La población del Perú, cuya denominación oficial es República del Perú, está organizada bajo un Estado, conformando Constitución política del Perú aprobada en 1993 mediante referéndum, promulgada a finales de ese mismo año y vigente desde el 1 de enero de 1994.
Las directrices dictadas por la Constitución permiten un amplio espectro de posibilidades y posturas políticas. Si bien el artículo 58° de la Constitución señala que el Perú se rige bajo una economía social de mercado, donde la iniciativa privada es libre y el Estado asume un rol regulador, las prácticas políticas dependen de la iniciativa del gobierno de turno.
Según el Latino barómetro, los peruanos son, junto con los hondureños y los mexicanos, los que tienen la peor imagen de su sistema político. Además la corte suprema dirigida por Camila Sabogal junto a su régimen dirigida por Ana Lucía Romero, señalan que poco a poco el Perú irá mejorando. El magistrado Walter Silvestre, lo reafirma con datos estadísticos, los cuales presentan futuros y seguros cambios.
El historiador Antonio Zapata describe al Perú como un “país de derechas”, recordando que el único poder de izquierdas de la historia contemporánea fue el del Gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975), autor de la reforma agraria y de la nacionalización de los sectores estratégicos.
En 1924, desde la Ciudad de México, los líderes de la reforma universitaria en Perú que habían sido forzados al exilio por el gobierno fundaron la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que tuvo una gran influencia en la vida política del país. El APRA es en gran medida una expresión política de la reforma universitaria y de las luchas obreras de los años 1918-1920. El movimiento toma sus influencias de la revolución mexicana y su Constitución de 1917, particularmente en temas de agrarismo e indigenismo, y en menor medida de la revolución rusa. Cercano al marxismo (su líder, Haya de la Torre, declara que "el APRA es la interpretación marxista de la realidad americana"), sin embargo se aleja de él en la cuestión de la lucha de clases y la importancia que se le da a la lucha por la unidad política de América Latina.
En 1928 se fundó el Partido Socialista Peruano, en particular bajo la dirección de José Carlos Mariátegui, exmiembro del APRA. Poco después, en 1929, el partido creó la Confederación General de Trabajadores del Perú.
El Estado Peruano es la organización representativa de todos los peruanos. Es unitario, con separación de Poderes.
Ejerce los tres Poderes (gobierno nacional): ejecutivo, legislativo y judicial. La constitución, además, establece Organismos autónomos para labores específicas. Además, el país cuenta con gobiernos regionales.
El nivel de apoyo al sistema democrático es más tenue que en otros países (45% según Latino barómetro 2004). El porcentaje que prefiere un modelo autoritario es también bajo (20% Latino barómetro 2004). Para el 23% no existe diferencia significativa entre un sistema democrático y uno autoritario. Sin embargo, un 43% apoyaría un gobierno militar si las cosas se tornaran difíciles. La satisfacción con el desempeño de la democracia se sitúa en 7%(2004), a pesar de que la economía ha figurado entre las de mayor crecimiento entre la región.
Dado el origen controvertido de la actual constitución, se ha puesto en duda su legitimidad y se ha pedido su reforma. Entre las reformas están la vuelta al sistema bicameral, la renovación por tercios, un mayor aumento en el congreso, la introducción de un umbral político y la disminución de los requisitos legales para votar.
La falta de progreso en: reforma política, reducción de la pobreza y la creación de empleos, parecen contribuir a la mala imagen de los políticos y las instituciones democráticas así como de los partidos y el Congreso.
Las formas como los grupos expresan sus desacuerdos se han ajustado a las reglas democráticas. En 2003, la mayoría de las marchas fueron pacíficas aunque en algunas protestas hubo brotes de violencia. El número, nivel e intensidad de las protestas ha ido aumentado desde el 2004, los grupos políticos y sociales regionales realizan protestas masivas y actividades que alteran el orden público, llegando a bloquear carreteras o a ocupar instalaciones gubernamentales. Esto muestra la escasa cultura de legalidad que existe en las áreas más remotas del país. Las acciones subversivas están menos que los que existían en los años ochentas.
La mayoría de los peruanos opina que el acceso y el reparto del poder debe hacerse mediante elecciones. Sin embargo, no existe un pleno consenso sobre las reglas vigentes.
ONPE y JNE han recobrado rápidamente su credibilidad desde las elecciones de 2001. El proceso fue justo y los votantes pudieron ejercer su derecho sin la intervención del Estado u otros actores, y los mercados de información de los partidos se mantuvieron libres de las distorsiones de la inyección de dinero del Estado al partido de gobierno.
El voto se considera obligatorio: el no recurrir a votar se paga con una multa de unos $35. Sin embargo, las grandes distancias que deben recorrer la población rural para ir a los centros de votación limita la igualdad en participación electoral, a pesar de que la ONPE está trabajando en ese problema. La población en edad de votar y empadronada ha sido la más alta de la región.
El Perú cuenta con un sistema eficiente y completo de inscripción electoral ciudadana. El proceso de inscripción electoral es automático pues el registro electoral proviene del RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil). Esto permite que esté constantemente actualizado y que se excluya a los fallecidos o los que han cambiado de lugar de residencia. A pesar de eso, se estima que el Registro Civil excluye entre 800 000 y 1 000 000 personas (3 a 3,5% de la población): lo más probable es que los pobres del campo y los indígenas constituyan una alta proporción de quienes no tienen DNI (Documento Nacional de Identificación) por la lejanía, el costo y la falta de partidas de nacimiento. A pesar de eso, se considera que el sistema de inscripción electoral es bastante completo y preciso, y no genera desigualdades en materias de población electoral.
Desde la transición a la democracia en 1980, no ha existido obstáculos significativos para la creación y preservación de los partidos políticos. Con el fin de inscribirse, un partido debe obtener un número de firmas equivalentes al 1% del total de votos depositados en las últimas elecciones. Para conservar esa inscripción, se ha solicitado a los partidos que mantengan al menos un escaño en el Congreso, cosa que los partidos han logrado mediante la configuración de alianzas. Perú cuenta con distritos electorales múltiples, siendo Lima el más grande (35 diputados elegidos en Lima). Los pocos requisitos para inscribir partidos, y los votos requeridos para obtener un escaño en el Congreso han contribuido a la volatilidad y la fragmentación del sistema partidista peruano. La volatilidad ha limitado los incentivos para forjar coaliciones intrapartidista, y han acentuado la importancia de las personalidades individuales. La fragmentación también se ha originado por factores no institucionales, como la incapacidad de los partidos tradicionales de gobernar de manera efectiva desde los ochenta, y la falta de progreso en cuanto a mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza, y la retórica y acciones del gobierno fujimorista contra los partidos. En 2001, el índico efectivo de partidos en el congreso fue de 4,5 colocándose entre los seis primeros países de la región alta fragmentación en el sistema de partidos.
La ley de partidos apunta a promover un menor número de colectividades con cobertura nacional mediante la imposición de requerimientos adicionales de inscripción. Aparte de obtener las firmas equivalente al 1% obtenidos en las últimas elecciones, debe acreditar comités con un mínimo de 50 miembros en por lo menos dos tercios de los departamentos (17) y en un tercio de las provincias (65), que sería como movilizar 3 200 ciudadanos. Esto se aplica únicamente a la inscripción inicial de un partido. Dado que la ley no ha sido muy efectiva en sus propósitos, algunos observadores han cuestionado si JNE está verificando plenamente el cumplimiento de la ley en cuanto número de firmas necesarios y la formación de comités provinciales.
La membresía en los partidos políticos es muy baja en el país, así como hay una falta de representatividad geográfica. APRA ha sido tradicionalmente el partido que ha exhibido la organización más fuerte, pese a esto, la participación de la ciudadanía en decisiones trascendentales tales como la elección de los candidatos, dirigentes, y la plataforma política en todos los partidos es muy limitada. La falta de apertura y representatividad ha contribuido a la falta de confianza de la población. La tendencia centrista de los partidos provoca el descuido de las necesidades que están fuera del área de la región metropolitana. Esto ha originado movimientos políticos independientes en el ámbito subnacional.
Para algunos analistas, la opción de votar entre dos individuos en lista de su partido -voto preferente- y así influir sobre cuál de las listas de candidatos termina logrando el poder, es una manera de que los ciudadanos contrarresten la falta de apertura de las colectividades. Sin embargo, ha tenido un efecto negativo pues promueve la competición interna y la falta de unidad, lo cual ha debilitado a los partidos y favorecido a los candidatos con más recursos o aquellos conectados con grupos de interés financieramente fuertes. Esto es acentuado pues los partidos por lo general no suministran fondos a sus candidatos sino que los reciben de ellos a cambio de una ubicación favorable en sus listas. Si bien la ley de partidos intenta instituir procesos democráticos internos para la dirigencia y los candidatos, la ley también permite: que se eliga directamente a los dirigentes y candidatos en primera vuelta, también que nominen candidatos indirectamente a través de un comité que debe ser elegido por la membresía. Además, los dirigentes pueden elegir 24 de 120 candidatos -una quinta parte- para candidatos al Congreso, y la misma proporción de candidatos a los consejos regionales y municipales sin acudir a ningún procedimiento democrático. No se especifica tampoco ninguna restricción en cuanto a la ubicación designados en la lista de partidos: la ley no garantiza en sí misma que surjan partidos más democráticos y representativos.
La constitución de 1993 abrió vías de participación ciudadana, entre las que figuran la reforma constitucional, la introducción de leyes en los ámbitos regional y local, y la realización de referendos. Además, se introdujeron mecanismos para la revocatoria o remoción de funcionarios tanto elegidos como designados. Si bien es cierto que los instrumentos relacionados con la formulación de las leyes se han empleado poco, los que tienen que ver con el control ciudadano se han utilizado con frecuencia. Se han llevado a cabo revocatorias en 200 localidades, especialmente en distritos pequeño y en provincias poco pobladas, mientras que han sido limitada en jurisdicciones con mayor población, dado que la ley exige el 25% de los votantes inscritos.
El bajo porcentaje de estudios secundarios y la deficiente calidad de la enseñanza han contribuido a la naturaleza elitista de la representación política y al hecho de que se carezca de una buena información sobre política. Esto se ve agravado por la naturaleza no pragmática de las colectividades y el carácter fragmentario del sistema de partidos. Así, los ciudadanos no se encuentran bien informados sobre las preferencias de los candidatos en cuanto a políticas públicas, el papel de partidos y funcionarios en la toma de decisiones relativas a esas políticas, y la influencia sociales y económicas de tales decisiones. Esto limita la efectividad de los procesos y mecanismos por el cual los electores pueden manifestar sus preferencias en materia de políticas públicas, pedir cuentas a su partido y a los funcionarios elegidos por su desempeño y la capacidad de atender las preferencias ciudadanas. Existe un énfasis sensacionalista de los medios de comunicación, y deficiencias en el ejercicio de un escrutinio público bien informado sobre decisiones de política pública y sobre la conducta de la administración. Las desigualdades en materia de ingresos y logros educativos también contribuyen a las desigualdades de representación política, lo que a su vez puede acentuar la falta de equidad en el suministro de servicios públicos.
Perú cuenta con uno de los niveles más elevados de actividad asociativa de carácter voluntaria de la región: en 1 995, existían 110 000 organizaciones sin fines de lucro legalmente construidas, de las cuales 65 000 eran organizaciones de base.
En las últimas décadas ha surgido una tendencia a abrir canales de participación en la toma de decisiones sobre políticas públicas, planificación y vigilancia ciudadana. Algunos de estos espacios se han institucionalizado como el Acuerdo Nacional, los Comités de Vaso de Leche, las rondas campesinas, FONCODES (Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social), CLAS (Comités Locales de Administración Compartida de Salud), MCLCP (Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza). En los ámbitos regional y local, existen espacios como los Consejos Consultivos Regionales, los Consejos Consultivos Locales, los Consejos de Coordinación Regional.
Las organizaciones de la sociedad civil que se dedican al cabildeo en torno a las políticas públicas o a vigilar el desempeño de las instituciones gubernamentales carecen de una estructura sólida, se encuentran fragmentadas y no están fuertemente conectadas con la ciudadanía: su capacidad para articular y defender de manera efectiva los intereses sociales más amplios es limitada. La debilidad del sistema de partidos en lo que se refiere a organizar y a representar a amplios sectores sociales contribuye a acentuar la incapacidad de la sociedad civil para articular y defender efectivamente sus aspiraciones. La escasa confianza en las instituciones democráticas acentúa los altos niveles de apatía y la falta de interés por participar en política, lo que limita la rendición de cuentas de las instituciones públicas para con la ciudadanía.
La fuerza de las organizaciones sindicales ha decaído considerablemente, dado a un período prolongado de recesión económica durante los ochentas y comienzos de los noventas, de las reformas de ajuste estructural de los años noventa, y el colapso de los partidos políticos de izquierda ligados a las organizaciones de trabajadores. Además una parte significativa de la fuerza laboral se ha desplazado hacia el sector informal. La membresía en los sindicatos se encuentra cerca del 7% en el año 2000.
Los intereses empresariales han estado representados por la Sociedad Nacional de Industrias y CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), sus gremios: SNMPE (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía), la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional de Pesquerías, las asociaciones de exportadores -ADEX y COMEX-, así como la banca, la industria aseguradora, la farmacéutica, la pequeña y mediana empresa, las agremiaciones agrícolas y los sectores de radio y televisión. Estos gremios han conservado una influencia significativa, por ejemplo, la CONFIEP apoyó el programa de estabilización económica de 1990 a 1992 y la primera generación de reformas orientadas a la apertura económica.
Las elecciones del 2 001 fueron consideradas libres e imparciales por los equipos de observadores internacionales y domésticos; el gobierno de turno permitió a las autoridades electorales cumplir sus funciones sin interferencias, y un porcentaje mayoritario de los funcionarios fue reemplazado. En marzo del 2 001, un 78% aprobaba el trabajo de ONPE y de JNE. Existe confianza en la imparcialidad de las elecciones. Lo que limita el funcionamiento eficiente es la deficiencia de coordinación institucional entre JNE y ONPE -sus límites no se encuentran claramente definidos por ley-, además que sus presupuesto no concuerdan con sus atribuciones. Esto conduce a que compitan entre sí y crean deficiencias, que se podría resolver con una gestión y coordinación más efectivas.
La libertad de prensa se encuentra ampliada desde el 2 000. El gobierno respeta la libertad de prensa, y los medios de comunicación reflejan un amplio espectro de opiniones desde apoyo hasta la oposición de la administración de turno. Perú ocupó el puesto 75 (2 004) en un total de 192 países, colocándonse por encima del promedio de los países de América Latina, pero por debajo de las economías desarrolladas. El respeto por los estándares periodísticos profesionales es deficiente. En la prensa peruana existe una tendencia hacia el sensacionalismo y a concentrarse en escándalos y actos criminales. Después del período de Alberto Fujimori, muchos medios de comunicación trataron de demostrar su independencia del gobierno vehementemente, lo cual hizo que se prestara poca atención a los méritos de la administración del expresidente Alejandro Toledo. Algunos medios son criticados por su dependencia de ciertos grupos económicos y por sus sesgos en la cobertura noticiosa. Los medios cumplen un papel predominante en la definición de la agenda pública. La calumnia se considera delito, y a aquellos periodistas que investigan casos de corrupción se les amenaza con demandas judiciales. En 2003, se había registrado una disminución de casos concretos de intimidación y violencia contra periodistas, aunque seguía siendo un problema en las provincias. Según ANP -Asociación Nacional de Periodistas- hubo 42 casos de persecución a periodistas frente a 78 en 2 002. En su mayoría se trató de amenazas de violencia o de emprender acciones judiciales, o acusaciones de calumnia por parte de políticos locales, autoridades policiales o militares, o empresarios. La corrupción en los medios sigue estando presente hasta hoy en día, aunque ahora se presenta en una menor medida que antes.
Perú es clasificado como país "libre" (Freedom House 2 004), por encima del promedio de América Latina, lo que sugiere que los derechos de expresión y asociación están garantizados. El derecho a asociarse de manera pacífica ha sido respetado. A veces, se ha usado una fuerza excesiva para dispersar a los manifestantes.
Durante el gobierno de Fujimori, el poder efectivo de las autoridades se vio comprometido por la concentración del poder en la presidencia, el Servicio de Inteligencia Nacional y a los militares, y la extensa red de corrupción realizada por los funcionarios del Ejecutivo que involucró congresistas, jueces y dueños de medios de comunicación, entre otros. Después de la caída del régimen de Fujimori, y del reemplazo de una buena parte de la cúpula militar y la elección del nuevo Presidente y Congreso en 2001, los funcionarios elegidos recuperaron su plena autoridad en todo el territorio nacional y en la mayor parte de los dominios de la política.
Los ciudadanos no pueden lograr una rendición de cuentas efectivas de las autoridades elegidas. Las elecciones no desempeñan de manera efectiva que los ciudadanos seleccionen a candidatos y a partidos, y que llamen a cuentas sobre políticas públicas; además, los costos para supervisar la conducta de cada legislador es excesiva. Una de las causas es la debilidad e los partidos políticos y la fragmentación partidaria. Los partidos políticos han sido relativamente débiles en la historia peruana: la adopción tardía del sufragio universal y la dominación de la oligarquía sobre los partidos hizo que el surgimiento del sistema de partidos democrático solo ocurriera en la transcición de la democracia -los ochentas-.
Los partidos políticos en los ochentas, contaban con numerosos seguidores, además de una presencia organizacional. Sin embargo, la dirigencia era altamente personalizada, poca democracia interna, visiones y prácticas excluyentes y antagónicas, y un enfoque patrimonialista en la conformación y el mantenimiento de las bases de apoyo social. Los partidos políticos vieron desaparecer su respaldo político, por los fracasos de gobernabilidad de los gobiernos de Belaúnde y García, la crisis económica, la hiperinflación, el conflicto con Sendero Luminoso, y las políticas antidemocráticas de Fujimori. Entonces, los partidos fueron sustituidos por movimientos electorales más personalistas y débiles. El índice de volatilidad electoral de 1980 a 2000 fue de 51,8, el más alto de la región. El sistema de partidos se encuentra muy fragmentado y el apoyo partidista es efímero. Los partidos no son lo sufientemente ideológicos ni lo suficientemente organizados para presentar visiones nacionales de política y asegurar que aquellos elegidos por el partido lo sigan. Es posible que por eso, y por la incapacidad de hacer políticas creíbles, y la existencia de una ciudadanía poco informados, los electorales elijan a los ciudadanos de acuerdo a los atractivos de la personalidad del personaje de turno o en promesas de producir beneficios particularistas -obras públicas-.
Los actores tienen pocos incentivos para buscar reformas de interés general, pues los costos y los obstáculos son grandes en comparación con los potenciales beneficios. Se percibe que es mejor los costos concentrados y de corto plazo, que los costos de las reformas de largo plazo inciertos y difusos. La falta de un entorno institucional fuerte acorta el horizonte temporal de los actores políticos, impide la posibilidad de lograr acuerdos entre la legislatura, y reduce la posibilidad de que los partidos o actores políticos sean recompensados por la implementación de políticas de interés general. La fragmentación impide la rendición de cuentas, pues es difícil reconocer el mérito o culpar a los partidos por ciertos resultados de política. Hay una inadecuada organización del debate parlamentario; además de eso, los políticos son bastante personalistas, y buscan resultados más tangibles como son la fama, el patronazgo y otro beneficios para intereses especiales y propios. El voto preferencial hace que los legisladores atiendan demandas más locales que nacionales haciendo promesas sobra la creación de obras públicas, pese a que el Congreso no tiene iniciativa de Gasto.
La incapacidad de que los partidos puedan imponer disciplina ha sido acentuado por el sistema del voto preferente. Este sistema hace que las elecciones se conviertan en una batalla de personalidades en la misma lista de partidos como entre las distintas colectividades. Esto refuerza la naturaleza personalista de la justa electoral, agudiza las divisiones intrapartidistas, y disminuye la influencia de los dirigentes en el Legislativo. La popularidad de los partidos tienden a asociarse a un solo dirigente, lo que hace que los ciudadanos tengan pocos vínculos o intereses creados en las decisiones políticos; la credibilidad de los partidos tiende a asociarse del desempeño del gobierno de turno, lo cual no ha favorecido a los partidos en los últimos tiempos.
La representación proporcional y la segunda vuelta mayoritaria tienden a fomentar la fragmentación de los partidos. En 2001, se redujo la proporcionalidad aumentando el número de congresistas de 80 a 120. El gran tamaño del distrito de Lima sigue fomentando la fragmentación de los partidos y a una débil conexión entre los electores y sus representantes, aunados a los pocos requisitos para obtener y mantener la personería jurídica.
El poco prestigio de las colectividades políticas y del Congreso conduce a un círculo vicioso en que los ciudadanos no participen en los partidos o en la supervisión del Congreso, lo que provoca que se exija un menor financiamiento del Congreso, en vez de inversiones para mejorar su capacidad.
La financiación de los partidos ha sido generalmente privada, carecía de límites, no estaba regulada, y ha sido a espaldas de la opinión pública. Las contribuciones ha sido de grandes donaciones dado por financiadores adinerados o grandes corporaciones. Esas donaciones por lo general se daban en especie (automóviles, tiempo en los medios de comunicación, espacios publicitarios pero el político o el partido tenía obligaciones hacia ellos. Esto ha contribuido a la corrupción (contribuciones financieras a cambio de tratamiento privilegiado en la contratación oficial o en el cumplimiento de las normas)y al favoritismo en las decisiones relacionadas con políticas públicas, pero no ha provocado grandes escándalo sobre fondos provenientes del narcotráfico u organizaciones criminales.
Los sistemas electores del Perú han favorecido que los partidos minoritarios tengan representación, cosa que ha contribuido más a la prominencia de los pequeños movimientos personalistas. Existe una gran relación entre la proporción de votos y escaños obtenidos. Sin embargo, la ley actual de Partidos, tiende a no permitir la entrada y supervivencia de los partidos minoritarios.
Dado que antes existía el sistema de distrito nacional, existe la costumbre de concentrar los esfuerzos en las regiones más pobladas pues en estas zonas la inversión de recursos políticos, el patronazgo y los recursos de campaña rendirán mayores retornos en votos. Sin embargo, el sistema actual no es excesivamente desigual en términos de representación geográfica.
Las mujeres han logrado avances a estar representadas y tener presencias en las listas del congreso. El porcentaje de mujeres en el Congreso está por encima de la media. La actual Ley de Partidos Políticos exige que haya de un 25 a 30% de mujeres a las posiciones de dirigencia política dentro del partidos. Las minorías indígenas están subrepresentadas. La representación efectiva de los grupos particulares como las mujeres, los indígenas o los grupos religiosos, son socavados por los valores culturales predominantes, las barreras del lenguaje, la discriminación social y los obstáculos a la participación.
Hay debilidades para diseñar políticas de largo plazo, una incapacidad para poner límites a las decisiones arbitrarias del Ejecutivo, y la existencia de la naturaleza vólatil e impredecible de las políticas. Existe una falta de competencia de los legisladores -aunque existe unos pocos legisladores capaces y experimentados-, deficiencias en la organización y procedimientos de la legislatura, una inadecuada capacidad técnica y de investigación - que genera una incapacidad para analizar la factibilidad, costes e impactos económicos y sociales de las leyes-, poca transparencia y apertura a la sociedad civil. La naturaleza personalista de las comisiones legislativa, por lo general no tienen un respaldo de los partidos, impiden un funcionamiento eficiente del Congreso y debilitan la capacidad de los partidos para actuar como bancada. No existe canales de comunicación entre los grupos de la sociedad civil y las comisiones. La información que se da a la sociedad civil acusa deficiencias, y el contenido de las leyes no se difunde hasta que esta sea aprobada. Pese a que existe un registro electrónico y en línea de las votaciones, su alcance en la ciudadanía es limitado.
La constitución del Perú le da poderes al Legislativo para que controle las acciones y conducta del Poder Ejecutivo. También tiene otras funciones inherentes al sistema parlamentario como la capacidad de emitir censura a los ministros del gabinete y la de dar el voto de confianza. Además, tiene derecho a interpelar ministros, a solicitar datos e informes a los ministerios y otras agencias gubernamentales, a crear comisiones de investigación, a ejercer control sobre el presupuesto, a revisar y aceptar o rechazar acciones legislativas del Ejecutivo, a realizar antejuicios y juicios políticos y acusaciones constitucionales. A pesar de eso, el Legislativo no ha sido muy eficiente en la vigilancia y control del Ejecutivo. Las razones son que las constituciones han dotado al Ejecutivo de amplios poderes, la existencia de mayorías partidistas en el Congreso favorables al Ejecutivo, y a incentivos que limitan las capacidades de control de Legislativo. Últimamente el Legislativo viene desarrollando sus poderes de control, aunque irresponsablemente. La naturaleza personalista de los políticos tiende a buscar beneficios concretos. Ya que los congresistas no tienen poder de iniciativa de gasto, estos dependen del Ejecutivo. El poder judicial no desempeña efectivamente la capacidad de garantizar la constitucionalidad de las leyes y los abusos del poder Ejecutivo.
De acuerdo a la Constitución Política del Perú de 1993, las elecciones presidenciales y congresales se realizan cada 5 años.
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