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Movimiento Progresista de Venezuela



Movimiento Progresista de Venezuela (MPV)(Actualmente:Movimiento Por Venezuela)es un partido político venezolano de centroizquierda fundado el 25 de junio de 2012. En las Elecciones parlamentarias de Venezuela de 2015, celebradas el 6 de diciembre, participó en la coalición electoral de oposición denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que logró 112 diputados[1]​ de los 167 en la Asamblea Nacional para el período 2016-2021; en dichos comicios, obtuvo 4 diputados: dos en el estado Amazonas, uno en Aragua y uno en el estado Zulia.

La elección de dos de sus diputados en el Amazonas, Nirma Guarulla y Julio Haron Ygarza, fue cuestionada ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y causó enfrentamientos políticos entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El 13 de enero, ambos diputados fueron desincorporados ante la Asamblea Nacional de Venezuela. El 5 de enero de 2016, el Secretario General del partido Simón Calzadilla[2]​fue elegido Segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela hasta el 5 de enero de 2017. El 11 de diciembre de 2018 se reincorporó Nirma Guarulla. El 19 de febrero de 2019 la AN reincorporó a la dos diputadas suplentes de amazonas de MPV.[3]​ El diputado S. Calzadilla es despojado de su inmunidad parlamentaria en mayo de 2019, pasa a la clandestinidad y asume en su lugar su diputado suplente. La organización política se encuentra en alianza con el partido Encuentro Ciudadano, dando nombre a "Encuentro por Venezuela". A excepción de Calzadilla todos sus diputados principales y suplentes incluyendo a una de sus más grandes figuras Liborio Guarulla renunciaron al partido y se unieron al partido socialdemócrata Un Nuevo Tiempo.[4]

En la actualidad no está habilitado para participar en elecciones.

El Movimiento Progresista surgió como una división del partido político Patria Para Todos (PPT), tras dos años de conflictos internos por la ruptura de la coalición con el gobierno de Hugo Chávez, un grupo denominado PPT-Maneiro (simpatizantes al gobierno de Chávez) y otro PPT (oposición) se disputaron los símbolos del partido a meses de las elecciones presidenciales de 2012.

El 6 junio de ese año el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dicta una sentencia por la cual el partido pasa a ser presidido por el primer bloque.[5]​ Por ello se reúnen junto a los entonces opositores de Podemos que habían corrido igual suerte por decisión del TSJ para decidir los pasos a seguir.

Una parte del PPT opositor liderado por Henri Falcón deciden fusionarse con algunos miembros opositores de Podemos en Avanzada Progresista, mientras que el resto del PPT opositor y PODEMOS opositor entre ellos ex-dirigentes de Podemos Anzoátegui liderados por Ernesto Paraqueima, que incluye también al exdiputado a la AN Jesús Paraqueima, aunque estos desertaron sorpresivamente en octubre de 2012 en pro del PSUV al igual que la exdiputada Regional en Anzoátegui Solange Abreu, Andrew Espejo, entre otros importantes dirigentes políticos de este estado estos prefiere adoptar el nombre de Movimiento Progresista de Venezuela para apoyar la candidatura presidencial de Henrique Capriles Radonski.[6]

"Nosotros, militantes del Movimiento Progresista de Venezuela, conscientes de que el enemigo fundamental de los venezolanos de hoy es la pobreza y la injusticia social, creemos que el modelo de desarrollo para derrotar a estos flagelos es el que brinde progreso social. Este modelo debe construirse a través de una economía mixta donde el Estado sea propietario de las industrias básicas fundamentales, manejadas con criterios gerenciales y técnicos adecuados, y despartirizadas. Pero al mismo tiempo, el Estado debe garantizar reglas claras a la iniciativa privada y garantías jurídicas a largo plazo con el propósito de promoverla.

Según esta organización política, la democracia es y debe ser una institución que garantice las libertades materiales y espirituales plenas de los individuos en sociedad. Dentro de estas libertades hay que desarrollar en su totalidad con lo cual exponen los siguientes puntos en:

Para el logro de tales objetivos debemos transformar drásticamente el carácter rentista con que asumimos, durante décadas, el manejo de nuestra principal fuente de riqueza: el petróleo.

La actividad extractiva petrolera constituye el factor económico de mayor peso en la vida del venezolano. El ingreso petrolero no es de índole tributario, esta riqueza que yace en el subsuelo es patrimonio nacional y su explotación tiene el efecto de reducirlo. Por lo tanto, el ingreso petrolero representa la liquidación progresiva del patrimonio nacional. La manera como hemos manejado los ingresos fiscales provenientes del manejo petrolero tiene características estructuralmente inflacionarias.

El ingreso petrolero de origen externo al entrar en el torrente circulatorio de la economía a través del gasto fiscal, presiona por su conversión en ingreso real a través de la demanda de bienes y servicios. La insatisfacción de la demanda por el carácter inelástico de la oferta nacional presiona sobre las importaciones. Siendo el ingreso petrolero nuestra principal fuente de divisas, el exceso de importaciones presiona sobre las reservas internacionales, la paridad cambiaria se debilita y se hace necesaria la devaluación del signo monetario, círculo vicioso que nos acompaña desde el denominado viernes negro en 1982.

Esta forma irresponsable de manejar la economía nacional genera, por una parte, crisis recurrentes de orden macroeconómico, tales como: inflación, caída de las reservas internacionales, devaluación del signo monetario, déficit fiscal y en tesorería, desempleo, etc., y por la otra, crisis social cíclica que liquida toda intención de organizar el crecimiento y bienestar en la familia venezolana. Luego, el petróleo, en vez de ser un recurso para la inversión y el crecimiento económico con bienestar social, se transformó en un recurso para el gasto improductivo y la dádiva. Visión desconcertante sobre este hecho económico y social lo observamos, cada día, en los inmensos cinturones de miseria en torno a nuestras grandes ciudades, en constante crecimiento, como cuadro patético de la distribución desigual de un patrimonio que es de todos.

En el complicado mundo de hoy la debemos afianzar la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Pero en el complejo sistema de la producción y productividad, en donde no existe independencia absoluta, debemos ser audaces en preservar e incrementar nuestras ventajas económicas comparativas y ser intrépidos en la asimilación y adecuación, a nuestras necesidades, de conocimiento y tecnologías del resto del mundo, solo así podemos ser exitosos en un mundo complejo en donde la revolución tecnológica se impone.

Avanzar hacia una sociedad superior debe ser nuestro norte, para ello debemos poner énfasis en a la economía real como tarea fundamental. La economía circulatoria y financiera debe ser secundaria. El dinero es un medio de pago, equivalente universal en las transacciones mercantiles, unidad de cuenta y no un mecanismo para competir, en términos de ganancia, con la economía real, porque en esta se asienta todo el conocimiento humano para satisfacer las necesidades del ser social".

Esta organización con fines políticos proclama lo siguiente:

Los que suscribimos esta declaración, todos venezolanos, y mayores de edad, nos constituimos en partido político con el nombre Movimiento Progresista de Venezuela (MPV).

La razón de ser de este movimiento es lograr, junto al pueblo venezolano, la mayor suma de progreso posible. Forma parte de nuestras aspiraciones ejercer el poder político de la Nación para el logro de este gran objetivo. Creemos en la concreción y consolidación de un sistema verdaderamente democrático, participativo, protagónico y desconcentrado, siendo estos principios el piso fundamental en donde deben erigirse todas las Instituciones republicanas de la Nación Venezuela ha vivido durante décadas una ruptura entre el Poder Constituyente y el Poder Constituido, en este período los gobernantes han impuesto leyes, normas, principios, conductas económicas y sociales que han depauperado la calidad de vida del venezolano, en contraposición a las bondades que en recursos materiales y energéticos nos ha legado, a todos, la madre naturaleza. La sociedad y las Instituciones de nuestro país son frágiles ante quienes ejercen el poder y controlan la riqueza. Queremos un país donde los ciudadanos transformemos la renta petrolera en un recurso para el progreso. Lograr este objetivo requiere ponernos de acuerdo y construir consensos institucionales que nos permitan superar los efectos perversos de la renta petrolera, que inexplicablemente han profundizado la desigualdad social.

Debemos construir un país de progreso que garantice el estado de derecho y de justicia, consagrado en nuestra Constitución, generando así confianza en los ciudadanos para fortalecer la institucionalidad democrática. Asumimos la tarea de luchar para crear un estado progresista y eficaz, orientado por un propósito de justicia social, universalidad de los derechos sociales y económicos, seguridad, profesionalismo y ética de los funcionarios públicos. Para ello es indispensable la separación y autonomía de los Poderes Públicos: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral y Poder Ciudadano, como pilares esenciales de justicia social y económica para todos.

Creemos en una sociedad verdaderamente democrática, moderna, que tenga al ciudadano como sujeto y objeto de sus preocupaciones.

Valoramos la democracia, participativa, protagónica y desconcentrada, como una forma de vida que garantiza las libertades plenas de los individuos en sociedad, sin ella los pueblos no pueden avanzar y desarrollarse. En este sentido reivindicamos la diversidad del pensamiento humano, tan diverso como la naturaleza de la cual formamos parte.

Creemos en una Nación con criterio de independencia política, soberanía en sus decisiones, amante de la paz, que trabaje por la integración de América Latina y el Caribe que promueva un mundo multipolar y justo.

Asumimos, como nuestros, todos los principios y postulados expresados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Respetamos la institucionalidad de los poderes públicos y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como institución apolítica, garante de la democracia como forma de vida de los venezolanos, establecida en la Carta Magna, y la defensa de la Patria contra cualquier intervención extranjera en nuestro suelo.

Sobre la base de las consideraciones antes expresadas los militantes del Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), declaramos como principios fundamentales los siguientes: Valoramos al ser humano como la máxima expresión del universo y al planeta tierra como su hábitat natural. Rechazamos cualquier expresión de intolerancia que vaya contra el ser humano y la naturaleza. Valoramos la democracia como el modelo más perfectible de los sistemas de asociación humana. Valoramos al trabajo productivo como la vida misma y no como una forma de vida, pues en su acción transforma al hombre y a la naturaleza, representa la concreción humana del conocimiento, nos permite obtener los recursos necesarios para el sustento y es el vínculo más importante en la solidaridad humana. Valoramos el amor a la patria expresada en su historia, su gentilicio, sus tradiciones, costumbres, sus símbolos que determinan nuestro sentido de pertenencia, como pueblo y nos identifica en el contexto de las naciones. Valoramos al diálogo y el debate de las ideas como la más excelsa forma de solución a los problemas humanos. Rechazamos la guerra, la intolerancia, la imposición, y el pensamiento único como formas de solución de los conflictos entre los pueblos. Rechazamos toda exclusión política, racial, de género, de clase, entre otras. Valoramos La Constitución y las leyes, que de ella legítimamente emanan, como el máximo tejido de inclusión social en la construcción de la ciudadanía venezolana. El estado de derecho y de justicia es el pilar de la garantía de igualdad y convivencia en una sociedad. Valoramos la palabra comprometida y la ética individual como el principio superior de la moral Republicana. Conceptos todos estos que desplegados nos llevaran al empíreo de la naturaleza humana.

Finalmente, declaramos que estamos entre los que queremos cambiar al mundo mediante la acción colectiva. Que trabajaremos por una sociedad libre y solidaria, de iguales, donde impere la razón, los Derechos Humanos, la justicia social, la libertad de cultos, la defensa del medio ambiente enalteciendo la visión integradora de la ecología y la democratización de la economía.

Entre los principales dirigentes están:

Principales

Suplentes

En las Elecciones parlamentarias de Venezuela de 2015, celebradas el 6 de diciembre, como partido de oposición participó en la alianza electoral denominada MUD la cual obtuvo 112 curules[1]​ de los 167 que componen la unicameral Asamblea Nacional para el período 2016-2021. Con esa victoria electoral se constituyó la mayoría calificada del parlamento. El partido contribuyó con 4 curules a la mayoría de la oposición: por el Amazonas los diputados Nirma Guarulla y Julio Haron Ygarza; el diputado Simón Calzadilla en Aragua y el diputado José Luis Pirela en el Zulia.

Los días 28 y 29 de diciembre de 2015, nueve diputados de la oposición que resultaron elegidos el 6 de diciembre de ese año - incluyendo al presidente del MPV Simón Calzadilla - fueron objeto de impugnaciones ante el Tribunal Supremo de Justicia, por parte de miembros del PSUV, a través de un recurso contencioso administrativo con medida cautelar; se les acusó de obtener votos de manera fraudulenta.

El 30 de diciembre de 2015, seis días antes de la instalación de la Asamblea Nacional, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió varias sentencias[8]​ admitiendo las demandas pero considerando improcedentes las solicitudes de medidas cautelares en los casos de seis de los nueve diputados de la oposición y remitiendo sus casos al Juzgado de Sustanciación para que siguieran su curso. Sin embargo, en la sentencia No. 260[9]​ el Tribunal Supremo aprobó una medida cautelar provisoria para suspender el nombramiento de dos diputados del Movimiento Progresista por el estado Amazonas, Nirma Guarulla y Julio Haron Ygarza así como del oficialista Miguel Tadeo Rodríguez y el Representante Indígena de la Región Sur Romel Guzamana del partido Voluntad Popular. Rechazando esa sentencia, el 6 de enero de 2016 fueron juramentados los diputados del MPV y Voluntad Popular, por el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup,[10]​ suscitándose una polémica entre el gobierno y la oposición con acusaciones de desacato del poder judicial.[11][12]

Sobre este particular, la oposición agrupada en la MUD afirmó que las impugnaciones persiguen disminuir su mayoría en la Asamblea Nacional; alegó que al TSJ dictar la medida cautelar se obviaron los procedimientos constitucionales; se dejó sin representantes legislativos al estado Amazonas; y se violó la inmunidad que ya gozaban los diputados desde el 8 de diciembre de 2015 cuando fueron nombrados por el CNE. Adicionalmente, los representantes legales de los diputados de la oposición recusaron a cinco magistrados de la Sala Electoral del Poder Judicial por sus vinculaciones con el partido del gobierno, el (PSUV).[13]

El 11 de enero de 2016, la Sala Electoral del TSJ emitió una sentencia[14]​ declarando desacato de la Asamblea Nacional: ordenó, primero, dejar sin efecto la juramentación de los diputados del partido de tendencia progresista y la tolda naranja del estado Amazonas cuyas elecciones cuestiona. Segundo, solicitó la desincorporación de esos diputados. Tercero, declaró como nulos[15]​ todos los actos administrativos de la AN que se hayan dictado o se dictaren en desacato de su sentencia No. 260 del 30 de diciembre de 2015. En respuesta, el segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, afirmó que la sentencia No. 260 era inacatable y tenía motivaciones políticas.[16]

El 12 de enero de 2016, el diputado del partido de gobierno, Héctor Rodríguez Castro, hizo público[17]​ un audio que presuntamente implicaba al gobernador del MPV en el estado Amazonas, Liborio Guarulla y el presidente de una mesa electoral del centro de votación, Humberto Yusino, en la comisión de delitos electorales[18]​ que aparecen reseñados en las impugnaciones que afectan a los diputados del estado Amazonas; el día siguiente, 13 de enero, Guarulla introdujo ante el TSJ un documento para rechazar las impugnaciones contra los diputados del estado Amazonas y su persona. Públicamente, el gobernador Guarulla afirmó que las impugnaciones del TSJ intentaban sacar al estado que representa del mapa político;[19]​ asimismo, denunció la persecución política y racial contra dos dirigentes indígenas (Humberto Yusuino y de Javier Infante) y un trabajador de la Gobernación.[20][21]

En reacción a la pugna de poderes en Venezuela y cumpliendo con las prerrogativas que le confiere la Carta Democrática Interamericana, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos Luis Almagro dirigió una carta pública[22]​ al presidente Nicolás Maduro, el 12 de enero de 2016, para calificar la sentencia emitida por el TSJ - declarando en desacato a la Asamblea Nacional - como una vulneración de la voluntad de los electores “por una grabación anónima” que... “pone en riesgo el equilibrio de poderes del Estado”.[23]​ El Secretario General Luis Almagro también afirmó que “La Sala Electoral en su aplicación jurídica hace retroceder dramáticamente el derecho al siglo XIX”.

El 13 de enero de 2016, los diputados cuestionados del MPV en el estado Amazonas solicitaron[24]​ - y se aprobó[25]​ - su desincorporación de la Asamblea Nacional para permitirles ejercer su defensa legal ante la Sala Electoral del TSJ y resolver el enfrentamiento entre los poderes legislativo, por un lado, y ejecutivo y judicial, por el otro.

Está por ser aclarado si esa desincorporación afectará a la mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional convirtiéndola de dos tercios -más de 111 diputados- a tres quintos -más de 101 diputados-.[26]

El 14 de enero de 2016, la sala constitucional del TSJ emitió la sentencia No. 3 mediante la cual declaró el cese de la “omisión o inconstitucional por parte de la Asamblea Nacional”, sin embargo se mantiene hasta hoy día.[27]​ El 11 de diciembre de 2018 es juramentada Nirma Guarulla como diputada ante la AN.[28]​ El 19 de febrero de 2019 la AN reincorporó a las dos diputadas suplentes de MPV por amazonas.[29]

MPV- DEMOCRACIA PROGRESISTA:[30]

El MPV es una fuerza progresista, expresión de la izquierda plural por lo que hace una clara opción preferencial por los más vulnerables, en especial, por los niños, adolescente y jóvenes, por los discapacitados, por los pobres, por los enfermos, por los de la tercera y cuarta edad. Nuestra organización respeta y valora la diversidad y trabaja por la instauración de un nuevo modelo democrático y una nueva forma de hacer política en nuestro país. El “chavismo” resultó ser una burda falsificación de las ideas de la izquierda; el socialismo del siglo XXI terminó siendo una mala copia de lo peor del estalinismo del siglo XX. Los hombres y mujeres aquí agrupados creemos que se trata de evolucionar, de mirar hacia delante, de imaginarnos el futuro, de ser progresistas. Es preciso que la sociedad venezolana supere de una vez por todas tanto la democracia de antaño como la decepción colectiva que ha significado la experiencia “chavista- madurista”.

En tal sentido, nos planteamos la necesidad de rescatar la institucionalidad, hoy pérdida, sobre todo la del poder judicial, ineficaz, partidizado, sometido a los intereses y designios del Ejecutivo Nacional y corrupto como nunca antes en la historia del país. Con una justicia así no tendremos paz, futuro ni progreso. Para nosotros es fundamental reconstruir el estado de derecho y de justicia, así como hacer respetar la Constitución Nacional.

Es preciso el regreso de los militares a sus espacios naturales, queremos una Fuerza Armada patriótica, democrática y eficiente, sometida al poder civil y a la ley, cumpliendo las funciones que le asigna la Constitución y no las que le imponga un partido político o el presidente de turno.

Estimamos inaplazable una lucha a fondo, en varios frentes, contra la violencia y el crimen, para que esto ocurra es preciso convocar un gran acuerdo nacional del que participen, sin exclusiones, todos los sectores del país, que incluya el saneamiento de todos los cuerpos de seguridad, programas de prevención del delito, ataque y control de la delincuencia organizada, depuración del sistema carcelario y planes de formación ciudadana. Hoy, ¿quién lo duda?, los que aquí vivimos somos rehenes de los violentos y de los criminales. Estamos convencidos que se puede derrotar al hampa, que podemos vivir en paz, pero para que esto sea posible es necesario una clara voluntad política por parte del presidente de la república y simplemente no la hay.

Es necesario recuperar nuestra dignidad como ciudadanos venezolanos. La patria hoy necesita la revalorización de su mayor riqueza que son sus ciudadanos. Para ello el nuevo modelo educativo debe propugnar las bases de una sociedad democrática, justa, equitativa, que desarrolle el potencial creativo necesario para consolidar un país con un alto desarrollo científico-tecnológico capaz de encontrarse con el resto de la humanidad. Estamos obligados a una educación para la vida, para la paz, para el trabajo honesto. Tenemos que formar un ciudadano con ética, con altos valores humanos, solidario y comprometido con la patria. La educación debe ser inclusiva, de alta calidad, humanística que se oriente a la transformación productiva del país. EDUCACIÓN Y TRABAJO son pilares fundamentales de la nueva Venezuela.

En materia económica, trabajaremos por una economía productiva y democratizada, que supere el carácter extractivista y la dinámica rentista que hoy marca nuestra actividad económica, en la que la iniciativa privada tenga un rol importante, que se afinque en la cultura de trabajo y que use el petróleo y las otras fuentes energéticas como palancas de desarrollo, en especial, para la industrialización. El aparato económico debe ser revitalizado, reorientado a una economía productiva para el bienestar colectivo nacional, donde los niveles de producción permitan superar los problemas de escasez y desabastecimiento, procurando dentro de sus máximos objetivos un desarrollo sustentable que respete el medio ambiente, con un solo sistema cambiario que le dé un valor real a nuestra moneda, que facilite la disminución progresiva de los índices de inflación con una gestión pública transparente que rescate el valor del pueblo contralor.

En lo atinente a infraestructura y servicios públicos es menester poner en marcha, con urgencia, un plan nacional de rescate de estos servicios, que eleve la calidad de vida de los venezolanos. Es indispensable enfrentar con urgencia la desastrosa situación de las carreteras y autopistas del país, reactivar los planes de generación y distribución del sistema eléctrico nacional, así como rescatar la cultura del mantenimiento preventivo, aprovechar de manera real y eficiente el uso de nuestros satélites para hacer más efectivo nuestro sistema de telecomunicaciones, reimpulsar el plan de construcción de viviendas con normas de urbanismo y la participación del sector privado. Al frente de estas tareas deben estar nuestros mejores especialistas sin importar para nada su afiliación política. En materia de salud y calidad de vida, es necesario impulsar y consolidar un SISTEMA PUBLICO NACIONAL DE SALUD, orientado por los cuatro principios de la Atención Primaria en Salud, es decir que cuente con atención médica integral, prevención primaria y secundaria, promoción de calidad de vida y salud y educación para la salud (tanto a nivel hospitalario como ambulatorio) y que responda al imperativo ético de satisfacer las necesidades sociales de la población. Precisamos de un sistema público de salud que sea de carácter intersectorial, descentralizado, participativo Integrando así todas las estructuras, órganos, programas y servicios del actual sistema fragmentado, que este regido por los principios de gratuidad, universalidad, integridad, equidad, integración social y solidaridad, como reza la Constitución.

En materia de relaciones internacionales, abogamos por una política exterior independiente que promueva la multipolaridad y la integración con otras naciones de América latina y del Caribe, que luche contra los últimos vestigios del colonialismo en el mundo y que ayude a los exportadores venezolanos a vender sus productos en el extranjero.

Venezuela vive hoy la peor crisis política, económica y social de toda su historia, la escasez y el desabastecimiento, la inflación, la violencia e inseguridad, el colapso de la salud y los servicios públicos, la pérdida de valores y principios, así como la arbitrariedad, el autoritarismo, la corrupción y la ineficacia enquistados en el gobierno nacional liquidaron cualquier posibilidad de entendimiento y la probabilidad de desarrollo democrático. Hoy más que nunca, es necesario poner en tensión a todas las fuerzas democráticas del país, para que, en medio de la diversidad y en el marco de la UNIDAD democrática, podamos superar entre todos la dramática situación que vivimos y disipar de una vez por todas las sombras que se ciernen sobre las futuras generaciones. Este gobierno no solo dilapidó los inmensos recursos producto de los altos precios del petróleo en el mercado internacional sino que, además pretende, de manera absolutamente irresponsable y por la vía de la deuda pública, hipotecar el futuro. Hay que salir de Maduro para detener su afán de destruir al país y para eso es necesario buscar el mecanismo constitucional más expedito que nos permita lograrlo. Para esa tarea, el pueblo Venezolano puede contar con los hombres y mujeres del MPV.

VENEZUELA NECESITA UN NUEVO PRESIDENTE Y UNA NUEVA DEMOCRACIA, LA DEMOCRACIA PROGRESISTA.



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