El Pacto de la estabilidad y de crecimiento es un acuerdo adoptado en 1997 de los Estados miembro de la Unión Europea en relación con su política fiscal, su objetivo básico es facilitar y mantener la Unión económica y monetaria de la Unión europea. El fundamento jurídico del pacto se encuentra en los artículos 99 y 104 del Tratado de la Unión Europea (actualmente, artículos 121 y 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), con las enmiendas adoptadas en 1993 en Maastricht y las decisiones posteriores relacionadas.
El Pacto consiste en una supervisión fiscal de los países miembros y un régimen sancionador por el incumplimiento de las condiciones del mismo. Fue adoptado en 1997, para asegurarse para después de la entrada del euro, la continuación de la misma disciplina fiscal que se había establecido entre los países candidatos a la entrada en el euro con los denominados Criterios de convergencia.
El Pacto de estabilidad y crecimiento nació como una necesidad de los países de la eurozona tras la entrada de la tercera etapa de la Unión económica y monetaria.
El déficit público ha sido considerado como uno de los principales indicadores de la economía pública y ejerce un importante papel en la toma de decisiones políticas a nivel comunitario y mundial. El origen de su protagonismo a nivel comunitario procede de la aprobación en 1992 del Tratado de Maastricht que estableció un límite en el entorno del 3% como uno de los criterios de convergencia que debían cumplir los Estados miembros para poder acceder a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. A mediados de la década de los noventa del pasado siglo, ante la proximidad de la entrada en funcionamiento del euro, se puso de manifiesto en el ámbito de la Unión Europea, la necesidad de coordinar las políticas fiscales de cada país y establecer una regla que asegurase el rigor fiscal de los países partícipes y dotar de credibilidad a las políticas fiscales de cada uno de los Estados miembros, de manera añadida junto a la política monetaria del Banco Central Europeo.
La noción de equilibrio presupuestario tiene su origen en la ideología liberal, en el siglo XIX, que defendía una intervención mínima del Estado en la economía y el principio de que debía debía regirse por las mismas normas que el presupuesto de una familia con un equilibrio estricto entre ingresos y gastos, lo que evitaba el déficit. La fijación de un límite presupuestario en 1992, partía de que una relación entre el déficit público y el PIB del 3% sería la cifra «estabilizadora» para una ratio de deuda del 60%(deuda pública/PIB), considerando que el crecimiento nominal de la renta fuera del 5%, lo que sucedía como media entre los años ochenta y noventa de la Europa de entonces. De forma añadida, la cifra del 3% era el porcentaje que representaba el nivel típico de gasto en inversión pública, que llevaba a cumplir la denominada «regla de oro» de las finanzas, por la cual sólo pueden permitirse los déficits público que no superen la tasa de inversión pública.
Es después de la crisis de la deuda soberana europea cuando se empieza a plantear rehacer el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y llevar a los países europeos ante un compromiso formal.
La pandemia de enfermedad por coronavirus en 2020 ha sumido a la Unión Europea en una crisis sin precedentes. En marzo, la Comisión von der Leyen levantó los límites que fija el pacto de estabilidad y crecimiento. Partiendo del concepto de que la crisis es temporal y que hay que usar todos los mecanismos a disposición para minimizar sus efectos, la UE aprobó por primera vez la denominada “cláusula general de salvaguarda”, prevista para escenarios de graves crisis generalizadas que afecten a la eurozona. La medida autoriza los gobiernos nacionales a “inyectar en la economía tanto dinero como necesiten”.
El objetivo del Pacto de estabilidad y crecimiento es prevenir la aparición de un déficit presupuestario excesivo en la zona del euro tras la entrada en vigor del euro. El Tratado europeo que estableció el euro preveía solamente criterios cuantitativos de déficit para entrar dentro del sistema de la moneda única, pero no definía la política presupuestaria que había de seguirse tras la entrada, por ello los Estados miembros consideraron necesario aprobar un "Pacto de Estabilidad y crecimiento".
El Pacto está destinado a garantizar una gestión sana de la Hacienda Pública en la zona euro, con el fin de evitar que una política presupuestaria laxa de un Estado miembro penalice a los otros a través de los tipos de interés y así dar confianza a la estabilidad económica de esta zona. El objetivo del Pacto es garantizar una convergencia sostenida y duradera de las economías de los Estados miembros de la zona del euro.
El acuerdo sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento se alcanzó en el Consejo Europeo de Dublín, celebrado en diciembre de 1996. El Consejo Europeo invitó al Consejo de Economía y Finanzas (ECOFIN) a elaborar una Resolución sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento, que fue adoptado por el Consejo Europeo de Ámsterdam, celebrado en junio de 1997.
La aplicación del Pacto de estabilidad y crecimiento se basa principalmente en dos pilares: el principio de supervisión multilateral de las situaciones presupuestarias y el procedimiento de déficit excesivo.
Para concertar su situación económica y financiera, los Estados miembro de la zona del euro deben presentar un programa de estabilidad, que contiene:
Los Estados miembro de la Unión Europea no pertenecientes a la zona euro deben elaborar también programas denominados de "convergencia" que deben contener además de los elementos del programa de estabilidad, los objetivos de la política monetaria a medio plazo y la relación de dichos objetivos con la estabilidad de precios y de los tipos de cambio.
El Consejo, con los estudios de la Comisión y el Comité Económico y Financiero sobre estos programas, debe establecer una denominada "supervisión multilateral" que debe examinar:
En el marco de supervisión multilateral, el Consejo vigilará la aplicación de los programas de estabilidad. Si detecta desviaciones importantes respecto del objetivo presupuestario a medio plazo, formulará una recomendación al Estado de que se trate, invitándole a adoptar las medidas de ajuste necesarias con objeto de impedir que se produzca un déficit excesivo.
Si en posteriores controles, se observa que estas desviaciones persisten o se agravan, el Consejo formulará una recomendación al Estado miembro de que se trate para que adopte con prontitud medidas correctoras, recomendación que podrá hacer pública.
Este procedimiento se inicia si un Estado miembro incumple el criterio de déficit público máximo, fijado en el 3% del PIB. La interpretación técnica de los términos del pacto se realiza conforme al Sistema Europeo de Cuentas (SEC) de elaboración de cuentas nacionales.
El procedimiento aprobado en el Reglamento comunitario para la imposición de sanciones establece que, si el Consejo constata un déficit excesivo, envía, en primer lugar, recomendaciones al Estado miembro en cuestión para que adopte medidas con el fin de eliminar ese déficit excesivo. Si el Estado miembro no se ajusta a esas recomendaciones o no adopta medidas destinadas a remediar la situación, el Consejo puede imponerle sanciones. La sanción consiste inicialmente en un depósito sin intereses, a favor de la Comunidad. El importe de este depósito comprende un elemento fijo igual al 0,2% del PIB y un elemento variable igual a la décima parte de la diferencia entre el déficit (expresado en porcentaje del PIB del año en que se ha considerado excesivo el déficit) y el valor de referencia (3%).
Cada uno de los años siguientes, el Consejo podrá decidir reforzar las sanciones exigiendo un depósito adicional que será igual a la décima parte de la diferencia entre el déficit, expresado en porcentaje del PIB del año anterior, y el valor de referencia del 3% del PIB.
El depósito se convierte en principio en multa si en los dos años siguientes no se corrige el déficit excesivo, no obstante el Consejo podrá derogar total o parcialmente las sanciones en función de la importancia de los avances realizados por el país en cuestión.
Desde la entrada en la tercera etapa de la UEM, el procedimiento de supervisión multilateral ha llevado unido a él como medio de diálogo sobre la política económica y presupuestaria entre La Unión y los países, una serie de "orientaciones generales" de las políticas económicas, que vienen a ser recomendaciones del Consejo a los Estados miembros, elaboradas cada año por el Consejo a propuesta de la Comisión. Los Estados deben orientar su política económica según estas recomendaciones. La Comisión también elabora cada año un informe sobre su aplicación.
Habida cuenta de las dificultades que han tenido y tienen algunos Estados miembros para alcanzar los compromisos presupuestarios contraídos en el programa de estabilidad. En otoño de 2002 tuvo lugar un debate sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento y los compromisos de llegar en 2004 al equilibrio presupuestario.
Como consecuencia de todo ello, por una parte se ha producido un aplazamiento, la Comisión Europea retrasó hasta el 2006 el objetivo de déficit cero. Por otra parte se ha reformado el PEC, con la introducción tres nuevos elementos:
Algunos economistas como Paul Krugman señalan que la regla del déficit ocasionó problemas porque se basaba en el déficit nominal, no el déficit ajustado por el ciclo económico. Es decir, en épocas de recesión el déficit nominal se ve afectado por un aumento de los subsidios de desempleo y una disminución de lo recaudada por los impuestos. Si la regla de déficil se aplicara sobre el déficit ajustado, los estados podrían tener déficits nominales mayores en épocas de recesión y menores en épocas de expansión, tal como sugiere la política fiscal.
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