fiscales federales de Chaco argumentaron la matanza se trató de delitos de lesa humanidad y analizan la posibilidad de la intervención del Equipo de Antropología Forense (EAAF) para examinar la fosa común donde fueron depositados los cuerpos de los indígenas.
En territorio chaqueño, el gobernador radical Centeno, siguió en su cargo y separó al juez que atendía el caso, Justo F. Farías, y lo reemplazó por uno de su confianza, Juan Sessarego. Al fiscal Jerónimo Cello, al reclamar que la causa no fuera archivada, lo mandaron a la Cámara de Apelaciones de Paraná, Entre Ríos. El nuevo magistrado, quien había sido puesto por Centeno en medio de la repulsa popular, sobreseyó a los 80 policías que intervinieron en la matanza.
En el año 2.004 los tres pueblos originarios del Chaco inician una acción civil resarcitoria de indemnización por daños y perjuicios que obtiene sentencia favorable 96 años después, el 14 de septiembre del año 2020. Los peritos judiciales determinan la existencia de cuatro tumbas comunes.
En 2014, noventa años después, el Estado argentino, a través del Ministerio Público, volvió a investigar durante cuatro años los eventuales delitos de lesa humanidad cometidos en Napalpí, y solicitó la apertura de un juicio por la verdad, debido a que todos los eventuales culpables ya habían muerto.
En 2019, el Equipo Argentino de Antropología Forense, convocado por la justicia, encontró restos humanos en Napalpí.
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