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Política de Suiza



La política de Suiza tiene lugar en el marco de una república democrática parlamentaria federal pluripartidista, donde el Consejo Federal actúa como jefe colegiado de Gobierno. El poder ejecutivo es ejercido por el Gobierno y la Administración Federal. El poder legislativo federal recae en el Gobierno y las dos cámaras de la Asamblea Federal de Suiza. El poder judicial es independiente del ejecutivo y del legislativo. Para llevar a cabo cualquier cambio en la constitución es obligatorio aprobarlo mediante el referéndum obligatorio. Para realizar cualquier cambio en una ley se puede solicitar la celebración de un referéndum facultativo, en los tres niveles de la administración: federal, cantonal y municipal. A través de referendos, los ciudadanos pueden impugnar cualquier ley votada por la Asamblea Federal y, por medio de iniciativas, introducir enmiendas a la constitución federal. Este tipo de sistema político es descrito como democracia semidirecta.

Suiza es un sistema federal no centralizado, debido a que está compuesta por diferentes grupos religiosos y lingüísticos. A continuación se muestra una tabla donde se describen las competencias en nivel federal, cantonal y municipal.

El poder ejecutivo (Gobierno) es ejercido por el Consejo Federal, formado por 7 consejeros federales. Estos son elegidos por la Asamblea Federal por un período de 4 años. El Consejo Federal debe representar equitativamente las diversas regiones y comunidades lingüísticas.

La presidencia del Consejo federal está asegurada por el Presidente de la Confederación.

El poder legislativo es ejercido por la Asamblea Federal, compuesta por dos cámaras:

El Consejo Nacional representa al pueblo y está compuesto por 200 consejeros nacionales. Cada cantón constituye una circunscripción electoral que elige, al menos, un diputado; corresponde un diputado si su población es menor que la media nacional de habitantes por diputado, que actualmente es de 36.000 habitantes por escaño. El cantón de Zúrich tiene 34 diputados, mientras que los cantones de Appenzell Rodas Interiores, Appenzell Rodas Exteriores, Glaris, Nidwalden y Obwalden tienen un solo diputado cada uno. El Consejo Nacional es elegido cada cuatro años.

El Consejo de los Estados, representa a los cantones y está formada a razón de dos diputados por cada cantón. El consejo de Estados equivaldría, pues, al senado norteamericano que está formado por dos senadores por cada estado. Pero el parecido es solo formal. El senado norteamericano tiene grandes poderes y prerrogativas propias especialmente en la conducción de las relaciones exteriores. En Suiza ambas cámaras del parlamento tienen los mismos deberes y funciones.

Cada Consejo debe elegir un presidente, un vicepresidente 1º y un vicepresidente 2º para un período de un año.

Todos los parlamentarios suizos (senadores, diputados, parlamentarios cantonales y comunales) son políticos milicianos. Ejercen la política a tiempo parcial aparte de su profesión u oficio y no perciben un salario sino dietas por las tareas estrictamente vinculadas a la labor parlamentaria.[2][3]

Cada cantón posee su propio tribunal. Sin embargo, es posible hacer recurso hasta el Tribunal Federal (con sede en Lausana), que es la autoridad suprema a nivel judicial de la Confederación. Actualmente existen tres tribunales (situados en las tres regiones lingüísticas):

Los jueces federales son elegidos por la Asamblea Federal, teniendo en cuenta las diversidades lingüísticas del país. Su mandato es en principio por un período de 6 años, pero este puede ser renovado. En principio todo ciudadano suizo puede ser juez federal sin necesidad de algún estudio, pero en la práctica, las personas que tienen ciertos conocimientos en derecho son prioritarias. Además se busca tener una repartición «equitativa» entre los diferentes partidos.

Todo ciudadano suizo mayor de edad y capaz de discernir puede intervenir directamente en la toma de decisiones. Los referéndum se suelen acumular en 4 domingos al año (marzo, junio, septiembre y noviembre), pudiendo votarse un domingo sobre temas federales, cantonales y comunales.

A continuación se explican los mecanismos de participación ciudadana en los niveles federal, cantonal y comunal.

Los ciudadanos suizos pueden modificar las leyes federales según lo expuesto en los artículos 136 a 142 de la Constitución Federal de Suiza de 1999:

Cada cantón (26) dispone de una constitución que regula los derechos políticos de sus ciudadanos para modificar las leyes cantonales. Cada cantón puede cambiar las condiciones referendarias, estas pueden variar también de una ciudad a otra (en tiempo, número de firmas, etc).

Todos los cantones tienen su propio parlamento, llamado en la mayoría de los cantones Gran Consejo, y el gobierno, llamado Consejo de Estado. Algunas actividades son competencia única de los cantones, entre ellas figuran la educación y la gestión de los hospitales (salvo los hospitales comunales y privados), la construcción, el mantenimiento de las carreteras (salvo las autopistas, las vías nacionales y las vías comunales), la policía (no hay que confundir con el ejército) y otras cargas sociales como el control fiscal.[cita requerida]

Las condiciones de los referéndum e iniciativa popular a nivel comunal (municipal) los define cada cantón mediante una ley . [5]

En el caso del Cantón de Vaud,[6]​ tiene las siguientes características:

En caso de adhesión a la Unión Europea (UE) el sistema de democracia semidirecta debería ser cambiado, pues el derecho comunitario primaría sobre el nacional, lo que implica que no todos los temas con los cuales el pueblo no esté de acuerdo vayan a ser votados, además de la invalidación de muchas de las leyes ya votadas por el electorado suizo en contra del derecho europeo. El miedo a la pérdida de la soberanía es uno de los mayores argumentos de los antieuropeos.[7]​ Actualmente en la UE no existe una forma que permita a los ciudadanos lanzar un referéndum para vetar una ley del Parlamento Europeo.

Otros motivos que dificultan la adhesión son la neutralidad suiza, el incremento del impuesto IVA del 8 al 15% que afectaría a la economía, o la propia crisis del euro.[8]



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