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Política sanitaria



La política sanitaria es la forma de gobierno mediante la cual se rige la sociedad, se regula, para la búsqueda del bien común en relación con la salud de los ciudadanos.

La política pública sanitaria no sólo se ocupa de la justicia distributiva, sino que también trata de maximizar la salud de toda la población. Por ello, se distinguen dos objetivos en la política sanitaria que deben ser ponderados:

Se trata de racionalizar para aumentar la calidad de vida y la eficiencia, teniendo como referentes fundamentales a la equidad y la ética, en el marco del contrato social de los profesionales, los gestores y los políticos sanitarios.[1]

Las decisiones políticas pueden cambiar el panorama social y la organización sanitaria de un país, de una región o de una localidad. Estas decisiones dependen de los siguientes puntos:

La toma de decisiones políticas han de sustentarse en un mejor conocimiento de la realidad y en opciones de intervención más efectivas. La inteligencia sanitaria busca lograr la combinación de información, conocimiento basado en la experiencia y actitud que facilita la selección del curso de acción óptimo en cada contexto y situación. Su objetivo es ayudar a llevar a buen término, mediante la consideración de la mejor ciencia, la adaptación del sistema sanitario a las modificaciones de la realidad social para mejorar la salud de las poblaciones y los individuos.[2]

Las fuentes de información de los políticos suelen ser:

Los parámetros que marcan el estilo de hacer política sanitaria son:

Si la atención primaria de salud se infra-desarrolla frente a la especializada (si se opta por las políticas verticales de programas especializados) se está perjudicando a los excluidos de la sociedad que tendrán dificultades de acceso a esos programas verticales.

Aunque los factores sociodemográficos, sin duda, influyen en la salud, un sistema sanitario orientado hacia la atención primaria es una estrategia política de gran relevancia debido a que su efecto es claro y relativamente rápido, en particular respecto a la prevención de la progresión de la enfermedad y los efectos de las lesiones, sobre todo a edades más tempranas.[3][4]

Los parlamentos nacionales y regionales, y los órganos responsables de sanidad de los partidos políticos, promueven iniciativas legislativas para fijar y aplicar en la práctica:

La regulación farmacéutica es una rama de la política sanitaria que se ocupa del desarrollo, el suministro y la utilización de los medicamentos dentro de un sistema de salud. Abarca compuestos farmoquímicos (nombre de marca y genéricos), biológicos, vacunas y diversos productos sanitarios.

La política farmacéutica regula:

Las políticas sociales que también influyen en la salud pública son la educativa,[9]​ la higiene del agua y de los alimentos, la vivienda, el trabajo digno, la justicia y la redistribución de la riqueza.

Estrictamente hablando, la política sociosanitaria sería una política social intersectorial, es decir, una política mediante la cual se busca la coordinación de dos políticas sectoriales, en este caso la política sanitaria y la política de servicios sociales. ¿Por qué es necesario diseñar e implementar una política sociosanitaria y no basta con el trabajo de la política sanitaria, por un lado, y de la política de servicios sociales, por otro? La razón es que hay un buen número de personas en las que se presentan de forma notablemente intensa, simultánea e interrelacionada las necesidades típicas del ámbito sanitario (que tienen que ver con la salud) y las necesidades propias del ámbito de los servicios sociales (que tienen que ver con la autonomía funcional y la integración relacional). La política sociosanitaria se basa en la simetría y respeto mutuo entre los dos sectores concernidos (servicios sociales y sanidad) y no necesita, en general, estructuras propias sino, más bien, de la coordinación entre el sistema sanitario y el de servicios sociales (en todos los niveles, desde la gobernanza política hasta la gestión del caso) y de la integración asistencial de prestaciones propias de ambos sistemas en servicios y estructuras que formarán parte del uno o del otro.



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