El apagón de Ledesma de 1976, más conocido como La noche del apagón, consistió en una serie de cortes del suministro eléctrico a través de la usina de Libertador General San Martín provincia de Jujuy, ocasionados intencionalmente por la dictadura cívico militar gobernante. Fue ocasionado entre el 20 y 27 de julio por los militares para así poder secuestrar unas cuatrocientas personas en Ledesma, las cuales eran estudiantes, militantes políticos o sociales, sindicalistas o manifestantes.
El primer corte del suministro eléctrico se produjo el 20 de julio de 1976 a la medianoche en Libertador General San Martín y Calilegua. Testimonios de vecinos que vivieron los hechos han relatado que al momento del corte de luz se habían imaginado que se trataba de un corte común, para reparar alguna instalación eléctrica o producto de un desperfecto. Pero cuando la gente comenzó a escuchar ruidos de frenadas, arrancones bruscos de autos, personas que abrían puertas a patadas y gritos de la gente, los pobladores se percataron de que el pueblo de Ledesma estaba viviendo un episodio de represión y secuestro. Esa noche la ciudad de Libertador General San Martín y la localidad de Calilegua fueron sitiadas por la Policía de la provincia de Jujuy, la Policía Federal, el Ejército y la Gendarmería Nacional. A las 22, se produjo, en simultáneo, un apagón total (salvo en la fábrica de la empresa Ledesma).
Según se investigó varias veces y hasta en un documental, ocultos en la oscuridad y en vehículos de la empresa, las fuerzas represivas secuestraron a 300 personas: todos fueron llevados a centros clandestinos de detención en los galpones del ingenio Ledesma, donde permanecieron atados y encapuchados
El saldo final fue de 400 personas secuestradas, de las cuales 55 aún continúan desaparecidas; figuran entre la lista de los 30 000 desaparecidos por la dictadura. Entre ellos no se encuentra quien fuera intendente de Ledesma en la década de 1950, el médico Luis Arédez, ya que el mismo fue secuestrado por las fuerzas de seguridad el 24 de marzo de 1976. Su esposa Olga Arédez fue una de las personas que más se destacó en la búsqueda de los responsables del hecho. Pero murió en el 2005 a causa de una supuesta bagazosis, una enfermedad que se manifiesta en personas expuestas a los polvos de la caña de azúcar enmohecida e irónicamente esta contaminación la produce la fábrica de azúcar Ledesma.
Muchos vecinos que vivieron este hecho como también sobrevivientes testificaron y posteriormente denunciaron que directivos de la empresa agroindustrial Ledesma proveyeron a los militares de personal y vehículos para la captura de personas. Se afirmó que en vehículos de la empresa Ledesma eran trasladados los detenidos, los cuales quedaban detenidos en las comisarías y luego eran trasladados a Buenos Aires, principalmente a un centro de detención existente en Guerrero.
Olga Arédez, la vinculó directamente en el secuestro de personas:
En esa época el ingenio Ledesma era el encargado de la distribución de la electricidad, lo que ha sido acreditado en la causa judicial en la cual se investiga la responsabilidad de Blaquier. Algunos detenidos-desaparecidos habían tenido relación con la empresa en años anteriores, como fue el caso de Luis Arédez, médico e intendente de Ledesma en ese momento, que había sido trabajador en la empresa y se habría enfrentado con los jefes de la firma para exigir mejores condiciones sanitarias para los trabajadores de Ledesma. Su gestión de trabajador en Ledesma duró un año, ya que renunció el 1 de octubre de 1959. Así como el doctor Arédez varios de los secuestrados tenían vinculaciones con la empresa.
El 26 de abril de 2012 el fiscal federal de la provincia de Jujuy, Domingo Batule mandó a realizar dos allanamientos a dependencias de la empresa; el fiscal ordenó la indagatoria de Carlos Pedro Blaquier (presidente del ingenio Ledesma desde 1970), siendo citado el 11 de mayo a declarar el 17 del citado mes, en el marco de una causa que investiga violaciones a los derechos humanos acontecidos durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, la dictadura cívico-militar (1976-1983). El juez Fernando Poviña le prohibió salir de Argentina al empresario del ingenio jujeño, además mandó a detener a cuatro policías que habrían estado implicados en la noche del apagón. Así mismo el abogado querellante, Pablo Pelazzo confirmó que Alberto Lemos (administrador de la empresa en la época del apagón) también tiene prohibida la salida del país, además deberá prestar declaración al día siguiente que Blaquier, caso igual para el jefe de personal, Mario Paz de Ledesma en esos años.
El 19 de mayo del mismo año la querella confirmó que solicitará la captura internacional de Blaquier, una vez que la Dirección de Migraciones confirme oficialmente el rumor de que salió del país.
Finalmente Blaquier quedó procesado como cómplice en primer grado de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas el 16 de noviembre de 2012. Además fue procesado el gerente administrativo de la empresa Ledesma, Alberto Lemos. El juez también remarcó las relaciones de Blaquier con José Alfredo Martínez de Hoz, los créditos que beneficiaron a Ledesma y las políticas de liquidación de los ingenios azucareros del norte del país que sirvieron para concentrar la industria en Salta y de Jujuy. A la fecha están pendientes la imputación por tormentos y homicidios, y el pedido de detención.
En 2012, Carlos Pedro Blaquier fue procesado por la justicia federal de Jujuy como cómplice primario en 26 casos de privación ilegítima de la libertad en la causa Burgos, por haber facilitado las camionetas para efectuar el traslado de los secuestrados a centros clandestinos de detención. y por los 36 secuestros seguidos de asesinato y desaparición durante la Noche del Apagón.
Se realizaron allanamientos a la empresa y se constató el espionaje ilegal contra quienes habían participado en la marcha por la "Noche del apagón" en 2005. En un informe de 300 páginas, se señala la «lista final de organizaciones y dirigentes que participaron», entre ellos integrantes de HIJOS y otros organismos de derechos humanos. En 2013 tras descubrirse los documentos secretos del escuadrón 20 de Orán donde se conoció la colaboración entre el zar azucarero y los ejecutores, el fiscal Pablo Pelazzo pidió la detención de Pedro Blaquier, que fue denegada, y por los 36 secuestros seguidos de asesinato y desaparición durante los apagones. En marzo de 2015 la Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad, revocó los procesamientos de Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, y dictó la falta de mérito de ambos.
En julio de 2021 la Corte Suprema revocó la decisión de la Cámara Federal de Casación y reactivó el procesamiento de Blaquier, criticando además el accionar de la Cámara Federal con duros términos; los supremos acusaron a ese tribunal de haber obstaculizado indebidamente la causa.
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