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Política de Uruguay



Para la publicación The Economist, en su Índice de Democracia de 2018, Uruguay es el único país plenamente democrático de América del Sur, ubicado entre los primeros 15 países a nivel mundial.[1]​ En ese sentido se habla de que existe en Uruguay a comienzos del siglo XX una democracia consolidada, con sus raíces muy profundas en la gente.[cita requerida]

Hasta , y luego de 1934 a 1952, el sistema político uruguayo, basado en la Constitución de 1830, fue presidencial con un fuerte poder ejecutivo, similar al de Estados Unidos (pero centralizado y no federal). También se caracterizó por la rivalidad entre los dos partidos tradicionales, el Partido Colorado, liberal, y el Partido Blanco (o Partido Nacional), conservador. Históricamente, los blancos representaban los intereses de la propiedad rural, de la Iglesia y de la jerarquía militar, mientras que los colorados estaban apoyados por los bienes muebles urbanos, los intelectuales reformistas y los miembros de las profesiones liberales.[2]

En el siglo XIX, el país tenía características similares a las de otros países latinoamericanos: caudillismo, guerras civiles e inestabilidad permanente (40 revueltas entre 1830 y 1903), control del capitalismo extranjero sobre sectores importantes de la economía, alto porcentaje de analfabetos (más de la mitad de la población en 1900), oligarquía agraria, etc. Sin embargo, Montevideo se convirtió en un refugio para los exiliados argentinos que huían de la dictadura de Juan Manuel de Rosas y mantuvo la reputación de ser un lugar de acogida de ideas de protesta política y social "avanzadas". En 1842, el periódico Le Messager dedicó un número especial a la memoria de Charles Fourier. Durante la guerra grande (1843-1852), las camisas rojas de Garibaldi lucharon en Montevideo incluso contra las fuerzas atacantes de Rosas. En 1875, trabajadores fundaron una Internacional.[2]

A principios del siglo XX, Uruguay se convirtió en el Estado más avanzado política y socialmente del continente. El liberal José Batlle y Ordóñez (en el poder entre 1903 y 1907, y 1911 y 1915) fue el principal artífice de esta transformación; se afirmó la libertad de expresión y de prensa, así como la del sufragio. Se adopta un sistema de representación proporcional para permitir la representación de las minorías. Aplica una política de lucha contra la corrupción administrativa e instituye el laicismo y el derecho de voto de las mujeres.[2]

La república tiene un sistema presidencialista y su gobierno se divide en tres poderes independientes:

El Poder ejecutivo es ejercido por el Presidente de Uruguay (presidente de la República), que actúa conjuntamente con el Consejo de Ministros. El presidente es simultáneamente jefe de Estado y jefe de Gobierno, y es electo junto con el Vicepresidente mediante elección popular directa, mientras que éstos designan a su vez al consejo de ministros. Los Ministros son nombrados y destituidos por el Presidente. Asimismo, los Ministros son nombrados "entre ciudadanos que, por contar con apoyo parlamentario, aseguren su permanencia en el cargo" (Constitución, Art. 174), por tanto la Asamblea General puede destituir a los Ministros por mayoría absoluta de votos.

El presidente tiene un mandato de 5 años sin reelección inmediata hasta después de igual período desde el cese de su cargo. El presidente y el vicepresidente se eligen en una misma candidatura presentada por el respectivo partido. En caso que ninguna candidatura obtenga la mayoría absoluta de los votos, se procede a una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías. En dicha votación resulta ganadora la candidatura que obtenga la mayoría simple de los votos.

El Consejo de Ministros consta de catorce ministerios. También depende de la Presidencia de la República, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que tiene rango ministerial y cuyo Director y Subdirector son elegidos por el Presidente de la República.[3]

Cada uno de los 19 departamentos de Uruguay es encabezado por un Intendente, elegido directamente por la ciudadanía.

Desde 2010 existe un tercer nivel de gobierno, los Municipios. El órgano de gobierno consiste de cinco concejales, uno de los cuales se nombra Alcalde.

El poder legislativo reside en la Asamblea General, la cual consta de una Cámara de Senadores de treinta miembros y de una Cámara de Representantes de 99 miembros. Las elecciones para el parlamento se celebran en listas cerradas simultáneamente con la elección presidencial (no se aplica el voto por cada candidato a Diputado o Senador sino por una lista presentada por cada partido político). Los Diputados se eligen por departamento mientras que los senadores se eligen a escala nacional, ambos para mandatos de cinco años.

Cada uno de los diecinueve Departamentos de Uruguay, cuenta con legislativo municipal denominado Junta Departamental, los legisladores de dicho cuerpo son llamados ediles.

El Poder Judicial de Uruguay es encabezado por la Suprema Corte de Justicia, cuyos miembros son nombrados por la Asamblea General mediante una mayoría de dos tercios y cuyos mandatos duran diez años. La Suprema Corte de Justicia es la última instancia de apelación y es también la encargada de juzgar la constitucionalidad de las leyes. El poder judicial está compuesto asimismo por Tribunales de Apelaciones, Juzgados Letrados y Juzgados de Paz.

Actualmente en la mayor parte del país la educación sexual se enseña en la materia de biología en tercer año de liceo (noveno grado). Se habla sobre el género, orientación sexual, feminismo, sexualidad, sexo, anticonceptivos, embarazo, cambios de la adolescencia, entre otros.


Uruguay tiene un sistema de partidos políticos consolidado, muy estable, con fluctuación electoral relativamente baja.[4]​ Luego de las elecciones presidenciales de Uruguay de 2019, solo cuatro partidos cuentan con representación parlamentaria en la Cámara de Senadores: Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto. Con respecto a la Cámara de Diputados, la representación es mayor, con siete partidos: Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido de la Gente, Partido Ecologista Radical Intransigente y Partido Independiente.

En las elecciones presidenciales de octubre de 2019, además de estos siete partidos, participaron también el Partido Verde Animalista, la Unidad Popular, Partido Digital y el Partido de los Trabajadores. Estos cuatro partidos no obtuvieron representación en el Parlamento. Por otra parte, en las elecciones departamentales y municipales en Montevideo de mayo de 2015, participó el Partido de la Concertación, mientras que desde 2016 se registró un nuevo partido: el Partido de la Gente. En 2019 surge un nuevo actor, Cabildo Abierto, marcando una nueva tendencia hacia el tetrapartidismo.[5]

(*) No participaron de las últimas elecciones.

(**) Participó de las últimas elecciones internas, pero no de las elecciones presidenciales.




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