El Plan de Estabilización de 1959 o Plan Nacional de Estabilización Económica fue un conjunto de medidas económicas aprobadas por el gobierno de España en 1959. El objetivo del plan fue la estabilización y liberalización de la economía española. Supuso la ruptura con la política de autarquía del franquismo y posibilitó el inicio de una época de crecimiento económico en el país durante los años sesenta.
Desde el final de la Guerra Civil, en 1939, el gobierno español había seguido una política económica basada en la autarquía; como consecuencia de esa política, en 1959 España era, junto con Portugal, el país más pobre de Europa occidental, a pesar de un ligero avance en la producción que se vivió desde 1950, amparado por las incipientes ayudas estadounidenses. Los problemas y desequilibrios que aquejaban a la economía española eran variados y de gravedad:
En febrero de 1957 se produce un cambio de gobierno amparado por Carrero Blanco, que supuso una pérdida de influencia de los sectores más nacionalistas del Régimen en los puestos claves de la Administración y la entrada de un grupo de ministros, compuesto por Alberto Ullastres (Comercio), Mariano Navarro Rubio (Hacienda) y de López Rodó como jefe de la Secretaría General Técnica de la Subsecretaría de la Presidencia de quien dependía la Oficina de Coordinación y Programación Económica; todos ellos tenían en común su orientación católica, su pertenencia al Opus Dei y su buena preparación intelectual en el campo económico.Estos nuevos ministros tomaron pronto conciencia de lo insostenible que era la situación económica, y empezaron a poner un poco de orden en la política económica y comenzaron a romper con la política autárquica franquista dominante hasta entonces.
Los principales grupos de medidas que se adoptaron fueron:
Las medidas expuestas constituyeron un cambio de orientación de la política económica del gobierno. Los problemas existentes habían sido adecuadamente diagnosticados pero los resultados obtenidos de las medidas fueron bastante limitados al carecer de la profundidad y coordinación necesaria. El antecedente directo del Plan fue un informe de la OECE de 1959 sobre la situación económica en España que contendría las pautas principales del posterior plan.
El Plan fue elaborado con la participación de los economistas Juan Sardá y Enrique Fuentes Quintana y fue aprobado por el gobierno mediante Decreto Ley, el 21 de julio de 1959 y refrendado por las Cortes el 28 de julio de 1959, tras vencer las resistencias internas de varios ministros del gobierno y del propio Franco, para los que la política de carácter autárquico tenían un carácter ideológico unido a la victoria en la Guerra Civil y al nacionalismo. Es más, sin la asfixia exterior y la sombra de la suspensión de pagos internacional, es poco probable que se hubiera abandonado este modelo autárquico, tan próximo a la ideología de un Régimen creyente en las virtudes omnímodas del Boletín Oficial del Estado, generador de una enorme pléyade de buscadores de rentas y con escaso aprecio por los mercados abiertos y con competencia. La adopción del plan se retrasó, tratando de evitar la adopción de medidas contrarias al aislamiento de la economía española.
El Plan marca una serie de objetivos a conseguir: estabilidad económica, equilibrio en la balanza de pagos y robustecimiento de la moneda, de modo que se convierta en una divisa estable. Se prevé la liberalización progresiva de la importación de mercancías y paralelamente, la de su comercio interior. Las medidas que tomó el plan fueron por una parte liberalizadoras y por otra una política de austeridad que se concretaron en:
En definitiva, las medidas adoptadas en 1959 iban más allá de una simple búsqueda del equilibrio interno y externo que supone la estabilización y configuraba un plan de transformación estructural. Se trataba no sólo de restablecer los equilibrios sino, además, de abandonar el modelo de desarrollo hacia adentro y de incorporar la economía española a los mercados internacionales, saneando la economía para poner los mimbres adecuados para un posterior crecimiento económico. Se pretende lanzar una política anuladora de obstáculos para la liberalización de la economía, que estaba controlada férreamente por un Estado autoritario, una oligarquía militar y otra oligarquía religiosa que mediante las redes clientelares y la corrupción, no supo actuar debidamente.
Los efectos estabilizadores se dejaron notar a muy corto plazo, tanto en el interior como en el equilibrio exterior:
Pero la estabilización, como todos los procesos de este tipo, también supuso en el corto plazo, un notable freno de la producción española durante la segunda mitad de 1959 y principios de 1960, con congelaciones salariales y fuertes descensos del consumo y la inversión y el consiguiente aumento del paro. Todos estos hechos provocaron un fenómeno de capital importancia en la época, el incremento de la emigración española básicamente hacia Europa en busca de empleo. En este sentido señala Tamames en su obra Introducción a la economía española que: "Sin la espita de la emigración, el paro se habría elevado a cifras muy importantes, las remesas de emigrantes no habrían alcanzado tan altos valores y tal vez se habría producido un retroceso en las medidas estabilizadoras".
Mientras que las medidas estabilizadoras tuvieron un éxito bastante temprano, las medidas liberalizadoras tendentes a proyectar sus efectos a más largo plazo, no llegaron a aplicarse. Estas reformas fueron perdiendo vigor a medida que los desequilibrios exteriores se iban corrigiendo y permitió que se continuase con una economía de carácter corporativo, con mercados de escasa competencia.
Fue en esta época en la que se sustituyen los inputs; las fuentes de energía tradicionales como el carbón serán sustituidas por las modernas, petróleo o electricidad, los materiales sintéticos por plásticos. Igualmente, hay un incremento tecnológico en química, metal y maquinaria.
Consecuencia de este plan, en los años sesenta se incrementó fuertemente el crecimiento de la economía española, el más alto vivido hasta entonces. Sin embargo, a lo largo de esta misma década se produjo un nuevo viraje hacia posiciones proteccionistas e intervencionistas, por razones políticas y económicas, que favorecieron a las grandes corporaciones españolas, dominadas por la banca, que impidieron la consolidación de un sistema competitivo y que dejó una pesada herencia económica que dificultaría la modernización de la economía española durante el proceso de transición democrática.
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