El Ministerio Público (Fiscalía General o Procuraduría) es un organismo Público generalmente estatal, al que se atribuye, dentro de un estado de Derecho democrático la representación de los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación.
El Ministerio Público de Honduras es el organismo constitucional del estado hondureño y su sede se encuentra en la capital de la república, ciudad de Tegucigalpa M.D.C. El Ministerio Público promueve la persecución penal, tiene la función acusatoria en los tribunales penales y dirige la investigación de los delitos de acción pública, actuando con objetividad, imparcialidad legal en los términos que la ley establece.
Previo a al año de 1994 la entidad pública que representa al estado, era parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, los agentes fiscales eran personas letradas o civiles que salían con nombramiento puramente político y dispuestos a representarse ante los casos competentes al aparato judicial, es así que se mantuvo a la personería fiscal en los juicios de procedimientos escritos desde el siglo XIX.
Durante el gobierno del Licenciado Rafael Leonardo Callejas, fue emitida la “Ley del Ministerio Público” por el Congreso Nacional de Honduras, así también como los nuevos agentes fiscales, apareció una nueva policía de investigación la DIC (Dirección de Investigación Criminal) que sustituyó a la polémica DNI (Dirección Nacional de Investigación en 1994 y con la rama científica como lo es la Medicina Forense, modernizarían y sustituirían para mejor el obsoleto sistema de investigación que se realizaba en Honduras y así la investigación y justicia se harían más efectivas.
El actual fiscal general del estado hondureño, es el Abogado Óscar Fernando Chinchilla Banegas, ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia; el Fiscal Adjunto es el Abogado Daniel Arturo Sibrian Bueso, exjefe de la división legal del MP ambos fueron elegidos en fecha 30 de junio de 2018.
La medicina forense propiamente dicha, cuyo ejercicio depende y se desarrolla directamente en la administración de justicia. La medicina forense también llamada medicina judicial, es una rama de la medicina que determina el origen de lesiones de un herido, la causa de muerte mediante el examen de un cadáver; por peritos médicos especialistas, quienes emiten un dictamen.
En el año 2013 una comisión interventora investigó al entonces Fiscal General del Ministerio Público; Luis Alberto Rubí y calificó su administración como inadecuada y aconsejó al Congreso Nacional su despido. Ese mismo año Alberto Rubí presentó su renuncia irrevocable alegando haber llegado al límite de paciencia con el Congreso Nacional y renunciar por cuestiones de dignidad.
De acuerdo a la comisión interventora. Para 2013 el Ministerio Público recibía anualmente más de 40.000 casos para investigación, de tales expedientes solo se contaba con capacidad para investigar el 5%, quedando 38 mil casos sin investigar, debido a ello; la comisión interventora señaló que la impunidad había aumentado en el país desde la creación del MP en 1994. El propio Ministerio Público como aparato investigador y representante del Estado fue cuestionado, debido a que su ley y reglamentación está fundamentada para países con un mayor poder económico que Honduras, es por esta primordial razón que el ente investigador se queda sin fondos ni herramientas para investigar los crímenes y llevarlos a juicio.
Debido a la incapacidad investigativa del ministerio público, la criminaliad ha aumentado exponenciencialmente, durante el gobierno de Rafael Callejas el sicariato aumento en un 300 %, pasando de una tasa de homicidios de 10 por cada cien mil habitantes a una tasa de homicidios de 30 por cada cien mil habitantes. Durante el gobierno de Porfirio Lobo, entre 2010 y 2014 fueron asesinadas 27 mil personas, más asesinatos que los ocurridos en todo el siglo XX en Honduras.
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