Masacre de Octubre
La Masacre de Octubre o Masacre de Octubre Negro es el nombre que se le dio a la represión sangrienta llevada a cabo en Bolivia durante octubre de 2003 en el marco de convulsiones sociales generadas tras el anuncio de una serie de medidas propuestas por el Gobierno del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien autorizó la intervención militar contra acciones protagonizadas por civiles durante la serie de eventos denominada Guerra del gas, que cobraron la vida de al menos 67 personas y culminaron con la renuncia de Sánchez de Lozada. El principal tema de conflicto fue la decisión de exportar gas a través de puertos chilenos en un momento en que la cobertura de la red de gas en Bolivia era mínima y no existía una política clara para la gestión de los recursos. La ciudad de El Alto fue el lugar en que la intervención militar, respaldada por el Decreto Supremo n.º 27209 del 11 de octubre de 2003, produjo más víctimas. Los días previos, al igual que La Paz, la ciudad ya había sido fuertemente militarizada.
Gonzalo Sánchez de Lozada, cuya candidatura por el MNR fue la más votada en las elecciones presidenciales celebradas el 30 de junio de ese mismo año, asumió la presidencia tras recibir solo el 22.5% de los votos, mientras que el 20.94% fue para Evo Morales, líder indígena del Movimiento al Socialismo ─MAS─ el 20.91% para Manfred Reyes Villa, candidato de Nueva Fuerza Republicana ─NFR─ y el 16.3% de Jaime Paz Zamora, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria ─MIR─.
Sánchez de Lozada fue elegido presidente tras la designación del nuevo Congreso Nacional, cuyos miembros fueron elegidos ese mismo día, para la que compitió con Morales y que logró gracias al voto de sus parlamentarios y de los procedentes de otros partidos, principalmente el MIR. Sánchez de Lozada y Paz Zamora sellaron antes el denominado Plan Bolivia de Responsabilidad Nacional, pacto de gobernabilidad entre ambas formaciones basado en una futura política que tuviera por eje principal la creación de empleo y riqueza.
El nuevo presidente anunció en febrero del 2003 una serie de impopulares medidas económicas, entre ellas un nuevo impuesto sobre los salarios que generó protestas en todo el país. Sánchez de Lozada retiró su proyecto, pero la grave crisis suscitada, salpicada de violentos incidentes, motivó la dimisión de todos los miembros de su gobierno. En el siguiente mes de agosto, para intentar poner fin a la crisis que vivía el país, Sánchez de Lozada llegó a un acuerdo con la NFR ─partido de oposición─ que entró en el ejecutivo. El plan gubernamental de costear proyectos sanitarios y educativos con los beneficios de la exportación de gas natural generó nuevos descontentos, principalmente por la posibilidad de que el transporte de dicho producto se efectuara a través de un puerto chileno. Bolivia y Chile se habían enfrentado en 1879 en la Guerra del Pacífico que Bolivia y Perú perdieron, lo que hizo que la exportación del gas boliviano por Chile no sea vista con buenos ojos por la opinión pública boliviana. Gonzalo Sánchez de Lozada escapó en un avión de Bolivia y dejó un vídeo en el que decía textualmente «Renuncio a mi cargo de presidente de la República de Bolivia».
En septiembre y octubre de 2003 se sucedieron nuevas manifestaciones promovidas por la Central Obrera Boliviana ─COB─ y por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que convocaron un paro general indefinido. El movimiento popular también fue catalizado por el MAS y por el Movimiento Indígena Pachakuti. La revuelta se extendió a las principales ciudades del país, La Paz y El Alto fueron militarizadas por el gobierno. La represión dejó al final de los hechos sesenta personas muertas y alrededor de cuatrocientos heridos.
Septiembre
Octubre
Ante esta situación, que produjo escisiones en el ejecutivo, Sánchez de Lozada dimitió el 17 de octubre. Fue sustituido por el vicepresidente Carlos Mesa, quien formó un gabinete integrado por políticos no adscritos a partido alguno, con la intención de poner fin al conflicto y alcanzar la reconciliación nacional. Poco después de su investidura, Mesa se comprometió a convocar un referéndum en el que los bolivianos deberían pronunciarse sobre la cuestión de la exportación de gas natural.
El 18 de mayo de 2009 la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, dio inicio al juicio contra Sánchez de Lozada, quien fue acusado de genocidio. El juicio se llevó a cabo en Sucre, la capital del país y sede del Poder Judicial. Además del expresidente fueron acusadas diecisiete personas, entre ellas once ministros y cinco exjefes militares.
La Fiscalía presentó 328 testimonios y alrededor de 4900 pruebas durante las audiencias realizadas, en la que junto a la Fiscalía, la Asociación de Derechos Humanos y la Asociación de víctimas se constituyeron en parte acusadora.
En 2011 tras un juicio en el que no se presentaron todos los acusados, la Corte de Justicia halló culpables a los exministros Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, quienes habían permanecido en el país y se habían sometido al juicio. A diferencia de otros ministros y autoridades acusados, la pena fue establecida en tres años de reclusión.
También se determinó condena para cinco exjefes militares: Roberto Claros, Juan Véliz, Osvaldo Quiroga y Luis Aranda y Gonzalo Rocabado, con penas de entre diez y quince años de reclusión. Se determinó igualmente el pago de resarcimiento a las víctimas. En 2014, dos de los militares acusados presentaron un alegato sobre el proceso y su desenlace a la ONU que fue desestimado.
Como parte del proceso se solicitó a Estados Unidos la extradición de Sánchez de Lozada, que fue rechazada en 2011. Una segunda petición fue aceptada en 2016.
Los familiares de las víctimas de la masacre están organizadas como «Víctimas de octubre negro» y realizan actividades reivindicativas, conmemorativas y de seguimiento de los procesos judiciales contra los acusados.
Tras el fallo se determinó el pago de resarcimientos a las víctimas.