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Milicia Nacional (España)



En España la Milicia Nacional era un cuerpo de ciudadanos armados que tenían el propósito de mantener el orden público y defender el régimen constitucional. Tuvo su origen en el siglo XVIII durante la Guerra de Sucesión española. Pero no fue hasta la Guerra de la Independencia, cuando la destrucción del Ejército por la invasión napoleónica favoreció la creación de Juntas Locales y Provinciales que armaron a los ciudadanos en la sublevación contra el francés, además de combatir los restos del régimen feudal que todavía se mantenían en muchas poblaciones.

La primera regulación legal fue temprana. Con la Constitución de Cádiz de 1812, los legisladores reconocieron como fuerzas combatientes e integrantes del ejército a las que denominaban «milicias nacionales», junto a las tropas regulares. El reconocimiento legal supuso la desaparición, al menos formal, de las organizaciones de voluntarios armados por las distintas Juntas, quedando todos ellos integrados en un solo cuerpo. En 1814 se estableció el Reglamento que regulaba las prestaciones obligatorias a las que estaba obligado todo ciudadano, así como la organización de la Milicia.

En síntesis, esta estaba separada del ejército regular y compuesta por dos armas: infantería y caballería. Los oficiales eran elegidos por la propia tropa. El número de ciudadanos obligados a servir en la Milicia se fijó en 30 por cada 1.300 habitantes mayores de 30 años y menores de 50. Cumplían tareas de seguridad, orden y paz en el interior del país.

La Milicia amparaba el movimiento patriótico, pero también liberal, que había desatado la guerra. Por esta razón, la restauración absolutista de Fernando VII que se concretó en la derogación de la Constitución gaditana en 1814, llevó aparejada la disolución de la Milicia. Muy a pesar del Rey, con la instauración del Trienio Liberal de 1820 a 1823 se restituyó la Milicia que actuó contra todos los movimientos de sublevación absolutista en el interior de la península. El fin del Trienio fue, de nuevo, el final de la Milicia, sustituyéndola por un remedo de Milicia de fieles al absolutismo llamada Voluntarios Realistas.

Con la Regencia de María Cristina, el Estatuto Real de 1834 fijó una fuerza denominada Milicia Urbana. El reclutamiento para esta fuera al principio estuvo circunscrito a las clases propietarias, pero pronto las necesidades de la guerra contra los carlistas hicieron que la base de reclutamiento se ampliara a las clases medias y bajas. Tras el motín de la Granja de San Ildefonso de 1836, que obligó a la Regente a restablecer la Constitución de 1812, la Milicia Nacional fue reorganizada con unas bases similares a las del Trienio.

Los nuevos oficiales del Ejército cristino, en especial Leopoldo O'Donnell y Baldomero Espartero, que habían sostenido la causa de la reina Isabel II frente a las pretensiones de Carlos María Isidro de Borbón, tuvieron una fuerte ascendencia sobre la Milicia Nacional, de tal suerte que con su colaboración, la Milicia combatió en la Primera Guerra Carlista dentro del bando de Isabel II y obtuvo sus primeros estandartes como reconocimiento a las actuaciones llevadas a cabo durante el conflicto. Pero el reinado de Isabel II estuvo plagado de conflictos entre el Partido Moderado y la propia Corona, por un lado, y la Milicia Nacional, proclive al liberalismo y al Partido Progresista, por otro. Así, la Milicia siempre actuó en defensa de sus más destacados líderes. Participó en los sucesos de la Granja de 1836, en la caída de la Regente María Cristina en beneficio de Espartero, contra las sublevaciones moderadas, en especial contra el pronunciamiento moderado de 1841 y contra el restablecimiento del moderantismo en 1843. Ramón María Narváez la disolvió, encomendando más tarde sus tareas a la recién creada Guardia Civil. Durante el Bienio Progresista fue brevemente restablecida al amparo del Duque de la Victoria. Sin embargo, cuando O'Donnell consiguió ultimar el proyecto de Unión Liberal y deshacerse de Espartero, disolvió de nuevo la Milicia el 15 de agosto de 1856, aunque no sin que esta se resistiera al desarme en algunas localidades.

La Milicia Nacional como tal se restableció formalmente cuando Emilio Castelar lo estableció por Decreto de la Presidencia de la Primera República hasta que fue formalmente disuelta definitivamente por el gobierno de Cánovas del Castillo en 1876, si bien ciertos comités de voluntarios en el Sexenio Democrático se atribuyeran la herencia de la institución, así como organizaciones de apoyo a la restauración borbónica en España con la llegada de Alfonso XII.



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