La Operación Tun Tun es el nombre acuñado por el diputado oficialista Diosdado Cabello durante las protestas en Venezuela de 2017 y repetido por medios de comunicación oficialistas para describir a los allanamientos de residencias de opositores al gobierno venezolano por parte de fuerzas de seguridad. Un reporte de Human Rights Watch y de Foro Penal documentó seis instancias en las que las fuerzas de seguridad venezolanas allanaron áreas residenciales y apartamentos en Caracas y en cuatro estados diferentes. En algunos de estos allanamientos, que solían ocurrir cerca de barricadas construidas por protestantes, los cuerpos de seguridad entraron en las casas sin órdenes de allanamiento, robando pertenencias personales y comida, y tanto golpeando como arrestando a residentes.
En la segunda audiencia de la Organización de Estados Americanos para analizar posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el mayor general Hebert García Plaza describió a la Operación Tun Tun una operación realizada normalmente en horas nocturnas, donde una comisión del SEBIN visita a la persona y se la lleva detenida, posiblemente sin una orden de arresto o emitida por un fiscal del Ministerio Público. Cuando el jurista argentino Luis Moreno Ocampo le preguntó por el origen del nombre, García Plaza respondió que a pesar de desconocer su origien y que "habría que preguntarle a Diosdado Cabello", supuso que provenía del sonido que emite la puerta cuando es tocada por las fuerzas de seguridad.
El 17 de mayo de 2017, Diosdado Cabello aseguró durante su programa de televisión Con el mazo dando que activaría una operación denominada “Tun Tun” esa noche para las personas que importaran implementos para "terroristas", señalando que la oposición “va a llevar más palo que un gato ladrón” y describiendo al diputado de Voluntad Popular Freddy Guevara como un "drogadicto". Diosdado también amenazó a las empresas de envíos en el país, afirmando que "contribuyen con el traslado de insumos que son empleados por los integrantes de estos grupos violentos para generar actos vandálicos y terrorismo en Venezuela" y asegurando que la situación "será llevada a las autoridades competentes para que se investiguen estas acciones”, señalando que DHL, Liberty Express, Aduanera Las Dos L, Aduana Isacar y Economía Aduanera 2000 podrían ser acusadas con la Ley Antiterrorismo.
Para el 24 de junio, durante un acto conmemorativo de la batalla de Carabobo y el Día del Ejército, el presidente Nicolás Maduro aseguró que todos los detenidos en la operación tun-tun están bajo justicia militar, y el 19 de julio Diosdado Cabello amenazó, nuevamente en su programa Con el mazo dando, a los candidatos para ser designados por la Asamblea Nacional como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, después de que aquellos magistrados nombrados en 2015 con vicios e irregularidades por la mayoría oficialista saliente de la Asamblea Nacional, diciendo: “A ver quién te va a nombrar, quién te va a defender, para ver si Julio Borges te va a defender cuando te llegue la operación tuntún, vamos a ver si te van a defender”.
En la mañana del 30 de abril de 2018, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) allanaron la casa de los familiares de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Elenis Rodríguez, en Maturín, donde sustrajeron un equipo de computación y vive su mamá, quien tiene Alzheimer, y una hermana de la magistrada, a quien se llevaron en calidad de testigo a declarar, pero fue liberada después de varias horas. En el resto del país se realizaron procedimientos similares contra propiedades de al menos otros cuatro magistrados, incluyendo a Miguel Ángel Martín, quien funge como presidente del Tribunal Supremo, y los magistrados Cioly Zambrano, Tony Marval, y Pedro Troconis.
El 11 de julio de 2019 Diosdado amenazó con aplicar la “Operación Tún Tún” contra el diplomático Reinaldo Díaz Ohep.
En 2020, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela publicó un informe sobre la pandemia de COVID-19 donde alertó que el pico del brote en el país podía llegar a los 4 000 casos diarios en junio. Cabello respondió al informe amenazando a la academia, diciendo “Esto es una invitación para que los organismos de seguridad visiten a esta gente. Es una invitación a un tun tun”. La Academia rechazó las amenazas.
El diputado del Consejo Legislativo del estado Bolívar, César Ramírez, fue testigo del allanamiento en las urbanizaciones Villa Latina, Los Olivos y Los Mangos en Puerto Ordaz, donde funcionarios de la Guardia Nacional, contrainteligencia militar y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) hicieron presencia con mandarrias, equipos de demolición, armas de fuego y hasta bidones, rompieron vidrios y puertas principales de acceso y allanaron residencias. Ramírez describió la actuación de los funcionarios como "muy alejada de lo que es una operación policial" y que más bien "parecía una operación delincuencial con personas uniformadas de guardias nacionales, encapuchados y con armas de fuego causando destrozos y atropellando a una población civil en el interior de sus viviendas, violando derechos humanos”. Ramírez solicitó a la Fiscalía General que ordene una averiguación penal contra el gobernador Francisco Rangel Gómez, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y Guardia Nacional por causar destrozos en propiedad privada, allanamiento de apartamentos sin orden de un tribunal y privación de libertad de un menor de edad sin una orden de arresto.
El politólogo y redactor de Aporrea Nicmer Evans describió a la operación como "fascista", denunciando que tocaron su puerta para preguntarle por el diputado Germán Ferrer, esposo de la fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente Luisa Ortega Díaz.
Un reporte de Human Rights Watch y de Foro Penal documentó seis instancias en las que las fuerzas de seguridad venezolanas allanaron áreas residenciales y apartamentos en Caracas y en cuatro estados diferentes. En algunos de estos allanamientos, que solían ocurrir cerca de barricadas construidas por protestantes, los cuerpos de seguridad entraron en las casas sin órdenes de allanamiento, robando pertenencias personales y comida, y tanto golpeando como arrestando a residentes.
En 2020, el constitucionalista Joel Rodríguez Ramos declaró que la Operación Tun Tun "presagiaba barbarie".
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