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Partido Constitucional Democrático



Partido Constitucional es el nombre que han tenido distintos partidos políticos costarricenses a lo largo de la historia.

El Partido Convención Constitucional fue organizado en 1868 para adversar la candidatura presidencial del Secretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas Julián Volio Llorente, respaldada abiertamente por el Presiente José María Castro Madriz. Su presidente fue Manuel José Carazo Bonilla, influyente hombre de negocios y ex Presidente del Congreso. Estaba formado por un grupo ideológicamente heterogéneo, aunque en sus filas figuraban importantes personajes de la vida política y económica del país.

El Partido Convención Constitucional fue el primer partido político organizado formalmente que hubo en Costa Rica y formuló un programa de gobierno que se publicó en la prensa. Escogió como candidato presidencial al cafetalero, banquero y comerciante Francisco Montealegre Fernández, pero éste rehusó rotundamente admitir la postulación. Además, el partido enfrentó divisiones internas, Manuel José Carazo renunció a la presidencia de la organización y se retiró de sus filas, y finalmente la organización se disolvió de hecho.

El Partido Constitucional Democrático era una agrupación política costarricense, de corte ideológico conservador, que postuló la candidatura José Rodríguez Zeledón en las elecciones presidenciales de 1889, primera en la historia en la que participaron partidos políticos formales junto con el Partido Liberal Progresista y obtuvo una abrumadora victoria. Tenía como divisa la bandera nacional. Surgida en torno a la figura de Rodríguez, desapareció después de los comicios. La mayoría de sus adherentes se repartió entre el Partido Unión Católica y el Partido Civil.

El nombre de Partido Constitucional resucitó en 1919 en otra agrupación personalista, que con Julio Acosta García como candidato obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales de ese año, primeras tras el derrocamiento del dictador Federico Tinoco.[1]

Un partido político costarricense fundado por abogados en 1948 para participar en las elecciones de diputados constituyentes de 1948 y así formar parte de la Asamblea Constituyente planeada para el siguiente año y que era parte de la transición a la democracia tras la guerra civil acontecida pocos meses antes en que fue derrocado el gobierno de Teodoro Picado y Rafael Ángel Calderón Guardia y sus aliados de izquierda. El partido se fundó en el bufete del Lic. Celso Gamboa Rodríguez y todos sus candidatos fueron abogados de reconocida trayectoria.[2]

Debido a que el partido se proclamaba como independiente de las dos grandes tendencias del bando vencedor de la guerra que tenía control del país, el figuerismo y el ulatismo, el partido fue acusado de ser calderonista.[2]​ Acusación que sus dirigentes negaron naturalmente, sin embargo, muchos de estos eran conocidos por ser amigos o familiares de personas que apoyaron a Calderón y se especula que las bases calderonistas votaron en buena medida por el partido (pues el Partido Republicano estaba de facto proscrito), lo que podría explicar su éxito al haberse convertido en la segunda fuerza más votada aun siendo la más nueva.[2]​ Incluso el Tribunal Supremo de Elecciones tuvo que extenderles el plazo de inscripción por interposición del presidente electo Otilio Ulate, ya que se había vencido.[2]

El partido obtuvo seis diputados constituyentes, estos fueron Miguel Brenes Gutiérrez, Juan Rafael Arias Bonilla, Manuel Francisco Jiménez Ortiz, Arturo Volio Jiménez, Fabio Baudrit González, Celso Gamboa Rodrígruez, Mario Alberto Jiménez Quesada y Manuel Antonio Lobo García.[2]​ Una vez en el cargo los diputados constitucionalistas fueron de los más acérrimos opositores al gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República que gobernaba de facto.[2]

Para las elecciones legislativas de 1949 que buscaban reformar el Parlamento para la administración Ulate Blanco el partido también participó e igualmente fue el segundo más votado después del Partido Unión Nacional de Ulate y también obtuvo seis diputados,[2]​ para desaparecer finalmente del escenario político.



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